Gobierno pide al Congreso modificar en $3,9 billones el presupuesto para enfrentar la crisis eléctrica

De acuerdo con la propuesta radicada, la modificación combina dos operaciones. La primera consiste en un traslado presupuestal de $1,2 billones hacia el sector eléctrico, con el fin de contener el riesgo de racionamiento y de cortes de energía en la Costa Caribe. La segunda es una adición de $2,7 billones destinada al denominado Fondo Milagro, creado para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo que golpeó al país.

Dentro del paquete para energía, $750.000 millones provienen de recursos que estaban asignados a proyectos de transporte en la capital: $437.000 millones correspondían a la avenida calle 13 y $313.000 millones a la primera línea del Metro de Bogotá. Los $450.000 millones restantes salen del Ministerio de Minas y Energía, donde estaban contemplados para subsidios eléctricos.

El Gobierno sostuvo que la reasignación obedece a una reprogramación de inversiones y que afecta exclusivamente la vigencia de 2026, correspondiente a obras que, según su análisis, no alcanzarían a ejecutarse durante el presente año. En esa línea, aseguró que la medida no compromete las apropiaciones previstas para 2027.

Como era de esperarse, la iniciativa generó reparos de sectores de oposición, que acusaron al Ejecutivo de retirarle recursos a la capital. Ante esto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, atribuyó el origen del movimiento a decisiones adoptadas por la administración anterior.

"Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo", afirmó el funcionario, quien agregó que el Gobierno está dando "buen uso" a los dineros públicos "para mitigar la amenaza de apagón en la Costa Caribe".

El debate de la adición presupuestal comenzó esta semana en el Congreso, donde las comisiones económicas deberán estudiar la distribución de los recursos antes de una eventual aprobación. El trasfondo de la operación es la delicada situación financiera de las empresas que prestan el servicio de energía en el norte del país.

Sobre el tema, el Gobierno estima que la deuda de la comercializadora Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, asciende a $6,3 billones, de los cuales alrededor de $1,7 billones corresponden a obligaciones con los generadores térmicos.

La acumulación de pasivos en el sector ha encendido las alertas sobre la continuidad del suministro en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, en un escenario de mayor demanda y de presiones climáticas. Teniendo esto en cuenta, se ha argumentado que con la inyección de recursos, el Ejecutivo busca asegurar los pagos a los agentes del mercado y evitar un desabastecimiento que afectaría a millones de usuarios.

Por ahora, la discusión en el Legislativo definirá en las próximas semanas si los ajustes propuestos salen adelante y en qué condiciones en medio de la tensión entre las necesidades del sector energético, los compromisos de reconstrucción y las obras de infraestructura de la capital.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué modificación solicitó el Gobierno al presupuesto de 2026?

El Ministerio de Hacienda pidió al Congreso modificar el Presupuesto General de la Nación por $3,9 billones para atender la crisis eléctrica y financiar la reconstrucción tras un sismo.

¿De dónde saldrán los recursos y a qué se destinarán?

Se trasladarán $1,2 billones al sector eléctrico, de los cuales $750.000 millones se quitarán a obras en Bogotá como el Metro y la calle 13, mientras que otros $2,7 billones irán al Fondo Milagro.

¿Por qué se priorizó el traslado de fondos hacia el sector energía?

El objetivo es mitigar el riesgo de racionamiento y apagones en la Costa Caribe, asegurando el pago de deudas de comercializadoras como Air-e con los generadores térmicos.