Contraloría advirtió al Ministerio de Salud por $10,18 billones sin legalizar destinados a hospitales

La alerta es resultado del seguimiento que la Contraloría Delegada para el Sector Salud realizó durante el primer semestre de 2026 a los recursos que el Ministerio de Salud y Protección Social giró a entidades territoriales y hospitales públicos para construir, ampliar o dotar infraestructura de salud.

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, informó que al cierre de junio el Ministerio registraba más de $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas sin legalizar. En términos sencillos, se trata de dinero que salió de la cartera, pero cuyo uso efectivo aún no ha sido soportado ni verificado con la documentación que demuestre que se invirtió en el fin para el que fue entregado.

Para dimensionar el problema, la entidad examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, por un valor cercano a $1,03 billones. De ellos, 22 proyectos, que comprometen $541.194 millones más de la mitad del valor revisado (52,77 %, según la Contraloría) presentan retrasos, suspensiones u otras situaciones que requieren especial vigilancia fiscal.

Entre las deficiencias identificadas en los proyectos de la muestra, el organismo enumeró:

• Problemas en los estudios y diseños iniciales.

• Modificaciones en el alcance de las obras.

• Mayores cantidades de obra y actividades no previstas.

• Insuficiencias presupuestales para terminar las intervenciones.

• Diferencias entre lo ejecutado y lo que fue inicialmente aprobado.

• Debilidades en la trazabilidad de los recursos y en el seguimiento a las obras.

De acuerdo con la Contraloría, estas situaciones generan riesgos de sobrecostos, mayores plazos y afectación en la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria, y configuran un riesgo de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

"Los colombianos necesitan hospitales funcionando", afirmó Laverde, al insistir en que no basta con ejecutar el dinero o terminar las construcciones, sino que es necesario garantizar que los centros de salud entren en operación y presten servicios efectivos a la población.

Es importante precisar el alcance de esta actuación. La advertencia es un mecanismo de control fiscal preventivo y concomitante: con ella la Contraloría alerta a la entidad vigilada sobre riesgos detectados para que adopte correctivos a tiempo. No equivale a un hallazgo fiscal en firme, a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ni a una declaración de que exista daño patrimonial.

Si en auditorías posteriores se comprueba la pérdida o el uso indebido de recursos, el organismo podría configurar hallazgos con incidencia fiscal, abrir procesos de responsabilidad fiscal contra los gestores públicos o particulares que manejaron el dinero y, de ser el caso, compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación. Hasta el momento, la Contraloría no ha señalado responsables individuales ni ha mencionado proyectos, hospitales o departamentos específicos.

La entidad anunció que mantendrá la vigilancia fiscal sobre estos recursos con el fin de anticipar riesgos, prevenir pérdidas de dinero público y verificar que las

El pronunciamiento se suma a otras advertencias recientes del contralor Laverde, quien asumió el cargo en agosto de 2026 tras ser elegido por el Congreso, y que ha centrado parte de su gestión en el seguimiento a proyectos de infraestructura con retrasos o recursos comprometidos sin resultados visibles.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría emitió una advertencia al Ministerio de Salud?

El organismo detectó que hay 10,18 billones de pesos destinados a infraestructura hospitalaria que no han sido legalizados, lo que significa que no se ha soportado documentalmente su uso correcto.

¿Cuál es el estado de los proyectos financiados con estos recursos?

Apenas el 1,61 % de los proyectos asignados entre 2022 y 2025 han sido reportados como terminados, y una muestra de 40 proyectos reveló que más de la mitad presentan retrasos, suspensiones o fallas en diseños.

¿Qué consecuencias tiene esta advertencia para el Ministerio?

Al ser un mecanismo preventivo, el Ministerio debe adoptar correctivos para evitar sobrecostos o pérdida de recursos; de lo contrario, la Contraloría podría abrir procesos de responsabilidad fiscal en el futuro.