Justicia tumbó negociaciones en caso UNGRD: exigen reparación real al Estado por desvío de recursos

La justicia se negó a las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Un juzgado penal especializado de Bogotá decidió improbar los preacuerdos y beneficios judiciales que se habían pactado con tres de los procesados clave en el entramado de los carrotanques para La Guajira, argumentando principalmente la falta de garantías para la reparación económica del Estado y la ausencia de aportes significativos a la verdad.

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó, el pasado 4 de noviembre de 2026, no avalar el preacuerdo que la Fiscalía había estructurado con las defensas de Édgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández. Echeverri Toro figura como representante legal de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú, mientras que Romero Hernández es ingeniera industrial y excontratista de la UNGRD.

La decisión se fundamentó en el incumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Esta normativa es taxativa al señalar que, cuando un procesado obtiene un incremento patrimonial derivado de una conducta delictiva, solo puede acceder a los beneficios de una negociación judicial si reintegra, como mínimo, el 50% del valor percibido y garantiza el pago del saldo restante.

En este caso, la jueza advirtió que no se acreditó dicha condición, subrayando que la judicatura no puede permitir que los procesados conserven dineros de origen ilícito. Es importante recordar que, en este proceso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya había manifestado su oposición a los beneficios, señalando la existencia de un incremento patrimonial injustificado que asciende a los 4.330 millones de pesos.

Bajo el preacuerdo fallido, ambos procesados aceptaban cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, buscando una pena pactada de siete años y cuatro meses de prisión.

Los hechos que rodean esta decisión judicial se basaron en la orden de proveeduría para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en comunidades vulnerables de La Guajira; este contrato alcanzó una cifra cercana a los 83.000 millones de pesos. Según las investigaciones del ente acusador, entre noviembre de 2023 y enero de 2024 se falsificaron documentos y actas para simular entregas de vehículos que, en realidad, todavía se encontraban en proceso de ensamblaje.

A pesar de que los carrotanques no estaban listos, la Fiduprevisora realizó dos desembolsos significativos a favor de la corporación Yapurutú, uno por 14.500 millones de pesos y otro por 10.875 millones de pesos, sumando un total de 25.375 millones de pesos que hoy están en el centro del expediente judicial.

La Fiscalía sostuvo que Sonia Rocío Romero Hernández actuó como el enlace crítico entre la estructura criminal y los contratistas, facilitando información técnica privilegiada antes de que se iniciaran formalmente los procesos de selección. De manera paralela, la justicia también negó el principio de oportunidad solicitado para el abogado Édgar Riveros Rey. Esta figura jurídica, que permite la suspensión o renuncia de la acción penal a cambio de colaboración eficaz, fue rechazada por un juzgado al considerar que los compromisos de Riveros eran imprecisos y poco útiles para el avance de la justicia.

La Fiscalía imputa a Riveros Rey haber contactado, el 26 de julio de 2025, a Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres, para ofrecerle una suma de 3.000 millones de pesos o el 5% de un contrato a cambio de su retractación. Asimismo, se mencionó un ofrecimiento de 10.000 millones de pesos para el exdirector Olmedo López, con el objetivo de que ambos variaran sus testimonios. Se presume que Riveros actuaba en beneficio del exsubdirector Luis Carlos Barreto Gantiva.

El despacho judicial cuestionó que el abogado ofreciera información sobre personas que ya gozan de beneficios judiciales y consideró que su único aporte relevante sería el testimonio contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien actualmente se encuentra prófugo. Además, las medidas de reparación propuestas por Riveros, que incluían el mantenimiento de jagüeyes y disculpas públicas, fueron calificadas como insuficientes y carentes de precisión técnica.

Tras la negativa de los jueces a avalar estas negociaciones, los procesos contra Édgar Echeverri, Sonia Romero y Édgar Riveros deberán continuar por la vía del juicio ordinario. La única alternativa para evitar esta instancia sería que la Fiscalía General de la Nación presente nuevas propuestas de negociación que cumplan rigurosamente con los requisitos legales de reparación integral y aportes efectivos a la verdad. Hasta el momento, no se ha confirmado si las defensas o el ente acusador han interpuesto recursos de apelación frente a estas decisiones.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la justicia rechazó los preacuerdos en el caso UNGRD?

Un juzgado de Bogotá determinó que no se cumplió con el requisito legal de reintegrar al menos el 50% del dinero desviado ni se garantizó la reparación económica al Estado. Además, consideró que los procesados no realizaron aportes significativos a la verdad sobre el entramado de corrupción.

¿Quiénes son los implicados afectados por esta decisión?

La medida afecta a Édgar Echeverri Toro, representante legal de la corporación Yapurutú, y a la excontratista Sonia Rocío Romero Hernández. También se le negó un principio de oportunidad al abogado Édgar Riveros Rey, acusado de intentar sobornar a testigos clave como Sneyder Pinilla.

¿A cuánto asciende el dinero en disputa por el contrato de los carrotanques?

La investigación se centra en desembolsos por un total de 25.375 millones de pesos realizados para la compra de 40 vehículos destinados a La Guajira. La justicia exige la recuperación de estos recursos, que fueron pagados a pesar de que los vehículos aún no estaban listos para su entrega.