Detalles sobre los pagos a Carlos Oyola por sus servicios al estado

La trayectoria profesional de Carlos Andrés Oyola Tovar, el ingeniero de sistemas capturado recientemente en la ciudad de Neiva, se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades debido a las presuntas irregularidades en su contratación con diversas entidades públicas. El foco de las investigaciones actuales se ha centrado en los beneficios económicos que obtuvo a través de un contrato con el Fondo Colombia en Paz, vinculación que precedió a su ingreso en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Antecedentes de la captura y cargos imputados

El pasado 6 de noviembre de 2026, unidades del Gaula Militar en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la captura de Oyola Tovar, de 36 años. El procedimiento judicial responde a una investigación por la supuesta manipulación de registros académicos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según el ente acusador, el ingeniero habría alterado cerca de 40 registros entre los años 2017 y 2023 con el fin de acreditar títulos de posgrado de manera irregular.

Además de la presunta falsedad en documentos académicos, las autoridades indagan sobre posibles accesos informáticos no autorizados. A pesar de la gravedad de los señalamientos, el procesado no aceptó los cargos relacionados con la modificación de sus calificaciones y registros universitarios durante las audiencias preliminares.

Relación contractual con el fondo colombia en paz

Antes de su vinculación con los organismos de inteligencia del país, Oyola Tovar suscribió el contrato de prestación de servicios número 41 de 2023 con el Fondo Colombia en Paz. El documento, firmado el 11 de enero de 2023, establecía que el contratista debía brindar asesoría tecnológica a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sus responsabilidades incluían la gestión de sistemas de información, el fortalecimiento de la seguridad informática y el manejo de herramientas digitales para la entidad.

El acuerdo inicial se pactó por un periodo de 12 meses, con una remuneración mensual fijada en 16.029.523 pesos. Bajo estas condiciones, el valor total del contrato para el primer año se estimó en 192,3 millones de pesos. Al llegar enero de 2024, la administración decidió prorrogar el vínculo por un año adicional, sumando otros 192.354.276 pesos al compromiso presupuestal. Con esta adición, el valor proyectado del contrato alcanzó los 384.708.552 pesos.

Sin embargo, la ejecución total no se completó. El 20 de febrero de 2024, Oyola Tovar presentó una solicitud de terminación anticipada alegando motivos personales. El cierre financiero del contrato, realizado el 19 de abril de 2024, certificó que el ingeniero recibió un total de 14 pagos que sumaron 213.726.973,67 pesos por los servicios prestados entre febrero de 2023 y marzo de 2024.

Cuestionamientos sobre los requisitos profesionales

Uno de los puntos críticos que analizan los investigadores es si el contratista cumplía con el perfil exigido para el cargo de asesor. Los términos de referencia para dicha posición planteaban dos alternativas: poseer un título profesional con maestría y 30 meses de experiencia, o contar con una especialización y acreditar 54 meses de experiencia profesional.

Los registros oficiales indican que Carlos Andrés Oyola Tovar obtuvo su título de ingeniero de sistemas el 8 de octubre de 2021, y su matrícula profesional fue tramitada en noviembre del mismo año. Esta cronología genera dudas sobre la acumulación de la experiencia profesional requerida para el momento de la firma del contrato en enero de 2023. Asimismo, la Fiscalía busca determinar si la especialización en Gestión Pública y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas que presentó fueron obtenidas mediante la presunta alteración de notas en la UNAD.

Responsabilidades administrativas en la vinculación

La solicitud para la contratación de Oyola fue autorizada el 26 de diciembre de 2022 por Felipe Tascón Recio, quien en ese momento se desempeñaba como director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Tascón ha manifestado que la labor del ingeniero fue fundamental para organizar la base de datos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la cual presentaba inconsistencias sobre las obligaciones financieras del Estado con los beneficiarios.

Respecto a la validación de los soportes académicos y la experiencia, el exdirector señaló que dicha tarea de verificación técnica y administrativa recaía sobre el Fondo Colombia en Paz. Durante la revisión de los expedientes, se observó que los informes de supervisión mensual, que servían de soporte para los pagos, mantenían contenidos casi idénticos entre sí, aunque siempre contaron con el aval de cumplimiento satisfactorio.

Trayectoria en otras instituciones públicas

El paso de Oyola por el Fondo Colombia en Paz terminó justo antes de su ingreso a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024. No obstante, su historial en el sector público es más extenso. Previamente, formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera y desempeñó funciones contractuales en la Contraloría General de la República.

El caso ha despertado un debate sobre la rigurosidad de los procesos de selección en las entidades estatales y la seguridad de los sistemas de información académica. Mientras el proceso judicial avanza, las autoridades mantienen la reserva sobre otras posibles líneas de investigación que vinculan al ingeniero con actividades informáticas dirigidas contra otras instituciones del Estado.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa a Carlos Andrés Oyola Tovar?

El ingeniero es investigado por la presunta manipulación de registros académicos en la UNAD para acreditar títulos de posgrado falsos y por posibles accesos informáticos no autorizados.

¿Cuánto dinero recibió del Fondo Colombia en Paz?

Oyola Tovar recibió un total de 213.726.973 pesos a través de 14 pagos realizados entre febrero de 2023 y marzo de 2024 por servicios de asesoría tecnológica.

¿Cuáles son las irregularidades detectadas en su contratación?

La Fiscalía cuestiona si cumplía con la experiencia profesional requerida, dado que se graduó en 2021 y contrató como asesor experto en 2023, además de la posible falsedad en sus títulos de maestría y especialización.