Caso UNGRD: Corte Suprema negó frenar el juicio a seis excongresistas y ordena peritaje a los celulares de Olmedo López y Sneyder Pinilla

Una audiencia que define el terreno del juicio

La diligencia, realizada de manera virtual y dirigida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, marcó el paso de la etapa de acusación a la preparación del juicio oral. En la llamada audiencia preparatoria, el juez decide qué pruebas se admiten y cuáles se descartan antes de que comience el debate de fondo.

Los procesados son Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera. La acusación les atribuye el delito de cohecho impropio, que castiga al servidor público que acepta una promesa remuneratoria por un acto propio de su cargo. Manzur y Manrique permanecen privados de la libertad y asistieron a la audiencia de forma virtual. Todos conservan la presunción de inocencia.

Las peticiones que la Corte rechazó

Lla magistrada negó la cesación de procedimiento solicitada por Gallo, quien alegó que su conducta no constituía delito, y por Muñoz, quien sostuvo que no cometió los hechos. La Sala recordó que, con una acusación en firme, esa figura solo procede por causales objetivas e incontrovertibles.

También fueron negadas las solicitudes de nulidad. La Corte consideró que la reasignación del expediente fue un asunto de reparto interno y que los conjueces que dirimieron un empate no estaban obligados a revisar todo el expediente. Además, rechazó retirar los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides rendidos ante la Fiscalía, al concluir que fueron incorporados por vías legales. Sobre la cadena de custodia, la Sala precisó que su eventual incumplimiento puede afectar el valor de una prueba, pero no su legalidad.

Peritaje a los celulares y nuevos testigos

Entre las pruebas decretadas figura un peritaje informático forense, oficial e independiente, sobre los celulares de Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y López, exdirector de la entidad. El objetivo, según los medios que conocieron la decisión, es establecer si es técnicamente posible recuperar registros eliminados.

La Corte también ordenó un dictamen de ingeniería sobre el proyecto de Saravena (Arauca) y pidió a la UNGRD el expediente completo de la obra Dren 8 de Cotorra (Córdoba). Como testigos fueron admitidos, entre otros, los exministros Ricardo Bonilla González (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), así como Diego Guevara Castañeda. De oficio, la Sala citará a Carlos Ramón González e Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente.

En cambio, negó la ampliación de indagatoria de Manzur, la historia clínica de Benavides y el testimonio de una persona fallecida en 2024. A Manzur, que pidió 14 testigos, solo le aceptará tres.

La hipótesis de la acusación

Para la Sala de Instrucción, que formuló la acusación, los congresistas habrían aceptado a comienzos de diciembre de 2023, en reuniones en el Ministerio de Hacienda, obras de la UNGRD en sus regiones a cambio de dar concepto favorable a operaciones de crédito del Gobierno. Los proyectos señalados se ubican en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por un valor que se calcula en más de 92.000 millones de pesos.

La fecha de las próximas sesiones no fue divulgada. La Corte deberá practicar las pruebas decretadas antes de que el juicio llegue a una sentencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió la Corte Suprema respecto al juicio de los seis excongresistas?

La Sala de Primera Instancia negó las peticiones de las defensas para detener el proceso y ordenó que el juicio continúe, rechazando solicitudes de nulidad y de cesación de procedimiento.

¿Qué pruebas clave se practicarán durante el proceso?

Se realizará un peritaje forense a los celulares de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides para recuperar registros eliminados, y se citará como testigos a exministros y expresidentes del Congreso.

¿De qué se les acusa exactamente a los implicados?

Se les señala por el delito de cohecho impropio, tras presuntamente aceptar obras de la UNGRD en sus regiones a cambio de dar conceptos favorables a operaciones de crédito del Gobierno en diciembre de 2023.