Una serie de investigaciones realizadas por IFMNOTICIAS.COM ha develado un complejo y sistemático entramado que compromete directamente a funcionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero, donde Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, aparece como uno de los protagonistas.
A través del uso de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), presiones indebidas a contratistas y una estructura paralela de captación de recursos, se habría consolidado un mecanismo para financiar el proyecto político del movimiento «INDEPENDIENTES». Lo que en apariencia se presenta como legalidad institucional, esconde una red de chantajes, desvío de fondos públicos y manipulación laboral que se extiende por todo el conglomerado público de Medellín.
En el centro de esta red aparece la corporación “El Futuro Se Parece a Nosotros”, una fundación reciclada con nuevo nombre, alineada al discurso ideológico del Quinterismo, y usada como canal para exigir aportes económicos mensuales a contratistas del Municipio.
Testimonios, grabaciones y documentos revelan reuniones clandestinas, listas de pagos, amenazas de no renovación de contratos y el involucramiento de funcionarios como Juan Pablo Ramírez, quien habría liderado reuniones coercitivas con contratistas, exigiéndoles «apoyar con aportes» al movimiento político o la amenaza de perder sus empleos.
El modus operandi, según las denuncias, roza prácticas extorsivas y pone en evidencia el uso del aparato estatal con fines electorales encubiertos.
Una primera investigación hecha por IFMNOTICIAS tiene que ver con el resurgimiento del proceso de revocatoria en contra del alcalde Daniel Quintero, contratistas y funcionarios de distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín han denunciado presiones para firmar apoyos al mandatario como condición para seguir vinculados laboralmente.
Según los testimonios recogidos, se realizaron reuniones en las que se exige a los contratistas recolectar apoyos ciudadanos y registrar sus datos en plataformas como “dimelo.vip”, bajo advertencias de no renovación contractual si no cumplen con estas exigencias. Las denuncias apuntan a prácticas similares ya utilizadas cuando comenzó el proceso de revocatoria.
Las quejas también señalan la creación de listas denominadas “MEDELLÍN ME PERTENECE”, similares al nombre del movimiento revocatorio, en las que se estaría obligando a funcionarios y contratistas a firmar respaldo a Quintero, a cambio de supuestos beneficios en sus comunidades.
Estas acciones coinciden con la contratación de millonarias sumas en publicidad desde entidades como Telemedellín, donde se han suscrito contratos por más de $4.000 millones de pesos. Los denunciantes aseguraron que las firmas recolectadas serían cruzadas con las del proceso de revocatoria para tomar represalias contra quienes apoyaran la iniciativa.
Por otro lado, una grabación obtenida por IFMNOTICIAS.COM evidenció presiones ejercidas por funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín para forzar la renuncia de contratistas, a fin de reemplazarlos por personal cercano al alcalde Daniel Quintero.
En la reunión, el subsecretario técnico Santiago Preciado, en nombre del secretario Juan Pablo Ramírez, exigió a los contratistas administrativos y asistenciales que renuncien a sus cargos. La alternativa presentada por Preciado fue una posible recontratación a través de otras figuras, sin garantías de continuidad.
Según los denunciantes, el objetivo sería liberar cupos para nuevos contratistas con salarios más altos y afinidad política con la actual administración. Las denuncias incluyen señalamientos sobre una estructura de poder dentro de la Alcaldía, encabezada por funcionarios como Ramírez y Preciado, vinculados previamente a otras dependencias.
Las fuentes aseguraron que se vulneraron derechos laborales al obligar a contratistas a ceder sus contratos bajo amenazas de no renovación. La grabación fue realizada por contratistas presentes en la reunión y se ha presentado como prueba de un patrón de “masacre laboral selectiva”. Además, IFMNOTICIAS conoció durante la investigación que estas prácticas también se estarían repitiendo en otras secretarías. La denuncia fue respaldada públicamente por el exconcejal Bernardo Alejandro Guerra.
Durante meses, IFMNOTICIAS.COM alertó estás presiones ejercidas dentro de la Alcaldía y uno de los casos revelados es el de Pilar Rodríguez, exjefe de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos, quien denunció cómo fue hostigada por miembros de la administración, incluyendo al Subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín.
Según relató, las presiones incluyeron llamadas, amenazas y la exigencia de renunciar utilizando un formato previamente establecido por la administración, ignorando su estado de salud y condición médica. Así mismo, las denuncias seguían indicando la exigencia de hacer aportes obligatorios de su salario a una corporación que supuestamente financia el proyecto político del grupo denominado «INDEPENDIENTES».
Estos cobros eran clasificados por nivel formativo y se les entregaba a los empleados la cuenta bancaria y las tarifas que debían consignar, bajo la supervisión del subsecretario Pulgarín. Rodríguez entregó audios que dieron a conocer las presiones y explicó que el modelo de renuncia forzada era replicado en toda la administración, citando el caso de la exgerente de Telemedellín, Johana Jaramillo, quien también habría sido obligada a firmar una renuncia bajo el mismo esquema.
La carta de renuncia de Rodríguez fue redactada bajo presión, corregida por la administración y diseñada para ocultar cualquier denuncia, dejando solo una línea final que indicara que la salida fue “voluntaria”. Cualquier funcionario que se negara a seguir el formato era amenazado con la figura de “insubsistencia”, anulando la posibilidad de expresar inconformidades.
Rodríguez interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra los responsables directos y espera que la Personería también actúe ante la violación de derechos. En su testimonio, expresó preocupación por los niños vulnerables de Medellín, que ahora serían atendidos por personas sin preparación, puestas en sus cargos únicamente por su cercanía con el ahora exalcalde.
La investigación de IFMNOTICIAS.COM expuso cómo desde la Alcaldía de Medellín se habría articulado una red de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) para sustraer parte del sueldo a contratistas del conglomerado público.
El informe detalló cómo la administración habría utilizado figuras legales y presiones indebidas para consolidar una estructura que les permitiera captar fondos con fines políticos. Casos en entidades como INDER, la Secretaría de Inclusión Social, Metrosalud, EPM y el Hospital General muestran patrones repetidos de despidos masivos y exigencias de apoyo al proyecto político liderado por el entonces alcalde Daniel Quintero.
Uno de los ejemplos más reveladores es la transformación de la corporación Aldea Verde en «El Futuro Se Parece a Nosotros», nombre tomado de un lema del alcalde de la época. Este cambio, lejos de ser fortuito, coincide con una estrategia para encubrir operaciones de financiación política mediante aportes forzados a través de membresías.
En la investigación se reveló además un evento en el que contratistas fueron citados a una reunión privada, sin celulares y bajo engaños, donde se les exigió pagar una afiliación inicial de $800.000 y cuotas mensuales según su formación académica. La negativa a participar resultaría en la no renovación de contratos.
Finalmente, IFMNOTICIAS.COM obtuvo pruebas de los pagos y testimonios que señalan una cadena de reporte que va desde los contratistas hasta los secretarios y líderes del movimiento político.
