En la primera parte de este informe, la Unidad Investigativa de IFMNOTICIAS.COM reveló, gracias a las fuentes confidenciales, el plan que tienen desde la Alcaldía de Medellín para financiar el proyecto político de los INDEPENDIENTES del Alcalde Daniel Quintero, haciendo uso de Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL-, con las que buscan dar legalidad a la captación de dineros a través de el chantaje a empresarios y gremios.
En este segunda parte, se explicará el “modus operandi” con el que se ha compuesto una red de fundaciones y corporaciones para “arrebatar” parte del sueldo del personal contratista que trabaja en la Alcaldía y las entidades del conglomerado público de Medellín.
En informes anteriores, IFMNOTICIAS.COM había revelado las denuncias de contratistas que señalaban las contantes presiones indebidas para abandonar sus puestos. Los casos más llamativos se presentaron en el INDER, en donde no solamente ser exigía a los contratistas su puesto, sino que a quienes se quedaban o acomodaban, les exigen que firmen documentos y consigan mas firmas de apoyo.
El segundo caso más llamativo, fue el de la Secretaría de Inclusión Social, en donde con grabación de audio publicada, se escuchó al subsecretario Santiago Preciado, pedir la renuncia a los contratistas por orden del secretario Juan Pablo Ramírez.
Situaciones similares se han vivido en el Hospital General, Metrosalud y EPM, este último con denuncias de SINPRO y el llamado a los trabajadores a no dejarse presionar. Otras entidades de las que se ha reseñado la exisistencia de este comportamiento sistemático de la Alcaldía, hacía prever que algo había detrás que no era solamente, la intención de poner “su gente” en estos puestos, pues ya se sumaban por cientos los despedidos.
En efecto, el trasfondo de estas presiones tiene que ver con el sucio entramado que tiene a las próximas elecciones como objetivo y la necesidad de financiación del proyecto político. Para ello, la red de ESALS, es la manera para captar, destinar y desviar dineros con una aparente legalidad.
Como se señaló en la primera parte de este informe, la red está tan bien armada que solo fue posible conocer cómo opera, gracias a personas de dentro que conocen el entramado, fueron obligados a participar de éste y quienes se declaran víctimas.
Estas personas señalan con nombre propio a quienes están llevando a cabo el “desfalco” que termina en un “robo del porcentaje de nuestros salarios que hacen ver como voluntario”
EL FUTURO SE PARECE A NOSOTROS – (antes Aldea Verde)
Meses atrás llamó la atención una Corporación que, hasta el primer semestre de 2021, era conocida con el nombre de ALDEA VERDE y la cual al parecer no tendría vínculo alguno con la administración municipal. Sin embargo, por acta número 20 inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a finales de mayo, se decidió cambiar su nombre, lo que llamó la atención por su nueva razón social, denominada EL FUTURO SE PARECE A NOSOTROS.
Y es que esta nueva razón social remite a una frase popularizada por el actual Alcalde de Medellín Daniel Quintero en enero de este año, cuando se retomaría para comenzar a crear la que sería su siguiente paso en la estrategia de captación de dineros.
Esta frase generó controversia en la ciudad, generando múltiples críticas de los ciudadanos ante lo que fue considerado como una arrebato de la tranquilidad y la toma violenta de un sector de la izquierda que busca imponer un modelo que desdice de lo que han sido las tradiciones y costumbres paisas, coincidiendo con la declaración de “guerra” contra el empresariado paisa.
En este caso, lo que se hizo fue adquirir una Entidad Sin Ánimo de Lucro existente para evitar serñalamientos de que había sido recién creada y lo que se hizo fue cambiarle el nombre, manteniendo el registro original ante la Cámara de Comercio, manteniendo su NIT y su historia de contrataciones y proyectos. Esto le daría legalidad.
La entidad fue creada originalmente en Julio de 2010 y en el certificado de la Cámara de Comercio, se señalan todos los cambios que ha tenido desde entonces.
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Pero el nombre no fue lo único que se cambió, sino su estructura y junta directiva y por supuesto, su representante legal.
El nombre de la ESAL con la frase del Alcalde Quintero, podría haberse tratado de una simple coincidencia si no fuera porque al consultar en el registro público, se encontró que la actual representante legal, Melissa Pelaez Palacio, ha sido contratista del Municipio de Medellín y algunas de sus entidades.
Se trata de Melissa Pelaez Palacio, una mujer con poca formación y quien solo acredita ser bachiller y que según el sistema, ha sido contratista del concejo de Medellín, pero que las fuentes confidenciales afirman que además fue contratista de Plaza Mayor.
Y es que el papel de Pelaez Palacio ya había llamado la atención en redes sociales en donde normalmente se le ve hostigando al Concejal del Centro Democrático Simón Molina y alabando la gestión del Alcalde Quintero, siendo además reconocida como una de las integrantes de la “bodega de Quintero”.
Al profundizar en esta corporación EL FUTURO SE PARECE A NOSOTROS, IFMNOTICIAS.COM encontró que para el año 2018 perdió el beneficio de ser régimen tributario especial cuando aún figuraba bajo la denominación de “Aldea Verde” ya que su actividad era muy poca, si embargo en 2021 decidieron reactivarla, cambiar la junta directiva y la razón social, incluso delegar la representación legal principal a Pelaez Palacio, dejando como suplente a quien estaba en cabeza, BARACK SAPHIR ALUMA LUMUMBA un hombre que señalan ser originario de Tadó, Chocó y quien se habría prestado para que usaran su corporación dentro del entramado.
De Barack Saphir Aluma Lumumba, se conoce que tiene una serie de demandas ejecutivas en su historial judicial y que a pesar de no ser el representante principal de la corporación, aún actúa en dicha corporación como Director General y Representante Legal Suplente. Según las fuentes confidenciales, lo que ha hecho es prestar la fundación, ceder el manejo pero no entregarla del todo.
Tras indagar un poco más en información denunciada por las fuentes confidenciales, IFMNOTICIAS.COM encontró relación directa con una información allegada en los últimos días por contratistas de la Alcaldía de Medellín quienes solicitaron que se mantuviera la reserva de su identidad.
Los denunciantes contaron como es el modo de operación como obtienen el dinero y entregaron los detalles sobre la manera de captar el dinero y el chantaje al que están sometidos.
Señalaron que hace unos días y luego del nacimiento de la hija del secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, fueron invitados a una supuesta “reunión de amigos” sin dárseles a conocer la motivación puntual. Es más, muchos creyeron que se trataba de una reunión para rendir homenaje a la recién nacida y llegaron a la reunión con regalos. Pero la motivación no era esa.
Los contratistas manifestaron que fueron convocados mediante mensaje de texto a la dirección: Calle 6 # 14-61, casa 15, Unidad residencial San Luis de la Calera, en la parte alta del poblado en Medellín, el domingo 8 de agosto.
Al llegar al inmueble, indican que les quitaron los celulares y “los metieron en una especie caneca con tapa de mediano tamaño”, la sopresa fue grande, pues este estaba medianamente desocupado y solo contaba con unas sillas y mesas plásticas, según cuentan. Allí los recibió un hombre a quien describen con el apodo “el flaco” y quien se les identifica como el dueño del inmueble y anfitrión. Dicen que nunca lo habían visto, sin embargo, no tardó en aparecer en la reunión Juan Pablo Ramírez Álvarez, actual Secretario de inclusión social, quien fue realmente quien atendió la reunión.
Los asistentes que denuncian, cuentan que Juan Pablo Ramírez fue directo y les dijo, palabras mas palabras menos que “ustedes saben que nuestro proyecto político es a 20 años y queremos conquistar todas las posiciones posibles. Ya tenemos alcalde y concejales, pero necesitamos financiar todas las campañas hasta llegar a la presidencia y todo eso cuesta”, dicen la fuentes.
Explican que Ramírez pasó entonces a señalar que para ello utilizarían las ESAL y puntalmente les presentó la Corporación EL FUTURO SE PARECE A NOSOTROS.
Cuentan los denunciantes, que Ramírez dijo que “esta es una de las entidades de nosotros y necesitamos que la apoyen” y procedió a explicar en la reunión que para ello, crearon un plan de “benefactores por membresía” y les exigió que para ingresar, todos estaban en la obligación de pagar una”afiliación” y que mes a mes, deberían pagar de sus sueldos, un dinero dependiendo del grado del contrato.
Es cuando el Secretario Ramírez les entregó a los contratistas un comunicado, sin embargo la narrativa del secretario era un poco diferente de lo escrito en este.
Según los denunciantes, Ramírez les manifiesta que para conservar su continuidad contractual, es requisito la continuidad en el actual Gobierno y para eso solicita que deben afiliarse a la Corporación en mención, con una tarifa de afiliación de $800.000 pesos, y pagos mensuales dependiendo del nivel académico del contratista que consisten en:
- Bachiller: $50.000
- Técnico y tecnólogo: $100.000
- Profesional: $200.000
Los denunciantes aportan incluso copia del recibo del giro realizado de la mencionada afiliación a la cuenta de Bancolombia por valor de los 800.000 solicitados para afiliarse, la cual puede realizarse de forma directa o a través de GANA, igualmente, les dieron la opción de consignar directamente al número de cuenta que aparecía en la carta.
Los denunciantes han señalado que lo que están viviendo pasa de “chantaje a extorsión” pues según dicen, si se niegan a pagar los despiden y si pagan, quedan registrados como apoyadores y con esa información los convierten en cómplices.
Indican que la situación es de tal intensidad que el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, es el encargado de exigir que le entreguen las pruebas de los pagos para poder entregarlos a Santiago Preciado, quien se le entrega la relación al Secretario y éste se los reporta a Esteban Restrepo, Secretario de Gobierno, quien recibe los reportes de todas las secretaría y entidades.
Según la fuente, solo en la Secretaría de Inclusión Social hay unos 3 mil contratistas y todos deben pagar la membresía, algo que se calcula en uno 2.400 millones de pesos solo en el primer momento de la membresía y de ahí en adelante, los pagos mensuales que igualmente son multimillonarios.
Manifiestan que el secretario expresó que era “necesario ayudar con sus aportes a realizar la política a favor del Alcalde” y que estos eventos tienen un costo que es necesario financiar. Señala además que dentro del “chantaje” está la exigencia y seguimiento para que le den “retuit” a todo lo del alcalde y quien no lo hace, es llamado a rendir cuentas. Estas presiones son coherentes con el audio del subsecretario Santiago Preciado, que meses atrás fue publicado por IFMNOTICIAS.COM en el que pide los puestos de los contratistas para acomodar a su gente. Ya se conoció por quienes denunciron, que los que se van son los que no pagan.
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En la última semana, solo de la subsecretaría de Grupos Poblacionales, fueron despedidos 38 contratistas, entre ellos, técnicos de niñez, adultos mayores y grupos étnicos.
Todo esto no solo permite esto evidenciar la manipulación y presión indebida frente a los contratistas, que ya había sido denunciada de forma constante, sino que además llevaría a la Corporación en mención a estar frente a una captación masiva e ilegal de recursos arrebatando el sueldo de los contratistas a quienes les quintan parte de su dinero a cambio de estar trabajando.
El lugar de la reunión también fue revisado por IFMNOTICIAS.COM, y tras consultas la Oficina de Registro de instrumentos públicos, se encontró que la misma pertenece a la actual rectora de INDECAP, Claudia María Toro García. IFMNOTICIAS.COM intentó comunicarse a los teléfonos que aparecen en la página web del instituto, pero nunca contestaron y los celulares enviaron a buzón. Se espera en los próxmos días, poder aclarar con la rectora de la entidad para que explique su vínculo con la propiedad en donde se llevó a cabo la reunión y que se conozca la identidad del apodado “El Flaco”.
Nuevamente los denunciantes piden a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, tomar cartas en el asunto.