(INVESTIGACIÓN) Otra promesa de Campaña de Daniel Quintero incumplida: «Vamos acabar con esa mafia» hablando de la Secretaria de Movilidad de Medellín
Unidad Investigativa Hace días por en redes sociales se conoció una acción tutela radicada por una Veeduría Ciudadana en Medellin en contra del la Secretaria de Movilidad y sus incumplimientos a la hora de notificar las Fotodetecciones. Puede interesar: Nuestro equipo periodístico se contacto con un

Unidad Investigativa
Hace días por en redes sociales se conoció una acción tutela radicada por una Veeduría Ciudadana en Medellin en contra del la Secretaria de Movilidad y sus incumplimientos a la hora de notificar las Fotodetecciones.
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Nuestro equipo periodístico se contacto con uno de los fundadores y promotores de esta Veeduría Ciudadana, Eugenio Abad Ramírez Aristizabal, quien contó a IFMNOTICIAS.COM cómo han llegado a crear la Veeduría y las razones por las que se convirtieron en los abanderados en esta iniciativa de apoyo a todos los usuarios de las vías en la ciudad de Medellin y toda el Area Metropolitana.
Eugenio es un hombre sencillo y apasionado con el tema de movilidad inteligente en la Ciudad y quien detalló los pormenores de la idea de la VEEDURIA DE MOVILIDAD AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA registrado ante la Personería Municipal como VEEDURIA DE MOVILIDAD No 1 Código (613) como consta en el registro del RUES y la Personeria de Medellin.

Y es que despues de que en el año 2012, Eugenio se vio obligado a pagar una fotodetección no notificada por la Secretaria de Movilidad so pena de no actualizar la tarifa del taxi que conducía, vio en la necesidad de estar pendiente permanentemente de las inconsistencias que tiene este proceso en la ciudad de Medellin y que en muchos casos, atropella los derechos ciudadanos.
Con esta motivación, cuenta Eugenio que no fue nada fácil darle legalidad a la Veeduria, que en el año 2016, realizo el primer intento de constitución, siendo negada porque «alegaban un conflicto de intereses al ser deudor de la Secretaria de Movilidad de Medellin», deuda que según él, era claramente uno mas de esos casos que, mas que certezas, sembraban duda en toda la ciudadania por la falta de información, claridad y no estar ceñido a la ley.
En un segundo intento y con un grupo de 18 personas, gran parte de ellos taxistas, lograron finalmente, el 7 de noviembre de 2019, inscribir en la Personería de Medellín su anhelada Veeduria Ciudadana para la vigilancia de la movilidad en la ciudad.
Desde entonces, han liderado una fuerte lucha por vigilar, hacer visible, depurar y trabajar por los derechos ciudadanos que son abusados constantemente desde la Secretaría de Movilidad. Y es en esa defensa, que vienen cuestionando al actual alcalde Daniel Quintero Calle, quien como buen candidato «había prometido el cielo a todos los afectados por la Secretaria de Movilidad, refiriéndose a ella como «una mafia y que iba a acabar con la guachafita«, recuerda Eugenio quien señala que ad portas de terminar el año 2021, la preocupación de la Veeduría de Movilidad es mayor a la que tenía al inicio del mandato.
Y esa promesa de campaña incumplida no es solo lo que les preocupa, recientemente en verificaciones realizadas por este equipo de ciudadanos reunidos en la Veeduría, dan cuenta de que la Secretaria de Movilidad en la Administración de Daniel Quintero Calle, ha deteriorado sus servicios y no está notificando las fotodetecciones en los tiempos y como si fuera poco no aplica la sentencia de identificar lo conductores lo que abre paso a una acción de desacato.
Demoras en la atención, poco personal disponible en las sedes de la Secretaría, negativa a la recepción física de derechos de petición y PQR´s, burocracia y corrupción entre otras quejas, denuncian los ciudadanos. Desde la Veeduría trabajan por dignificar los derechos atropellados por la Secretaría de Movilidad y en especial preocupa que los sistemas de Fotodetección sigan operando sin rumbo ni control en la ciudad de Medellin, sin que se cumplan con los parámetros que dicta el Gobierno Nacional.
Los ciudadanos, según la veeduría, ya se dieron cuenta que el tema de las cámaras y las fotomultas distan mucho de ser utilizadas con el criterio de control del tránsito y la prevención de la accidentalidad; y son en realidad, un negocio que conlleva a que al menos en Medellín, conduzca a la administración municipal a la visión de un «Estado recaudador».
Y es que las cámaras no están realmente ubicadas de manera técnica en las zonas de mas accidentalidad sino en la zonas donde más pueden recaudar sin que se reduzca la accidentalidad. En Medellín en lo corrido del año, ya se superan los 300 muertos en accidentes de tránsito, mientras se desmontan los puentes peatonales y se crean mas pasos a nivel, congestionando la ciudad y poniendo en riesgo a los peatones.
Como si fuera poco el colapso de la ciudad en materia de movilidad, se viene reduciendo la velocidad en el desplazamiento a 50 kilómetros por hora en zonas que bien están diseñadas para que los vehículos puedan ir a 80 kilómetros, incrementando los atascos, como se evidencia en la Autopista Norte y otras vías arteria; pero no se escatimó en poner cámaras fijas para multar a quienes se excedan a cualquier hora los 50 Km/h.
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Como si fuera poco, la secretaría de movilidad continúa con la ubicación clandestina de cámaras de fotomultas móviles sin la reglamentaria señalización a la que está obligada por norma nacional y esconden los carros de la secretaría de movilidad para fotomultar a quienes se exceden.
Si bien la cultura ciudadana debe ser responsable y respetar las normas, es también claro que las administraciones municipales están obligadas, en materia de movilidad, primero a la prevención y segundo pasar a la amonestación. En este sentido, la Secretaría debería destinar mas presupuesto en educación vial que en herramientas recaudadoras y de multas; cosa que no ocurre en Medellín.
El colmo, según la Veeduría, está en que tampoco hay suficiente personal para atender lo correspondiente a la atención de quienes acuden a pagar multas y si bien, parte de esta operación está tercerizada a través de contratos con privados quienes deben certificar los cursos pedagógicos previos al pago que permiten descuentos, no hay citas ni cupos suficientes disponibles, lo que hace que en muchas oportunidades el que quiere pagar, no pueda hacerlo con los descuentos de manera oportuna.
El dolor de cabeza de los ciudadanos continúa y los problemas de movilidad en la ciudad. Denuncian que la mafia lejos de acabar, continúa y es más grande, toda vez que ahora solo los contratistas son amigos del alcalde y las políticas de movilidad son contrarias a la lógica, lo que ha llevado a que la ciudad, esté prácticamente colapsada.
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