Ante el desespero de verse revocado el Alcalde Daniel Quintero ha acudido a todo tipo de retóricas, versiones y ataques; cambiando de estrategia minuto a minuto. Es así que a última hora y en compañía de sus secretarios, decidió cambiar la acusación de falsedad por la de suplantación.
Según fuentes cercanas, las estrategias han sido recomendadas por sus asesores, quienes ante no tener claro el qué hacer, han tiendo ya varias salidas en falso. Ahora lo que buscan es facilitar la creación de la carga probatoria para que recaiga en terceros la responsabilidad de denuncia. Es decir, ya no denuncia el alcalde ni la alcaldía como se dijo en un comienzo, cuando afirmó que llevaría las denuncia a la Fiscalía y tampoco impugnan ante la registraduría, cómo anunciaron; sino que pretenden que sean los ciudadanos afectos al alcalde, quienes manipulados denuncien en vez del alcalde y que sean esos ciudadanos incautos, quienes se hagan, personalmente, responsables de las denuncias.
Fue así que se puso en práctica lo que algunos consideraron un acto muy bajo, ya que involucra hacer responsables, inclusive a familiares de los servidores del delito de falsa denuncia, como sería el caso más difundido: el de la mamá de Juan Pablo Ramírez, Secretario de Inclusión Social.
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El delito de “Falsa Denuncia”, está definido por el artículo 435 del código penal así:
“El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Es así que el Alcalde Quintero Calle ha llamado a propios y extraños, en especial a sus secretarios, a presentar denuncias penales, por demás temerarias, en contra de la revocatoria, mostrando el acorralamiento a que ésta lo ha llevado.
En este proceso ha creado un aplicativo web, como lo informó IFMNOTICIAS.COM, para presuntamente verificar si se había firmado o no la revocatoria, en algo que viola la ley de habeas data y que ha sido interpretando por contratistas de la alcaldía, como un arma de persecución contra ellos para detectar, no las supuestas suplantaciones, sino para recordar que sabrían quien firmó. Por eso algunos de ellos con los que IFMNOTICIAS.COM ha conversado, señalan que les ha tocado decir “que fueron suplantados”, para evitar que se les cancelen sus contratos.
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El delito que Quintero Calle pretende configurar está tipificado en el artículo 296 código penal como falsedad personal:
“El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito”.
Es así que no solo deberá demostrar el dolo por parte de a quien acusan de haber realizado dicha suplantación, sino que además, en este caso, la sanción equivale a una multa a diferencia de la pena privativa de la libertad en que se incurre con la falsa denuncia, delito este, que sí ha quedado evidenciado y documentado ante la opinión pública con el comportamiento del Alcalde y sus secretarios.
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Algunos voluntarios de recolección de firmas para la revocatoria, recuerdan cómo detectaron personas de Quintero Calle que pidieron planillas haciéndose pasar por personas afectas a la revocatoria. Es más, más de 6 mil formas de estas personas fueron detectadas y no entregadas a la Registraduría, por lo que podría, en este caso, tratarse la ejecución de un plan orquestado desde la administración para boicotear la legalidad de las firmas recolectadas y sembrar mantos de duda.
No obstante, las firmas válidas, fueron confirmadas y aceptadas por la Registraduría con los expertos en grafología.
Pero no es que la utilización de familiares, allegados y ciudadanos manipulados para encubrir sus actos, no es una práctica ajena al actuar de Quintero Calle.
Por ejemplo, lo han hecho con Ana María del Carmen Restrepo Mejía.
Para muchos este nombre puede no resultar familiar, pero se trata de la presunta tía de los hermanos Quintero Calle que los crió tras la muerte de su madre, y quien en realidad no era hermana, sino una prima.
La señora Ana María falleció, pero extrañamente, aún se reporta como miembro de junta directiva de la empresa INTRASOFT S.A. propiedad del Alcalde y cuya propiedad fue transferida presuntamente a terceros, mientras su mandato. Es así como Quintero Calle aún utiliza el nombre de la difunta y su identificación en un cargo de dirección de la que “fuera” su empresa.
Otro caso es el de Diego Alonso Restrepo:
Diego Alonso Restrepo Muñoz, hermano del miembro de junta de EPM Sergio Restrepo y Nelson Andrés Álvarez Montoya, ambos con participación del 50% y allegados a Quintero Calle son los actuales “presuntos” accionistas de Intrasoft SAS, empresa que según Quintero Calle ya no le pertenece, pero que en su junta directiva incluye miembros como:
Vilmer René Hoyos Hoyos, actual director de Isvimed
Pablo Andres Rojas Cubides, contratista y asesor de despacho del Alcalde Daniel Quintero Calle
David Aristizábal Martinez, contratista de la Alcaldía
Ana María Restrepo, familiar fallecida de Quintero Calle
Es así como es más que obvio que Daniel Quintero Calle continúa ejerciendo control y dirección a través de terceros para ocultar su nombre.
Otro caso de a el de Carlos Upegui Mejía y esposa:
Puede que para muchos estos nombres no sean familiares, pero se trata de los padres del secretario de la no violencia Juan Carlos Upegui Vanegas y de Laura Upegui, cuya madre es hermana de Beatriz Vanegas, madre de Diana Osorio, y si bien su presencia puede no ser fácil de identificar, hay algo que sí se quedó en la memoria de los ciudadanos, y fue el apartamento de tricentenario donde Alcalde y familia tomaron la foto del desayuno con que pretendían mostrarse como una familia humilde, y es que dicha foto en realidad se tomó en el apartamento de la familia Upegui Vanegas y no en el apartamento de crianza de Quintero Calle, ya que el aspecto de estos, proyectaba justo la imagen que él necesitaba para su público, contrario al de los Quintero Calle que ya había sido remodelado según comentan fuentes cercanas.
Un caso más es el de Diana Marcela Osorio Vanegas:
La gestora social Y compañera permanente del alcalde, ha sido utilizada además del hecho de ser titular de su inmueble del Tablazo en Rionegro, para representar cargos de dirección en sus emprendimientos, como es el caso de la “Fundación Piensa Verde”, la cual a su vez fue usada para certificar experiencia laboral a varios de los miembros de su gabinete y directores de entidades del conglomerado.
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Otro caso más es el de María Estela del Carmen Calle Mejía:
A pesar de haber transcurrido años desde su muerte, en el año 2007, UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO, lugar donde se ubicaba el apartamento de propiedad de los Quintero Calle (el cual era propio y no arrendado como siempre argumentaron), iniciaba proceso de cobro ejecutivo en contra de su madre por el no pago de cuotas de administración, el cual en el año 2009 pudo ser fácilmente anulado ya que su madre había fallecido años atrás previo a librar mandamiento de pago.
El caso de Laura Upegui Vanegas:
Tal vez uno de los casos más mencionados en los últimos meses es el de la funcionaria Laura Upegui, hermana del secretario de la No Violencia Juan Carlos Upegui Vanegas y prima de Diana Osorio Vanegas, quien hasta la fecha actúa como presunta testaferro de los activos de Daniel Quintero y Diana Osorio y como accionista única de la empresa One Future SAS.
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En conclusión, es clara y evidente, que la instrumentalización de familiares, allegados y en algunas ocasiones incluso menores de edad; no ha sido ajena al actuar de Quintero Calle para llegar e intentar sostenerse en el poder y aferrarse a él. Así las cosas, no es entonces de extrañar que sea el mismo “modus operandi” que en ésta etapa desesperada de su declive político, esté solicitando a sus funcionarios y miembros de su gabinete, actuar de la misma manera, debiendo entonces, la administración de justicia, tomar medidas en contra de estos también.
