El Gobierno de Estados Unidos autorizó, mediante una nueva licencia, el inicio de asesorías técnicas para preparar una eventual reestructuración de la deuda de Venezuela y de su petrolera estatal, PDVSA. Para algunos, esta medida representa un paso limitado en el proceso de acercamiento entre Washington y Caracas, pues permite contactos formales sin habilitar aún operaciones financieras concretas.

En detalle, la licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro, eximió de sanciones a actores como bufetes de abogados, consultoras y firmas de asesoría financiera, estas entidades pudieron entablar diálogo con las autoridades venezolanas con el fin de analizar escenarios y diseñar estrategias para abordar el elevado nivel de endeudamiento del país.

Según se supo, dentro de las actividades permitidas se incluyeron la evaluación de la situación financiera, el desarrollo de propuestas de reestructuración y la preparación de documentación técnica de apoyo. 

No obstante, cabe resaltar que el alcance de la autorización se mantuvo restringido, pues siguieron prohibidas acciones como renegociar, modificar, transferir o reducir la deuda existente, tanto del Estado venezolano como de PDVSA, la principal petrolera de la nación.

En la práctica, la medida abrió la puerta a una fase preparatoria, pero dejó en claro que cualquier avance concreto en la reestructuración dependería de decisiones futuras de Washington. 

En ese sentido, ni acreedores soberanos ni bancos comerciales contaban aún con permiso para participar en operaciones que implicaran cambios reales en los compromisos financieros de Venezuela.

El anuncio se dio justo semanas después de que el Fondo Monetario Internacional restableciera relaciones con el país sudamericano. Sin embargo, el organismo multilateral ya había advertido que el proceso para que Caracas accediera nuevamente a financiamiento internacional sería largo y requeriría cumplir varias etapas técnicas.

Igualmente, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la política de Estados Unidos hacia Venezuela no había experimentado cambios, al ser consultado sobre otros asuntos vinculados a la relación bilateral. Sus declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos sobre medidas judiciales y sanciones que siguen vigentes contra figuras del oficialismo.

La autorización se sumó a otras flexibilizaciones que ha tenido el gobierno de Trump, solo el pasado mes de abril el país levantó las sanciones contra la presidenta Delcy Rodríguez, y la retiró de la lista de personas sancionadas del Departamento del Tesoro.

En su momento, se informó que la decisión fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que eliminó a Rodríguez del listado en el que había sido incluida en 2018.

Dejando de estar sujeta a restricciones que impedían a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ella, además de abrir la posibilidad de desbloquear activos en ese país.

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