Defensoría del Pueblo rechazó “condenas” del ELN a funcionarios secuestrados y exigió su liberación inmediata

El pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la imposición de supuestas “condenas” a personas que mantiene secuestradas desde el año pasado generó reacciones por parte de la Defensoría del Pueblo. La entidad, a través de su titular Iris Marín, manifestó su rechazo frente a estas decisiones anunciadas por el grupo armado ilegal.

De acuerdo con la información conocida, el ELN anunció la imposición de “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, así como penas de tres años a dos miembros de la Policía que permanecen en cautiverio.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su posición mediante un pronunciamiento público en el que advirtió sobre la situación de las personas retenidas. En una publicación oficial se indicó que “estas personas llevan cerca de un año secuestradas con afectaciones a su salud física y mental, afectaciones que agravan y aumentan su sufrimiento y el de su familia, así como la preocupación por su bienestar y, particularmente, negando a sus hijos e hijas el derecho a crecer con sus padres”.

La defensora Iris Marín calificó la situación como “inadmisible” y recordó que el secuestro constituye una conducta prohibida en el marco del derecho internacional humanitario. En ese sentido, reiteró la exigencia de respeto por los derechos fundamentales de las personas que permanecen privadas de la libertad por parte de grupos armados ilegales.

En sus declaraciones, la funcionaria cuestionó la legitimidad de los procedimientos anunciados por el ELN y enfatizó que no tienen validez jurídica. “La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada, el hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no válida de esta privación de la libertad y seguimos pidiendo la libertad inmediata, incondicional, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas”, afirmó.

El pronunciamiento también incluyó un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la atención a las familias de las personas secuestradas. Según la defensora, es necesario brindar acompañamiento directo y fortalecer las acciones encaminadas a lograr su liberación.

Sobre este punto, Marín señaló que “las familias se han sentido solas, han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente”. La entidad indicó que ha recibido y escuchado las solicitudes de los familiares, quienes han manifestado preocupación por la situación de sus seres queridos.

En un mensaje adicional, la defensora del Pueblo reiteró el respaldo institucional a distintas solicitudes encaminadas a la liberación de las personas secuestradas. En ese contexto, expresó: “respaldamos la petición de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia y de las familias y seres queridos de los funcionarios del CTI, de la policía y de todas las personas secuestradas, particularmente por el ELN”.

Asimismo, la funcionaria insistió en la necesidad de que cesen este tipo de prácticas por parte de grupos armados ilegales. En su declaración, concluyó: “No más ‘juicios revolucionarios’. La libertad es el verdadero gesto de paz”.

El caso continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades y organismos de control, en medio de llamados reiterados para que se garantice la liberación de las personas secuestradas y se respeten las normas del derecho internacional humanitario.