Colombianos deportados por EE. UU. al Congo dicen que los presionan para volver a su país pese al riesgo

Quince migrantes suramericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC) afirmaron que se sienten presionados para aceptar el regreso a sus países de origen pese a que varios de ellos cuentan con órdenes judiciales estadounidenses que les protegían precisamente contra esa devolución por riesgo de persecución o tortura, según entrevistas publicadas por diferentes medios.

“Nos sentimos presionados a aceptar volver a nuestro país, sin importar los riesgos”, dijo a Reuters una colombiana de 29 años que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. La mujer relató en su solicitud de asilo, presentada en enero de 2024, que huyó de Colombia después de haber sido secuestrada y torturada por un grupo armado, y de sufrir abusos por parte de su exesposo, que era policía.

En mayo de 2025, un juez de inmigración estadounidense concluyó que era más probable que no que fuera torturada si la enviaban de regreso, según documentos judiciales revisados. Esa protección, sin embargo, no impidió que terminara en un hotel de Kinshasa, la capital congoleña, bajo supervisión y sin un plan claro sobre su futuro.

El grupo, integrado por personas de Colombia, Perú y Ecuador, llegó al Congo en el marco de un acuerdo de tercer país suscrito con la administración del presidente Donald Trump, que ha recurrido a convenios con países africanos para acelerar expulsiones que han suscitado interrogantes sobre el respeto a los derechos de los migrantes.

Otra deportada, Gabriela, una colombiana de 30 años, contó que solo se enteró de que la enviaban a la RDC un día antes del vuelo. Jorge Cubillos, también colombiano, dijo haber estado detenido más de tres meses antes de que agentes de inmigración le informaran de su destino. Carlos Rodelo, otro colombiano del grupo, señaló que huyó de la extorsión y que había recibido protección bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

La vida en Kinshasa, según los testimonios, transcurre entre salidas supervisadas y una sensación de encierro. Los deportados afirman que solo pueden salir del hotel aproximadamente una vez por semana y siempre acompañados por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el organismo afiliado a Naciones Unidas que les presta asistencia humanitaria a solicitud del gobierno congoleño. “Nos tratan como si fuéramos niños”, dijo la colombiana de 29 años, citada también por AP en un seguimiento de su caso. “¿Qué haría uno en un lugar completamente desconocido, sin un lugar donde vivir y sin saber qué hacer?”, preguntó. La OIM, por su parte, sostiene que el retorno asistido que ofrece es “estrictamente voluntario y se basa en un consentimiento libre, previo e informado”, y que también brinda asistencia humanitaria en el lugar.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas sobre el caso concreto de la mujer colombiana, pero ha defendido en general que los acuerdos de tercer país “garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos” y que son necesarios para expulsar a personas cuya devolución a su país de origen no es aceptada por este. Los defensores de los migrantes sostienen lo contrario: que las deportaciones a terceros países buscan intimidar a los solicitantes de asilo para que abandonen sus reclamos de protección y acepten irse, una acusación que la administración rechaza.

Según AP, un fallo judicial reciente señaló además que Estados Unidos probablemente violó la ley al deportar a otro colombiano al Congo, aunque no estaba claro de inmediato qué consecuencias tendría esa decisión para los demás miembros del grupo.

El caso del Congo no es aislado. El Congo es uno de al menos ocho países africanos que han suscrito acuerdos con la administración Trump para recibir a nacionales de terceros países, la mayoría de los cuales contaban con órdenes judiciales de protección frente a la devolución a sus países, según los abogados consultados por medios de comunicación estadounidenses.

Un informe del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado calculó que la administración ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unas 300 personas a países distintos del suyo. La semana pasada, la misma política volvió a ser noticia cuando Estados Unidos deportó a colombianos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a México, en una operación sobre la que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no reveló cuántas personas fueron trasladadas ni por qué punto cruzaron.

Para las familias colombianas con parientes en Estados Unidos, el mensaje de estos casos es inquietante: ni siquiera una orden judicial de protección garantiza, en la práctica, que una persona no termine en un tercer país del que nada sabe, sin hablar el idioma y sin redes de apoyo.

Los abogados de los deportados insisten en que la única salida acorde con las protecciones otorgadas sería permitirles permanecer en un lugar seguro mientras se resuelve su situación, o devolverlos a Estados Unidos.Estados Unidos para que sus casos sigan su curso. Mientras tanto, en el hotel de Kinshasa, la disyuntiva que describen los migrantes sigue siendo la misma: volver al país del que huyeron, con el riesgo que un juez ya reconoció, o quedarse en un lugar desconocido donde, según dicen, cada día se les recuerda que su estancia es temporal y que no hay un plan para ellos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fueron enviados ciudadanos colombianos a la República Democrática del Congo?

Fueron trasladados bajo un acuerdo de tercer país de la administración de Donald Trump, que permite expulsar a migrantes hacia naciones africanas cuando su país de origen no acepta la devolución o se busca acelerar su salida de Estados Unidos.

¿Qué denuncian los migrantes colombianos sobre su situación en Kinshasa?

Afirman sentirse presionados para aceptar el regreso voluntario a Colombia a pesar de haber huido por amenazas de grupos armados o tortura, y denuncian vivir bajo supervisión estricta en un hotel con salidas limitadas.

¿Tenían estos migrantes alguna protección legal en Estados Unidos?

Sí, varios de los deportados contaban con órdenes judiciales de protección bajo la Convención contra la Tortura, las cuales determinaban que no debían ser devueltos a su país por el alto riesgo de persecución.