Industria arrocera advirtió que régimen de libertad regulada agrava crisis por sobreoferta en Colombia

La Cámara Induarroz de la ANDI expresó este 6 de agosto su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno nacional de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, en medio de una crisis por sobreoferta sin precedentes que afecta a todo el sector arrocero colombiano.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida fue adoptada por el Ministerio de Agricultura como parte de la negociación con los líderes del paro arrocero, pero “sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales”.

El gremio explicó que el origen de la crisis actual está en el récord de siembra de arroz en Colombia en 2024, cuando se cultivaron 631.000 hectáreas, lo que generó la mayor cosecha en la historia del país. Esta producción, sumada a una sobreoferta global, redujo los precios internacionales en cerca de un 30 %.

Pese a las advertencias para racionalizar las siembras, en departamentos como Casanare la superficie cultivada siguió creciendo, alcanzando un nuevo récord de 216.000 hectáreas sólo en el primer semestre de 2025. Para este año, según la Cámara, se proyecta una cosecha con inventarios 92 % superiores a los de 2024.

Ante este panorama, la Cámara Induarroz alertó que el régimen de libertad regulada, que fija precios mínimos de compra hasta un 17 % por encima del mercado según datos de Fedearroz, puede generar efectos adversos para los consumidores, los agricultores y la sostenibilidad del sector.

“La Cámara Induarroz de la ANDI realizó aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados, y sobre los que queremos llamar la atención una vez más antes de que se genere una situación insostenible para toda la cadena”, afirma el documento.

Entre los riesgos destacados se encuentran:

• El posible aumento en el precio del arroz blanco para los consumidores.
• El incentivo a seguir sembrando pese a la sobreoferta.
• La pérdida de competitividad frente a las importaciones.
• El aumento de la informalidad y los desequilibrios estructurales del mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su concepto de abogacía de la competencia, coincidió con las preocupaciones del gremio y señaló que la medida representa “una clara limitación al libre proceso de formación de precios” y “podría, eventualmente, afectar la eficiencia del mercado y la adecuada transmisión de información”.

La SIC advirtió que la resolución solo se justifica si es transitoria y alertó sobre las posibles consecuencias de desincentivar el almacenamiento del cereal, así como el riesgo de que “ciertos compradores opten por adquirir el arroz en aquellas regiones con precios mínimos más bajos y deriven en una dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental”.

La Cámara también manifestó su preocupación por los efectos inmediatos de la medida sobre la industria: “Los distintos actores del sector, de manera unilateral e independiente, se han visto obligados a innovar y adaptarse para dar cumplimiento a lo establecido, según las particularidades y el modelo de negocio de cada uno”.

En ese sentido, subraya que esta medida va “en contravía de lo que el sector necesita”, pues en un contexto de sobreoferta se requieren políticas que absorban la cosecha en lugar de desincentivarla.

“Cualquier medida que se tome en este momento debe cumplir con el doble objetivo de generar incentivos a que se absorba la totalidad de la cosecha, minimizando posibles efectos negativos sobre los agricultores, al tiempo que se logre proteger a los consumidores de mecanismos que incrementen en forma artificial los precios de un producto de la canasta básica de alimentos”.

Finalmente, la Cámara Induarroz hizo un llamado a trabajar en una solución estructural a partir del Plan de Ordenamiento Productivo, y reiteró su disposición a contribuir a la construcción de una cadena arrocera “competitiva y sostenible de cara a la apertura comercial de 2030”.