Human Rights Watch instó a otros gobiernos a oponerse a ataques de Estados Unidos contra embarcaciones

Hace poco, Estados Unidos confirmó un nuevo operativo contra una embarcación sospechosa de actividades de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Con este, ya se habrían atacado alrededor de 30 embarcaciones en aguas internacionales, que han causado la muerte de alrededor de 100 personas, a pesar de que la administración de Trump mencionó que todo responde a una lucha contra el narcotráfico no se ha hecho pública la información que establezca un vínculo entre estas personas con actividades ilegales.

Razón por la cual, se ha cuestionado, criticado y pedido mayores explicaciones a Estados Unidos, mientras Venezuela denuncia una guerra psicológica y un asedio constante.

Una de las organizaciones que ha cuestionado el accionar de Trump, fue Human Rights Watch (HRW) que instó a los gobiernos que cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico a expresar públicamente su rechazo a los ataques militares realizados por la administración de Donald Trump contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, al advertir que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales y violan el derecho internacional.

En un pronunciamiento emitido desde Washington, HRW señaló que países como Canadá, Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros deberían adoptar medidas para evitar cualquier forma de complicidad con estos ataques, incluyendo la revisión del intercambio de inteligencia con Estados Unidos y la publicación de evaluaciones jurídicas internas sobre la legalidad de las operaciones.

De acuerdo con la organización, desde mediados de septiembre de 2025 Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 23 ataques letales contra embarcaciones en el mar Caribe y zonas cercanas del océano Pacífico.

Estas operaciones han dejado ya más de 100 personas muertas, con constancia de solo dos sobrevivientes, bajo el argumento de que las víctimas eran “narcoterroristas” y que representaban una amenaza para la seguridad estadounidense.

Pero, HRW sostuvo que los ataques vulneran los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, al recordar que tanto el derecho estadounidense como el derecho internacional establecen que las personas acusadas de delitos deben ser detenidas y juzgadas, no ejecutadas sumariamente en el mar.

La organización subrayó que varios países aliados de Estados Unidos tienen una presencia e influencia significativa en el Caribe, refiriéndose a Reino Unido, Francia y Países Bajos que además cuentan con territorios de ultramar en la región y participan en la Operación Martillo.

La cual es una iniciativa multinacional de detección, vigilancia e interdicción contra el narcotráfico en la que intervienen fuerzas militares y policiales de una docena de países, entre ellos Canadá, junto con unidades de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según HRW, estos gobiernos deberían evaluar su cooperación marítima y ejercer la debida diligencia para asegurarse de que no contribuyen, directa o indirectamente, a una campaña de ejecuciones extrajudiciales.

La advertencia se extiende también a Australia y Nueva Zelanda, miembros del sistema de intercambio de inteligencia Five Eyes, debido al alto nivel de integración operativa y de información entre los países que conforman ese marco.

Human Rights Watch destacó que autoridades de Barbados, Belice, Brasil, China, Colombia, Francia, Irán, México y Rusia han afirmado que los ataques estadounidenses violan el derecho internacional.

Por último, Human Rights Watch reiteró que los gobiernos que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deben adoptar salvaguardas para no verse implicados en estas acciones. La organización subrayó que pese a que el narcotráfico es un delito grave, existen mecanismos legales y efectivos para enfrentarlo sin recurrir a prácticas que, según indicó, vulneran el derecho internacional y los derechos humanos.

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