Audiencia por contratos del AMVA avanza con solicitud de detención preventiva para Miguel Quintero y Sebastián Ortega

La audiencia en la que se analiza la eventual imposición de una medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán avanza a esta hora del lunes 28 de septiembre ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías.

El proceso llegó a esta etapa después de que la Fiscalía solicitara una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Miguel Quintero. A esa petición se sumó el AMVA, entidad reconocida como víctima dentro de la investigación, que también pidió la misma medida para Sebastián Ortega. La audiencia continúa con la intervención de las partes y, hasta el momento, no existe una decisión judicial definitiva sobre la privación preventiva de la libertad.

Cabe indicar que tanto Quintero como Ortega hacen parte de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Durante una de las jornadas anteriores, el abogado del Área Metropolitana, Majer Nayi Abushihab, presentó los argumentos de la entidad para respaldar la solicitud. En ese contexto pronunció una de las frases centrales de su intervención: “Ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”, al referirse a la necesidad, según la representación de la víctima, de adoptar una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

La exposición del abogado se extendió durante varias horas y estuvo enfocada en elementos incorporados a la investigación, incluidos testimonios y otros materiales que, según la Fiscalía y la representación del AMVA, deben ser valorados por el juez para determinar si existen riesgos que justifiquen una medida restrictiva de la libertad.

La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De acuerdo con la información presentada durante el proceso, esos contratos tuvieron un valor acumulado de 17.656 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene como hipótesis investigativa que alrededor de esos negocios se habría producido una apropiación de recursos mediante el pago de presuntas comisiones ilegales. La cifra mencionada por el ente acusador asciende a 2.481 millones de pesos. Estos señalamientos forman parte del proceso penal y todavía deben ser sometidos al correspondiente debate judicial.

Miguel Quintero fue imputado por delitos relacionados con presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Sebastián Ortega también fue vinculado al proceso penal por hechos que la Fiscalía relaciona con la contratación investigada.

La Fiscalía ha presentado testimonios, comunicaciones y otros elementos como parte de su hipótesis sobre la manera en que se habrían desarrollado los contratos. La responsabilidad penal de cada uno de los procesados deberá determinarse dentro del proceso y mediante las decisiones correspondientes de la justicia.

La discusión actual está concentrada en establecer si se cumplen los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento contra Quintero y Ortega. Una eventual decisión de este tipo tendría carácter preventivo y no constituiría una sentencia condenatoria.

Mientras el juez analiza las solicitudes y los argumentos de las partes, los procesados mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia. La decisión sobre su situación jurídica corresponde exclusivamente a la autoridad judicial que conoce el caso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes son Miguel Quintero y Sebastián Ortega y por qué enfrentan una audiencia judicial?

Son dos personas para quienes la Fiscalía y el AMVA solicitaron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Están siendo investigados por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

¿Qué tipo de irregularidades se investigan en los contratos del AMVA?

La investigación se centra en la presunta apropiación de 2.481 millones de pesos mediante el pago de comisiones ilegales. Esto ocurrió en el marco de seis contratos que sumaron 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

¿Cuál es el estado actual de la solicitud de detención preventiva?

La audiencia está en curso ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín y aún no se ha tomado una decisión judicial definitiva sobre la privación preventiva de la libertad. La decisión final sobre su situación jurídica corresponde exclusivamente a la autoridad judicial.ero