"Sin seguridad no hay paz": Colombia pide a la ONU sacar la reforma rural del mandato de la Misión de Verificación

Una propuesta de ajuste, no de retiro

La intervención se produjo en la sesión trimestral que el Consejo de Seguridad dedica a Colombia, en Nueva York, y fue la primera vez que el actual Gobierno expuso formalmente ante ese órgano su enfoque sobre el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC-EP. Colombia ocupa en 2026-2027 un asiento no permanente en el Consejo.

Bula afirmó que el Ejecutivo apoya que la Misión siga funcionando y aseguró que "nuestro compromiso permanece intacto". Sin embargo, propuso "focalizar" su mandato en dos frentes: el seguimiento a la reincorporación de los firmantes de paz y las garantías de seguridad para ellos, aspectos que, según dijo, siguen justificando una verificación internacional por su relación directa con el tránsito de los excombatientes a la vida civil.

En cambio, sostuvo que la Reforma Rural Integral —el primer punto del Acuerdo, que agrupa los compromisos sobre acceso a tierras, desarrollo del campo y formalización de la propiedad— "tiene una naturaleza distinta", por tratarse de una "política pública estructural, multisectorial y de largo plazo" que debe integrarse a las instituciones permanentes del Estado. La propuesta también contempla retirar de la verificación el seguimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al capítulo étnico.

El canciller aclaró que "lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado", sino el mecanismo extraordinario de verificación, y reconoció que la decisión final corresponde al Consejo de Seguridad.

Las cifras que expuso el Gobierno

Para sustentar la idea de que "sin seguridad no hay paz", Bula presentó un diagnóstico crítico de la última década. Según los datos citados por el canciller, entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros. Añadió que los integrantes de grupos armados ilegales pasaron de unos 6.000 a casi 30.000 y que el reclutamiento de menores aumentó 300 % en cinco años, de acuerdo con cifras de la ONU. "Las cifras no mienten", dijo.

La respuesta de la Misión

Minutos antes, el representante especial del secretario general y jefe de la Misión, Miroslav Jenča, había pedido al Gobierno precisar cómo implementará el Acuerdo. "Esperamos que se definan con mayor claridad sus políticas y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno", señaló, y advirtió que "la paz sostenible requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva y duradera".

Jenča recordó que desde 2016 han sido asesinados 501 excombatientes, el más reciente el 22 de septiembre en el Cesar, y destacó que más de 11.000 personas continúan en proceso de reincorporación, con unos 6.000 proyectos productivos y 300 cooperativas. También pidió garantizar la financiación de los programas de paz.

El informe trimestral del secretario general, publicado el 8 de octubre, ya había advertido que el respaldo general del Gobierno al Acuerdo no se había traducido en plazos, responsables ni presupuesto, y que había recortes en desarrollo rural, distribución de tierras y reincorporación.

Lo que viene

El mandato actual de la Misión vence a finales de octubre, por lo que el Consejo deberá decidir en las próximas semanas si lo renueva y en qué términos. Estados Unidos felicitó al presidente De la Espriella y agradeció que el Estado asuma directamente la reforma agraria, un respaldo que podría pesar en la resolución que redacta el Reino Unido, país que lleva los asuntos de Colombia en el Consejo y que ya conversa con la Cancillería.

Cualquier ajuste tendrá, en todo caso, un límite jurídico interno: el Acto Legislativo 02 de 2017 obliga a las autoridades de los tres periodos presidenciales siguientes a la firma a actuar de manera coherente con lo pactado y de buena fe.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó el Gobierno de Colombia a la ONU?

El Gobierno colombiano, a través del canciller Omar Bula Escobar, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que la Misión de Verificación en Colombia enfoque su mandato en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad. Propuso retirar de la supervisión internacional la Reforma Rural Integral, la JEP y el capítulo étnico.

¿Por qué el Gobierno colombiano busca ajustar el mandato de la Misión de Verificación?

El Gobierno argumenta que la Reforma Rural Integral es una política pública estructural que debe ser gestionada por las instituciones estatales, no por supervisión internacional. Además, enfatiza que "sin seguridad no hay paz", citando un aumento en homicidios, extorsiones y el reclutamiento de menores.

¿Cuál es la postura de la Misión de Verificación de la ONU frente a esta propuesta?

El representante especial, Miroslav Jenča, pidió al Gobierno precisar cómo implementará el Acuerdo y advirtió que la paz sostenible requiere seguridad. Recordó el asesinato de excombatientes y la necesidad de garantizar la financiación de los programas de paz.