Mineducación propone cambiar las reglas para que privados e iglesias apoyen colegios públicos: lo que dice el borrador del Decreto 1075

Qué cambia en la contratación

El texto separa dos figuras que hoy se mezclan: el operador privado que presta el servicio educativo en nombre propio y el particular que solo administra un colegio oficial, mientras el Estado conserva la responsabilidad. El borrador precisa que la administración por un tercero no reemplaza a la entidad territorial certificada (secretarías de educación de departamentos y de ciudades certificadas) y que el contratista no podría operar con un proyecto educativo institucional propio.

Los contratos tendrían una duración mínima de dos años y máxima de 12, y que el personal vinculado por el contratista quedaría bajo el derecho privado, sin vínculo laboral con la entidad territorial. El operador debería acreditar al menos diez años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo. Los operadores no podrían subcontratar ni cobrar componentes de la canasta educativa.

La contratación seguiría siendo excepcional y exigiría demostrar insuficiencia o limitaciones de la capacidad oficial. Sin embargo, esos estudios de insuficiencia se exigirían solo en los contratos de prestación directa y no en los de administración, un punto que los críticos observan con atención.

El componente religioso

El borrador permitiría que las entidades territoriales firmen acuerdos con iglesias y confesiones religiosas para estrategias de desarrollo pedagógico en uno o varios colegios oficiales. La entidad aportaría infraestructura y personal docente, directivo y administrativo; la organización religiosa suministraría los componentes que el territorio no pueda garantizar. Por esta vía, las iglesias no administrarían los colegios.

Posiciones

La ministra sostiene que el texto "reproduce algo vigente desde hace más de treinta años", con base en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994, y asegura que la Corte Constitucional ha considerado válida esta colaboración. Afirma que "de ninguna manera" se trata de privatizar. El Ministerio presenta como referencia a los 38 colegios administrados por terceros en Bogotá, con resultados favorables en Saber 11 y en tránsito a la educación superior, aunque los medios no reportaron cifras específicas.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) calificó la iniciativa de "decretazo" y advirtió sobre la separación entre Iglesia y Estado.

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Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone el borrador del Decreto 1075 del Mineducación?

El borrador propone cambiar las reglas para que entidades privadas e iglesias apoyen colegios públicos, redefiniendo la contratación de colegios en administración y permitiendo convenios con confesiones religiosas.

¿Cuáles son los cambios principales en la contratación de colegios públicos?

El texto separa la figura del operador privado y el administrador, fija contratos de hasta 12 años y establece que el personal vinculado por el contratista quedaría bajo el derecho privado, sin vínculo laboral con la entidad territorial.

¿Qué papel tendrían las iglesias y confesiones religiosas según el borrador?

Podrían firmar acuerdos con entidades territoriales para estrategias de desarrollo pedagógico en colegios oficiales, aportando componentes que el territorio no pueda garantizar, sin administrar directamente los colegios.

¿Qué posturas han surgido frente a esta propuesta?

La ministra Viviane Morales niega que sea una privatización y lo considera una práctica vigente, mientras Fecode lo rechaza calificándolo de 'decretazo' y advirtiendo sobre la separación entre Iglesia y Estado.