Mil baños rurales que nunca se terminaron: el caso de regalías que tiene al alcalde y al exalcalde de Ataco con detención domiciliaria

Un proyecto para 47 veredas

El proyecto buscaba llevar soluciones de saneamiento básico (baterías sanitarias) a familias campesinas de 47 veredas de Ataco, un municipio del sur del Tolima que hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Los recursos salieron del Sistema General de Regalías y fueron aprobados por el OCAD Paz, la instancia que decide qué proyectos se financian con ese dinero.

Según la Fiscalía, entre junio y agosto de 2022 se firmaron dos contratos de obra y sus respectivas interventorías, es decir, los contratos de supervisión técnica que deben vigilar que la obra se ejecute correctamente. Las unidades sanitarias, sin embargo, permanecen inconclusas.

Lo que plantea la Fiscalía

De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces alcalde Miller Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer a Rodolfo Fajardo Gutiérrez, cuya empresa, según el ente acusador, no cumplía los requisitos exigidos. El contratista, además, habría intervenido en la asignación de las interventorías, lo que en la práctica le habría permitido incidir en quién vigilaba su propio trabajo.

La Fiscalía sostiene también que se autorizaron pagos por actividades que no se ejecutaron. Por ahora, el detrimento patrimonial estimado de manera preliminar asciende a unos $499 millones. Esa cifra no equivale al valor total del proyecto, sino al dinero que, según la investigación, se habría pagado sin justificación.

Los cargos imputados fueron los siguientes:

• Héctor Fabio Muñoz Briñez, alcalde actual: peculado por apropiación agravado en favor de terceros.

• Miller Aldana Castro, exalcalde: interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

• Rodolfo Fajardo Gutiérrez, contratista: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

En términos sencillos, el peculado consiste en que un servidor público se apropie, o permita que otro se apropie, de bienes del Estado que administra; el interés indebido castiga a quien interviene en un contrato estatal buscando un provecho propio o de un tercero, y la falsedad ideológica se configura cuando un documento oficial contiene información que no corresponde a la verdad. Los medios consultados no informan que alguno de los procesados haya aceptado los cargos.

Captura, detención en casa y apelaciones

El alcalde Muñoz fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 29 de septiembre en Ataco, en un operativo en el que también fue detenido el exmandatario. Tras las audiencias preliminares, el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, con funciones de control de garantías, impuso a los procesados una medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

La decisión no está en firme. La Fiscalía la apeló porque pretende que los investigados sean enviados a un centro carcelario, y las defensas de Muñoz y Aldana también anunciaron recursos. Un juez de segunda instancia deberá resolver si mantiene, modifica o revoca la medida.

Conviene precisar que una medida de aseguramiento no es una condena: es una decisión preventiva que busca, entre otros fines, proteger la investigación y la comunidad mientras avanza el proceso. Los tres procesados conservan la presunción de inocencia.

Una alcaldía encargada

Mientras se define la situación judicial del mandatario, la Administración Municipal de Ataco confirmó que Yésica Horta asumió como alcaldesa encargada para mantener en marcha la gestión del municipio.

El caso se suma a una serie de investigaciones de la Fiscalía sobre el uso de recursos de regalías en municipios PDET, dineros destinados a cerrar brechas en zonas rurales donde la falta de agua potable y saneamiento básico sigue siendo una de las principales necesidades.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué están el alcalde y el exalcalde de Ataco con detención domiciliaria?

Están con detención domiciliaria porque la Fiscalía les imputó cargos por presunta corrupción en un proyecto de 1.170 baños rurales que, financiado con regalías, sigue inconcluso cuatro años después de su contratación.

¿Qué cargos les imputó la Fiscalía a los implicados en el caso?

Al actual alcalde, Héctor Fabio Muñoz, se le imputó peculado por apropiación agravado; al exalcalde Miller Aldana, interés indebido en contratos y peculado; y al contratista Rodolfo Fajardo, interés indebido en contratos y falsedad ideológica.

¿De qué se trataba el proyecto de los baños rurales y cuál es el monto involucrado?

El proyecto buscaba llevar soluciones de saneamiento básico a familias campesinas de 47 veredas de Ataco, Tolima, con una financiación de más de $21.550 millones de regalías. La Fiscalía estima un detrimento patrimonial preliminar de $499 millones.