Impuestos mal declarados le costaron al Acueducto más de $60.000 millones: Contraloría de Bogotá imputa responsabilidad fiscal a dos funcionarios

Un beneficio tributario sin respaldo

De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, la EAAB incluyó en sus declaraciones de renta de los años gravables 2018 y 2019 descuentos tributarios ambientales. Se trata de un beneficio que permite a las empresas reducir el impuesto de renta cuando invierten en proyectos de control, conservación o mejoramiento del medio ambiente. Para acceder a él, sin embargo, deben acreditar esa inversión con una certificación de la autoridad ambiental competente y con los documentos que respalden su procedencia.

Según el ente de control, esas certificaciones técnicas y esos soportes legales no existían o no fueron verificados antes de presentar las declaraciones. Por esa razón, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desconoció los beneficios, rechazó las declaraciones y adelantó cobros coactivos contra la empresa pública, con sanciones e intereses de mora.

Los intereses, el grueso del daño

Las cifras reportadas por la Contraloría muestran que la mayor parte del presunto detrimento no corresponde a las multas, sino a los intereses que se acumularon con el paso del tiempo:

• Vigencia 2018: una sanción de $2.483 millones y intereses moratorios por $37.894 millones.

• Vigencia 2019: sanciones por $1.486 millones e intereses moratorios por $18.314 millones.

En total, las sanciones suman cerca de $3.970 millones y los intereses superan los $56.200 millones, es decir, más del 93% del valor imputado. La suma exacta de esas partidas es de $60.178.398.000, la cifra que el organismo estableció como posible daño al patrimonio del Distrito.

Qué significa una imputación de responsabilidad fiscal

El proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo con el que las contralorías buscan determinar si un servidor público, o un particular que maneja recursos del Estado, causó con su gestión una pérdida de dinero público y, en ese caso, obligarlo a resarcirla. No es un proceso penal ni disciplinario: su finalidad es recuperar los recursos, no imponer cárcel ni sanciones laborales.

La imputación es la etapa en la que la Contraloría formula cargos concretos tras reunir pruebas. En este caso, el organismo calificó la conducta como culpa grave, al considerar que los funcionarios descuidaron deberes esenciales en el manejo de recursos públicos al no verificar previamente las certificaciones ambientales que habrían permitido sostener la legalidad del beneficio ante la DIAN.

La Contraloría no ha revelado públicamente los nombres ni los cargos de los dos funcionarios imputados. Tampoco se conoce, hasta ahora, un pronunciamiento de la EAAB o de los investigados sobre la decisión.

Lo que sigue en el proceso

El caso se tramita por el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal. En la siguiente fase, los dos funcionarios podrán presentar descargos, solicitar pruebas y controvertir las que obran en el expediente. Solo después la Contraloría emitirá un fallo de primera instancia, que puede ser con o sin responsabilidad fiscal y que, a su vez, admite recursos.

Mientras no exista un fallo en firme, los funcionarios se presumen sin responsabilidad, y el detrimento de $60.178 millones sigue siendo una cifra preliminar establecida por el ente de control.

Diego Alexander Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, señaló que el organismo estableció un "posible detrimento" de $60.178 millones en la empresa y aseguró que la entidad continuará con las acciones pertinentes dentro del proceso para evitar el menoscabo de los recursos del Distrito. El objetivo declarado, según la Contraloría, es lograr el resarcimiento total de los fondos afectados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal a funcionarios del Acueducto?

La Contraloría imputó responsabilidad fiscal a dos funcionarios de la EAAB por un presunto detrimento patrimonial de $60.178 millones, debido a la aplicación de descuentos tributarios ambientales sin los soportes legales requeridos en las declaraciones de renta de 2018 y 2019.

¿Cuál es el monto del detrimento patrimonial y cómo se compone?

El monto del presunto detrimento es de $60.178 millones. La mayor parte, más del 93%, corresponde a intereses moratorios acumulados, y el resto a sanciones impuestas por la DIAN.

¿Qué significa una imputación de responsabilidad fiscal y qué sigue en el proceso?

Es un mecanismo para determinar si un servidor público causó una pérdida de dinero público y obligarlo a resarcirla, no es un proceso penal. Los funcionarios imputados podrán presentar descargos y solicitar pruebas antes de que la Contraloría emita un fallo de primera instancia.