Gobierno, empresarios y sindicatos volvieron a la mesa para dialogar sobre el salario mínimo 2027

La discusión sobre el salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027 avanzó con una nueva sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes, adscrita a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El encuentro se realizó en la sede del Ministerio del Trabajo y fue presidido por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad Acero.

En este espacio participan representantes del Gobierno nacional, los empleadores y los trabajadores, quienes intervienen en el análisis de las disposiciones laborales y en la búsqueda de acuerdos sobre las políticas que afectan a los distintos sectores del mercado laboral.

Por el sector empresarial fueron convocados la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Asobancaria y el Consejo Gremial Nacional.

La representación de los trabajadores estuvo integrada por delegados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la CGT Democrática e Independiente. También participaron representantes de la Confederación de Pensionados de Colombia y la Confederación Democrática de Pensionados.

Al finalizar la sesión, Morad Acero destacó el alcance de esta instancia en la discusión de las políticas laborales. La viceministra señaló que las decisiones en esta materia, incluido el salario mínimo, deben tramitarse mediante los espacios de concertación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Asimismo, resaltó que la diversidad de posiciones permite construir acuerdos con mayor solidez y continuidad.

La Comisión Permanente de Concertación tiene fundamento en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia y está regulada por la Ley 278 de 1996. Su funcionamiento también se relaciona con el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece mecanismos de consulta tripartita en asuntos laborales.

Para determinar el incremento salarial de 2027, el Gobierno estableció como referencia la suma de la inflación proyectada para 2026 y el indicador de productividad laboral. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) prevé presentar su cálculo de productividad en noviembre, mientras que los indicadores de precios relevantes se conocerán entre finales de ese mes y comienzos de diciembre.

El calendario fija el 15 de diciembre como fecha límite para lograr un acuerdo entre las partes. Si no se alcanza un consenso, el Gobierno podrá establecer el incremento mediante decreto entre el 28 y el 31 de diciembre, conforme al procedimiento legal.

La sesión hace parte de la ruta definida el 1 de octubre, durante la primera reunión extraordinaria de la comisión, encabezada por la ministra del Trabajo, Natalia López. En esa oportunidad se estableció un plazo hasta el 9 de octubre para que empresarios y trabajadores presentaran observaciones sobre las normas sometidas a revisión, las cuales serían examinadas por una mesa técnica y jurídica.

El salario mínimo básico vigente en 2026 es de $1.750.905. De acuerdo con la información citada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el ajuste beneficia directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores, en un mercado laboral donde la informalidad supera el 54 %.

Entre las propuestas mencionadas por los gremios empresariales figura un incremento de entre el 8 % y el 9,5 %. Davivienda proyecta un ajuste del 8,5 %, que situaría el salario básico cerca de los $1,9 millones. Algunos analistas contemplan un aumento próximo al 10 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima una inflación del 6 % para el cierre de 2026.

La negociación también coincide con la expectativa de una decisión del Consejo de Estado sobre las demandas que buscan anular el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo de 2026. Como antecedente, en 2017 el alto tribunal anuló un decreto salarial por considerar insuficiente su motivación, aunque protegió los pagos que ya habían recibido los trabajadores.

La definición del nuevo salario dependerá de las cifras oficiales de inflación y productividad, así como de las propuestas presentadas por los sectores convocados. El objetivo del proceso es alcanzar un acuerdo dentro de los plazos establecidos; de lo contrario, corresponderá al Gobierno fijar el incremento por decreto.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes participan en la negociación del salario mínimo para 2027?

La mesa de concertación está integrada por el Gobierno nacional, gremios empresariales como la Andi y Fenalco, centrales obreras como la CUT y la CGT, y representantes de los pensionados.

¿Bajo qué criterios se definirá el aumento salarial?

El reajuste se calculará sumando la inflación proyectada para el cierre de 2026 y el indicador de productividad laboral que entregue el Departamento Nacional de Planeación.

¿Cuál es el plazo máximo para lograr un acuerdo?

Las partes tienen hasta el 15 de diciembre para concertar el incremento; de lo contrario, el Gobierno lo fijará por decreto entre el 28 y el 31 de diciembre.