Regreso silencioso de Alcocer a Colombia ¿Con qué recursos o quién hizo la compra del tiquete?

El regreso discreto de Verónica Alcocer a Colombia, en plena temporada de fin de año, volvió a instalar un debate que el Gobierno no ha aclarado con documentos ni explicaciones verificables con respecto a su situación jurídica, su relación actual con la Casa de Nariño y el uso de recursos públicos durante el tiempo que permaneció fuera del país.

La llegada se produjo sin anuncios oficiales, sin agenda pública y en medio de interrogantes sobre cómo pudo desplazarse y sostenerse en el exterior, estando incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton. Alcocer retornó tras varias semanas en Estocolmo, Suecia. Según BluRadio y La FM, desde el Ejecutivo se indicó que el viaje se realizó en vuelo comercial y sin apoyo estatal.

Sin embargo, analistas y sectores políticos plantean preguntas básicas que no han tenido respuesta oficial como ¿Quién pagó el tiquete?, ¿Bajo qué figura pudo adquirirlo?, ¿Qué mecanismos financieros utilizó para cubrir gastos de alojamiento, transporte y manutención, cuando las sanciones OFAC restringen el acceso a servicios bancarios, tarjetas de crédito y contratación directa de bienes y servicios?

La controversia se amplió luego de que el presidente Gustavo Petro, al referirse a la inclusión de su nombre y el de Alcocer en la lista OFAC, afirmara que “hace muchos años estamos separados”. Para analistas, esa declaración abrió un nuevo tema de conversación, si Alcocer no era entonces la primera dama ni la cónyuge del jefe de Estado, ¿Bajo qué justificación accedió durante años a esquemas de seguridad, contratos de apoyo, personal asignado y viajes asociados a la Presidencia?

En ese contexto, se recordó la contratación de un masajista personal con honorarios cercanos a los $10.000.000 millones de pesos mensuales, así como la posterior vinculación de asistentes, ayudantes y asesores, además de desplazamientos internacionales en comitivas oficiales. Los cuestionamientos se centran en por qué, si no existía un vínculo formal ni un rol institucional, esos gastos fueron asumidos con recursos del presupuesto público.

Tras su regreso, Alcocer visitó la Casa de Nariño y sostuvo encuentros privados, incluido uno con el Presidente. Aunque se insistió en el carácter personal de la visita, su ingreso a la sede presidencial reabrir el debate entre lo privado y lo institucional, sin que se haya informado si existe un acto administrativo que haya puesto fin al rol de la primera dama, de manera expresa, a cualquier esquema financiado por el Estado.

A esto se suman los cuestionamientos sobre su estancia en Suecia. Medios internacionales reportaron una vida sin restricciones, versión que fue rechazada por el Presidente. No obstante, persiste una pregunta central: ¿Cómo pudo sostenerse económicamente si la normativa OFAC impide abrir cuentas, usar tarjetas, firmar contratos de arriendo o comprar tiquetes a nombre propio?

Expertos plantean que, de existir intermediarios financieros o terceros que asumieran esos pagos, estos podrían quedar expuestos a sanciones. También se ha mencionado la existencia de procesos penales en curso por presunto peculado y malversación, sin que hasta ahora se conozca un pronunciamiento judicial de fondo.

El retorno de Alcocer no cerró la controversia, por el contrario, dejó en evidencia vacíos de control, falta de explicaciones oficiales y una cadena de preguntas sobre responsabilidades políticas y administrativas que siguen sin respuesta pública.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afectan la capacidad de las personas y empresas incluidas para operar en mercados internacionales, interactuar con entidades estadounidenses y acceder a sistemas financieros regulados por Estados Unidos.

Cabe recordar que la Lista Clinton, ha incluido hasta la fecha a 378 ciudadanos colombianos. Petro que también figura dentro de los registros, la inclusión responde a criterios históricos no detallados en la información oficial difundida por la autoridad norteamericana.

Dentro del pronunciamiento oficial, la Ofac precisó: “Las designaciones anunciadas forman parte de una acción coordinada para interrumpir redes internacionales que prolongan y agravan conflictos armados”.

La acción por parte de Trump busca restringir recursos logísticos, humanos y financieros que fortalezcan a actores armados responsables de la crisis humanitaria en Sudán.

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