Presidencia impugnó fallo de tutela presentado por Omar Alberto Franco Becerra ante juzgado laboral de Bogotá

La Presidencia de la República formalizó una impugnación contra un fallo de tutela emitido el 26 de agosto de 2026, dentro de un proceso judicial identificado con el expediente 1100131050052026102400 y promovido por Omar Alberto Franco Becerra.

El documento, fechado el 31 de agosto de 2026 y remitido al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, fue presentado por Carolina Jiménez Bellicia, quien actúa como apoderada judicial y señala contar con poder especial dentro del expediente.

De acuerdo con la comunicación oficial, la acción judicial tiene como accionante a Omar Alberto Franco Becerra, mientras que como accionados figuran el “Presidente de la República, Senado de la República de Colombia y Cámara de Representantes”.

En el oficio, la representante judicial de la Presidencia señala que, actuando dentro del término establecido por la normativa vigente, “presento la siguiente impugnación al fallo de tutela emitido el 26 de agosto de 2026”, decisión que, según precisa el documento, fue notificada mediante correo electrónico el mismo día.

La impugnación fue dirigida al despacho del juez Andrés Gómez Abadía, titular del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, instancia ante la cual deberá continuar el trámite correspondiente y determinarse el curso procesal del recurso presentado por la Presidencia.

Uno de los aspectos que se destaca en el documento es el relacionado con la oportunidad para presentar la impugnación. La Presidencia sostiene que la notificación del fallo fue recibida el 26 de agosto de 2026 a través de un mensaje de datos enviado al buzón electrónico institucional de notificaciones judiciales.

El texto indica que “el presente fallo de tutela se notificó por mensaje de datos, recibido en el buzón electrónico de la Presidencia de la República”, haciendo referencia al mecanismo utilizado para comunicar oficialmente la decisión judicial.

La argumentación está acompañada de una referencia a la Ley 2213 de 2022, normativa que regula, entre otros aspectos, la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y los mecanismos de notificación mediante mensajes de datos.

En una nota al pie, el documento señala que, conforme al artículo 8 de dicha ley, la notificación realizada por mensaje de datos se entiende surtida una vez transcurridos dos días hábiles después del envío correspondiente. La comunicación también hace referencia a criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-387-22 sobre la aplicación de estas disposiciones.

Aunque en la primera página del escrito se informa sobre la presentación formal de la impugnación, el documento expuesto no detalla los argumentos de fondo mediante los cuales la Presidencia busca controvertir la decisión adoptada el 26 de agosto. Estos razonamientos deberán estar contenidos en el desarrollo integral del recurso presentado ante el despacho judicial.

El proceso se produce en el marco de una acción de tutela, mecanismo consagrado en la Constitución colombiana para la protección inmediata de derechos fundamentales cuando estos se consideran vulnerados o amenazados.

Con la impugnación presentada, el trámite judicial entra en una nueva etapa procesal. Será la autoridad judicial competente la encargada de revisar los argumentos expuestos por las partes y adoptar una decisión sobre el recurso interpuesto contra el fallo de primera instancia.

El oficio quedó identificado bajo la referencia “Impugnación fallo de tutela” y registra como asunto la acción promovida por Omar Alberto Franco Becerra. La actuación fue remitida oficialmente por la Presidencia de la República el 31 de agosto de 2026, apenas cinco días después de que se produjera la decisión judicial que ahora es objeto de controversia.