Defensoría alertó por 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026

La muerte de tres menores de edad durante un reciente bombardeo ocurrido en El Retorno, Guaviare, volvió a poner en el centro del debate nacional la situación de niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales. Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la magnitud de este fenómeno y pidió fortalecer las acciones de prevención y protección de la población menor de edad en las zonas afectadas por el conflicto armado.

La entidad reveló que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 ha conocido 1.173 casos de reclutamiento de menores de edad en el país. Sin embargo, la Defensoría advirtió que esta cifra no refleja necesariamente la totalidad de los casos, debido a que existe un subregistro significativo.

“Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo conoció 1.173 casos de reclutamiento. Sabemos, además, que existe un importante subregistro”, señaló la institución.

De acuerdo con el pronunciamiento, numerosos casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes permanecen sin ser conocidos por las autoridades. Algunos de ellos solo salen a la luz cuando los menores mueren en medio de enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales o durante operativos desarrollados por la Fuerza Pública.

La Defensoría del Pueblo advirtió que esta realidad demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales para identificar los riesgos de reclutamiento antes de que los menores sean incorporados a las estructuras armadas.

“Muchos casos solo llegan a conocerse cuando los menores de edad mueren en combates entre grupos armados ilegales o en operativos de la Fuerza Pública”, alertó la entidad.

El pronunciamiento se conoció tras el reciente bombardeo en El Retorno, en el departamento del Guaviare, donde murieron tres menores de edad. La Defensoría aprovechó la situación para reiterar que el reclutamiento de personas menores de edad está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y responsabilizó directamente a los grupos armados que continúan realizando esta práctica.

“Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica”, expresó.

La institución enfatizó que los grupos armados ilegales son responsables por incorporar a menores de edad en sus estructuras. Sin embargo, también recordó que el hecho de haber sido reclutados no les hace perder su condición de víctimas y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para proteger sus vidas.

“Los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”, indicó la Defensoría.

El debate sobre la protección de menores en medio de las operaciones militares ha cobrado nuevamente relevancia luego de los hechos registrados en Guaviare. La entidad insistió en la necesidad de que las autoridades evalúen las circunstancias de cada situación y adopten medidas que permitan reducir los riesgos para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento.

Además de su llamado a fortalecer las precauciones durante los operativos, la Defensoría pidió reforzar las estrategias de prevención en los territorios donde los grupos armados ilegales ejercen presencia e influencia sobre las comunidades.

Uno de los principales llamados fue dirigido a la reactivación y fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, conocida como CIPRUNNA. Esta instancia tiene como propósito articular las acciones institucionales orientadas a prevenir que niñas, niños y adolescentes sean vinculados a grupos armados ilegales.

“Urge fortalecer la prevención y reactivar la CIPRUNNA”, manifestó la Defensoría del Pueblo.

La entidad aseguró que está dispuesta a trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones encargadas de administrar justicia para construir mecanismos que permitan prevenir nuevos casos.

“La Defensoría del Pueblo está dispuesta a trabajar con el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar nuevos reclutamientos y que más niñas, niños y adolescentes mueran en combates u operativos militares”, concluyó.