Petro estableció control central de vocerías y condicionó declaraciones de ministros a autorización previa

Será Petro el encargado de fijar las posiciones institucionales en temas estratégicos, así quedó consignado en un documento, expedido durante su administración, que determina que el jefe de Estado asumirá la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales. La medida también fija lineamientos para la participación de ministros, directores de departamentos administrativos y otros funcionarios en escenarios públicos y ante medios de comunicación.

Según la directiva, los ministros podrán ejercer vocería únicamente en los temas relacionados con sus respectivas carteras, pero tendrán que contar con autorización expresa del presidente. Además, sus intervenciones serán ajustadas a la línea institucional previamente definida por el Gobierno Nacional.

La disposición también establece límites para otros funcionarios del Ejecutivo. Directores, gerentes y servidores públicos de menor rango podrán pronunciarse exclusivamente sobre asuntos de su competencia, sin abordar temas relacionados con la definición de políticas o estrategias del Gobierno. En estos casos, se indica que deberán respetar los lineamientos institucionales y las orientaciones fijadas desde la Presidencia.

El documento señala que todas las entidades del Estado coordinarán sus comunicaciones con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia, con el objetivo de mantener coherencia en los mensajes emitidos por el Ejecutivo. Esta coordinación aplicará para cualquier pronunciamiento que pueda tener impacto en la gestión del Gobierno.

En el texto también se hace referencia a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, en el que se define la estructura del Gobierno Nacional como una unidad conformada por el presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Bajo este marco, la directiva establece que la vocería oficial se centraliza en la figura del mandatario.

Adicionalmente, se indica que los servidores públicos no podrán fijar posiciones políticas ni referirse a estrategias del Gobierno Nacional en sus intervenciones. La norma establece que las comunicaciones deben limitarse a información relacionada con la gestión institucional, dentro de los parámetros definidos por la administración.

La medida incluye la instrucción de que cualquier comunicación pública que pueda incidir en el desarrollo de las actividades del Gobierno deberá ser previamente articulada con la oficina encargada de comunicaciones en la Casa de Nariño. Esta dependencia será la responsable de coordinar los mensajes institucionales y verificar su coherencia con la línea oficial.

La expedición de esta directiva se produce en un contexto en el que diferentes funcionarios del Ejecutivo han participado en espacios mediáticos, generando pronunciamientos sobre asuntos internos de la administración. En ese escenario, la Presidencia definió los nuevos lineamientos para regular la vocería institucional.

El documento establece que estas disposiciones aplican a todas las entidades del orden nacional y tendrán que cumplirse en el desarrollo de las funciones públicas. Asimismo, precisa que las comunicaciones deberán caracterizarse por el rigor técnico y la coherencia con las posiciones definidas por el Gobierno.

Con esta directriz, el Ejecutivo fijó un esquema en el que la emisión de mensajes oficiales queda centralizada en la Presidencia, mientras que las intervenciones de otros funcionarios estarán sujetas a autorización previa y a los lineamientos establecidos en el documento firmado por el mandatario.

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