Registraduría alertó riesgos electorales en 104 municipios y pidió reforzar seguridad

A pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su preocupación por las condiciones de seguridad en distintas zonas del país donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y se ha denunciado la coerción por parte de estos contra la población.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que al menos 104 municipios fueron identificados con alto riesgo electoral, situación que, según indicó obligó a reforzar las medidas de protección y coordinación institucional.

Penagos señaló que el principal objetivo consistía en garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin presiones, por lo cual insistió en que las autoridades debían asegurar el ingreso del material electoral y el normal desarrollo de la jornada democrática en los territorios más afectados por problemas de orden público.

El funcionario explicó que la Registraduría tenía lista toda la logística para las elecciones, incluyendo la distribución del material electoral, la capacitación de los jurados de votación y la preparación de las comisiones escrutadoras, sin embargo, advirtió que el mayor desafío permanece en las regiones donde operan estructuras ilegales.

“Es necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, manifestó el Registrador.

Entre las zonas que han generado mayor preocupación se han incluido regiones como Catatumbo, en Norte de Santander, así como López de Micay y El Plateado, en el departamento del Cauca, territorios donde las autoridades han reportado confrontaciones armadas y dificultades de acceso institucional.

Penagos también anunció que, junto con la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, se revisaría el denominado Plan Democracia para evaluar las condiciones de seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva, se aseguró que el propósito de estas reuniones fue coordinar acciones que permitieran brindar garantías durante la jornada electoral.

El registrador sostuvo que los riesgos para el proceso democrático no solo provenían de posibles alteraciones logísticas, sino también de prácticas ilegales como la compra de votos, la coacción a los electores y el uso indebido de recursos públicos en campañas políticas.

Las advertencias de la Registraduría coincidieron con alertas emitidas anteriormente por entidades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, ya desde octubre de 2025, el Gobierno nacional había señalado la existencia de riesgos electorales en varios municipios afectados por economías ilegales y presencia de grupos armados.

En medio de este panorama, la Registraduría informó que fueron designados 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales, de los cuales más de 708.000 actuarían como principales y cerca de 142.000 como remanentes.

La selección, de acuerdo a lo que dijeron, se realizó mediante sorteos adelantados entre el 4 y el 6 de mayo con acompañamiento de organismos de control, organizaciones políticas y autoridades locales.

También se confirmó que las capacitaciones para jurados comenzaron el 11 de mayo en Bogotá y otras ciudades del país en diferentes jornadas programadas durante el día.

Finalmente, Penagos reiteró que la prioridad institucional se centró en garantizar unas elecciones transparentes, seguras y con plenas garantías democráticas para todos los ciudadanos, especialmente en las regiones donde las condiciones de seguridad continuaban siendo complejas.

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