“Dueños de fondos privados de pensiones y EPS manejan ahorro público”, dijo Petro en Consejo de Ministros

El presidente Petro, durante el Consejo de Ministros afirmó que la legitimidad del Gobierno provenía del mandato popular y del cumplimiento del programa de gobierno, y reiteró la necesidad de ejercer plenamente las competencias establecidas en la Constitución, en particular las relacionadas con la dirección de la Fuerza Pública, el orden público y la inspección, vigilancia y control sobre el sistema financiero.

Uno de los temas que más estuvo sobre la mesa fue el de los fondos de pensiones, sobre el cual Petro sostuvo que el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, perteneciente a la Reforma Pensional, que está en revisión constitucional, ordenaba que los recursos de los afiliados a los fondos privados trasladados a Colpensiones, debían ser girados al régimen público una vez estas personas adquieran el derecho a pensionarse.

Sobre el tema, el jefe de Estado aseguró que “los señores dueños de las administradoras de fondos privados de pensiones que manejan el ahorro público de las cotizaciones de los trabajadores, y son los dueños de las EPS”.

Para luego decir que por ello había dos problemas, el primero con las EPS que, dijo, buscaban magistrados amigos para escaparse de la función y competencia del presidente. “Y otro, con los señores dueños de los fondos privados de pensiones, que son los dos banqueros más grandes de Colombia y los más ricos, que también hacen lo mismo para escaparse del control del Presidente de la República”, tras lo cual explicó que él tenía una competencia constitucional y la ejercía “porque si no, ¿para qué me eligieron?", dijo Petro.

De acuerdo con lo expuesto en el Consejo de Ministros, el Gobierno denunció que los fondos privados de pensiones habrían retenido recursos estimados entre 5 y 6,6 billones de pesos asociados a personas trasladadas al sistema público, y que existían disputas sobre el giro de estos recursos a Colpensiones. También se mencionaron decisiones judiciales y medidas cautelares relacionadas con estos procesos.

Por lo cual el mandatario instruyó a las autoridades jurídicas del Ejecutivo a adelantar acciones penales y administrativas frente a eventuales obstáculos al proceso de traslado y a la circulación de información considerada falsa sobre el sistema pensional.

Además, se presentaron proyecciones del sistema pensional para este año, estimando un presupuesto de 83,1 billones de pesos, de los cuales 49,1 billones corresponderían al Ministerio del Trabajo para el pago de pensiones.

Por otra parte, y en materia de orden público, Petro reiteró que la paz constituía un mandato constitucional y defendió el marco legal de la política de “Paz Total”. Sobre el tema, además, informó sobre la autorización de zonas de ubicación temporal para grupos armados ilegales en el marco de los procesos de negociación, tras una reunión con la Consejería Comisionada de Paz.

El presidente afirmó que las decisiones relacionadas con extradiciones dependían de la evaluación del avance de los procesos de paz y del marco normativo vigente.

En otro orden de aspectos, en el Consejo de Ministros también se abordó el impacto de las economías ilícitas en el conflicto armado, acerca del tema se aseguró que el oro se había convertido en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales, junto con el narcotráfico.

Petro mencionó que entre 2020 y 2026 el país habría perdido cerca de 18.000 millones de dólares por exportaciones de oro no registradas, asociadas a minería ilegal o informal. Indicó además que este fenómeno tendría implicaciones fiscales, al tratarse de recursos que no ingresaron al sistema económico formal.

Finalmente, el Gobierno reiteró su intención de avanzar en cambios estructurales de largo plazo y mencionó la posibilidad de promover reformas constitucionales para ampliar el alcance de la Constitución de 1991 en materia social.

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