Petro confirmó retiro de siete peajes en la vía Cartagena–Barranquilla tras fin anticipado de concesión
El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de siete peajes ubicados en la Costa Atlántica, medida que se hará efectiva con la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, corredor vial que conecta a Cartagena con Barranquilla y atraviesa municipios de Atlántico y Bolív
El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de siete peajes ubicados en la Costa Atlántica, medida que se hará efectiva con la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, corredor vial que conecta a Cartagena con Barranquilla y atraviesa municipios de Atlántico y Bolívar.
La decisión fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde indicó que el mismo esquema se aplicará en otras regiones del país.
Con la finalización del contrato, se desmontará el sistema de cobro que estaba proyectado para operar durante más de tres décadas y que había generado inconformidad entre habitantes, comerciantes y transportadores de la región. Los peajes que dejarán de funcionar son Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca, estaciones que hacían parte del modelo de financiación de la concesión.
El proceso de reversión del corredor vial comenzará este 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año. Durante este periodo, la administración, operación y mantenimiento de la vía serán transferidos al Instituto Nacional de Vías (Invías), que asumirá la gestión directa del tramo una vez concluya la etapa de transición. Hasta entonces, la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S. continuará operando la carretera y administrando los peajes que permanecen activos.
La supresión de estos puntos de cobro se convirtió en uno de los principales reclamos sociales en el norte del país. Comunidades locales señalaron que las tarifas afectaban los desplazamientos cotidianos y encarecían el transporte de bienes y servicios en los municipios aledaños al corredor. Estas inconformidades derivaron en protestas sostenidas que incidieron en el desarrollo del proyecto.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que la terminación anticipada del contrato fue el resultado de una negociación con la concesionaria, luego de que esta solicitara en mayo de 2024 poner fin al acuerdo ante un Tribunal de Comercio Internacional. En su reclamación inicial, Autopistas del Caribe argumentó inviabilidad financiera por el bajo recaudo, la imposibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje y las afectaciones derivadas de las manifestaciones ciudadanas.
La concesionaria solicitó inicialmente el reconocimiento de perjuicios por más de 1,29 billones de pesos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado redujo de manera sustancial ese monto y evitó un litigio que, según la ANI, podría haberse prolongado por varios años. Los recursos pactados para el cierre del contrato provendrán del Patrimonio Autónomo del proyecto y no del Presupuesto General de la Nación.
Durante su operación desde 2021, Autopistas del Caribe reportó labores de mantenimiento, conservación vial y programas sociales en municipios de Atlántico y Bolívar. No obstante, el debate público se mantuvo centrado en el impacto económico de los peajes, factor que terminó siendo determinante en la decisión de poner fin al esquema concesionado y avanzar hacia un modelo de administración pública del corredor.


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