Paloma Valencia citará a debate de control político por presunto entramado entre disidencias de ‘Calarcá’ y miembros del Estado

La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia anunció este lunes que citará a un debate de control político a varios altos funcionarios del Gobierno Nacional, tras conocerse un presunto entramado de corrupción que involucraría a integrantes de las disidencias de ‘Calarcá’, miembros del Ejército y autoridades estatales. La legisladora afirmó que la situación exige explicaciones inmediatas por parte del Ejecutivo y de los organismos de control, dada la gravedad de las denuncias que han salido a la luz pública.

Valencia confirmó que el llamado al Congreso incluirá al ministro del Interior, Armando Benedetti; al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y al director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus. De igual manera, indicó que invitará a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el fin de que aporte información sobre los hechos y detallen las actuaciones institucionales adelantadas frente a este caso.

Según la senadora, los funcionarios deberán aclarar “qué es lo que está pasando” y explicar la naturaleza de los presuntos vínculos entre sectores del Estado y la estructura ilegal de ‘Calarcá’. Entre las denuncias conocidas figuran supuestas relaciones estrechas con integrantes de las disidencias, así como ofrecimientos para crear una red de empresas de seguridad que permitiría incorporar jóvenes a la “legalidad”, lo que, de acuerdo con Valencia, equivaldría a la creación de una “guerra híbrida contra los colombianos”.

La congresista también señaló responsabilidades políticas directas del presidente Gustavo Petro en la situación. Recordó que el general (r) Eduardo Zapateiro había retirado previamente de su cargo al coronel Óscar Alexander Huertas, y cuestionó que el mandatario decidiera reincorporarlo. Para Valencia, este antecedente refuerza la necesidad de que el Ejecutivo precise las circunstancias en las que se tomaron las decisiones relacionadas con los mandos militares que ahora figuran en las investigaciones.

Así mismo, la precandidata criticó a la Fiscalía General de la Nación, al afirmar que la entidad habría tenido información sensible sobre estos hechos durante más de un año sin hacerla pública ni avanzar en acciones de fondo. En su declaración, insistió en que la fiscal general debe explicar al país los motivos por los cuales los datos permanecieron “guardados en un escritorio”, pese a la gravedad de los señalamientos.

Valencia sostuvo que el debate de control político será un espacio para que los funcionarios hagan claridad sobre los procedimientos, comunicaciones, reportes de inteligencia y decisiones administrativas adoptadas en el marco de este caso. Subrayó además que la ciudadanía necesita conocer con precisión el alcance de los hechos y las responsabilidades institucionales que eventualmente puedan desprenderse.

Finalmente, la senadora advirtió que “aquí hay muchos que están teniendo que renunciar”, en referencia a quienes según ella tendrían responsabilidades políticas y administrativas frente a los episodios revelados. También reiteró que seguirá impulsando las acciones necesarias para que el Congreso supervise el manejo de esta situación y se esclarezcan los posibles riesgos para la seguridad nacional y para la confianza en las instituciones.