MinTIC puso a discusión decreto que regula riesgos, contenidos y protección de menores en internet

Dicha Ley está centrada en la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La iniciativa estará abierta a comentarios hasta el 26 de abril, en cumplimiento del Decreto 0385 de 2026, y se presenta como la segunda fase de participación ciudadana sobre una propuesta que ya acumuló observaciones previas y mesas técnicas.

De acuerdo con la entidad, el borrador normativo es resultado de un proceso en el que se recopilaron 239 observaciones ciudadanas y se realizaron ocho espacios de discusión con actores institucionales y privados. En esas mesas participaron entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto con representantes de la industria tecnológica, organizaciones civiles y gremios de telecomunicaciones.

El proyecto establece un conjunto de medidas orientadas a regular riesgos digitales, sin desconocer, según el propio Ministerio, la necesidad de respetar derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. En ese marco, el texto incorpora disposiciones que buscan evitar escenarios de censura previa o intervenciones consideradas desproporcionadas sobre contenidos o comunicaciones.

Uno de los componentes centrales es la creación de un Sistema Integrado de Monitoreo, planteado como un esquema de interoperabilidad entre entidades para identificar riesgos en línea y activar rutas de protección. El Ministerio precisa que este modelo incluiría principios de privacidad desde el diseño y que, en su formulación, se excluye la posibilidad de realizar monitoreo generalizado o indiscriminado sobre usuarios o contenidos.

En paralelo, el decreto propone la consolidación de un repositorio público de buenas prácticas, bajo la coordinación del Ministerio de Educación. Este espacio estaría orientado a reunir herramientas pedagógicas, contenidos formativos y mecanismos de control parental dirigidos tanto a instituciones educativas como a familias, con el objetivo de fortalecer capacidades en alfabetización digital y uso seguro de tecnologías.

El documento también introduce la figura de acuerdos de corregulación con el sector tecnológico. A través de estos, el Gobierno busca promover la adopción de estándares de seguridad desde el diseño de plataformas y servicios digitales, en coordinación con la industria del software y proveedores de servicios. Según el Ministerio, esta estrategia pretende mitigar riesgos tecnológicos emergentes sin imponer restricciones que afecten el desarrollo o la innovación en el sector.

Otro de los ejes incluidos en la propuesta es la financiación de programas de educación digital segura mediante recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estos fondos estarían dirigidos a iniciativas de formación en uso responsable de herramientas digitales y prevención de violencias en línea, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

El enfoque del decreto se sustenta en el principio de corresponsabilidad, que distribuye obligaciones entre el Estado, las familias, las plataformas digitales y la comunidad educativa. Bajo este esquema, la protección de menores en internet no se limita a la intervención estatal, sino que involucra acciones coordinadas de múltiples actores del ecosistema digital.

La apertura de la consulta pública se produce en un contexto de creciente discusión sobre la regulación de contenidos en línea y los límites de intervención estatal en plataformas digitales. El Ministerio ha señalado que el objetivo de esta etapa es recoger nuevas observaciones que permitan ajustar el texto antes de su eventual expedición.

Durante el periodo habilitado, ciudadanos, organizaciones y empresas podrán presentar comentarios, propuestas y observaciones sobre el articulado del decreto a través de los canales dispuestos por la entidad. El Ministerio ha insistido en que este proceso busca ampliar la discusión técnica y social sobre un marco normativo que impacta tanto a usuarios como a proveedores de servicios digitales.

La publicación del borrador marca un nuevo paso en la reglamentación de la Ley 2489 de 2025, mientras se mantiene abierto el debate sobre el alcance de las medidas, los mecanismos de supervisión y el equilibrio entre protección de menores y garantías en el entorno digital.

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