MinSalud enviará un equipo forense a revisar "cada contrato, cada factura, cada peso" del Hospital Departamental de San Andrés

El Ministerio de Salud anunció una auditoría forense al hospital de San Andrés para examinar contratos, facturas y movimientos financieros, luego de que se conocieran denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos y dificultades en la prestación de los servicios médicos. La revisión se realizará en medio de la intervención administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

La cartera concentrará las verificaciones en tres aspectos: equipos médicos que presuntamente permanecen almacenados sin entrar en funcionamiento, posibles nóminas paralelas y contratos que requieren una revisión detallada. El objetivo es establecer si los recursos asignados al centro asistencial fueron utilizados conforme a las necesidades de atención y a las obligaciones contractuales.

Para desarrollar el proceso, el Ministerio anunció cuatro acciones. La primera consiste en conformar un equipo forense que examine la contratación, las facturas y los movimientos de dinero. La segunda contempla el acompañamiento de un grupo técnico para recuperar la capacidad de atención del hospital. A estas medidas se suman la llegada de una nueva ambulancia a la isla y el fortalecimiento de los equipos biomédicos de la institución.

La ministra de Salud, Vesga, aseguró que las posibles irregularidades serán objeto de investigación y afirmó que se revisarán los contratos y los soportes financieros. También recordó que los recursos públicos destinados a la salud deben garantizar la atención de los pacientes, el pago del personal sanitario, la adquisición de medicamentos y el funcionamiento de los servicios.

A través de su cuenta en X, el Ministerio informó que cerca de 4.900 pacientes del archipiélago habían recibido atención en el marco del Plan de Choque en Salud. Sin embargo, la entidad no precisó cuántos contratos serán auditados ni el monto total de los recursos que estarán bajo revisión.

El anuncio se conoció después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara, el 16 de octubre, la intervención forzosa administrativa del hospital durante un año. La medida implica que el Estado asume temporalmente su administración mediante un agente especial interventor, responsabilidad que quedó en manos de la médica Marjorie Englehard Archbold.

Según el organismo de vigilancia, la decisión respondió al incumplimiento reiterado de los planes de mejoramiento exigidos desde 2022. Durante una visita de inspección realizada entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, los funcionarios encontraron dificultades que comprometían la capacidad operativa de la institución.

El informe señaló que 13 de los 59 servicios habilitados no estaban en funcionamiento. También reportó que el hospital disponía de un solo cirujano general, que había pacientes con más de un año de espera para procedimientos quirúrgicos y que permanecían pendientes de lectura 3.676 estudios de radiología.

Estos hallazgos evidenciaron dificultades en la oportunidad de la atención y en la disponibilidad de servicios especializados para los habitantes de San Andrés.

En materia financiera, la Supersalud advirtió sobre la falta de confiabilidad de los estados financieros y un rezago de facturación cercano a los 3.605 millones de pesos, con corte a diciembre de 2025.

El organismo también reportó un anticipo de 858 millones de pesos, equivalente al 50 % del valor de una máquina para tratar residuos biológicos. Según la información divulgada, el equipo no había sido entregado porque el hospital no realizó las adecuaciones físicas requeridas.

La institución atiende a una población superior a los 60.000 usuarios, por lo que la recuperación de su capacidad operativa constituye uno de los objetivos centrales de la intervención.

La revisión anunciada por el Ministerio coincide con pronunciamientos del presidente Abelardo De La Espriella, quien pidió investigar posibles anomalías en contratos de aseo, radiología y alquiler de fotocopiadoras. El mandatario mencionó un contrato de estos últimos servicios por 60 millones de pesos mensuales y señaló posibles vínculos entre algunos contratos y personas cercanas a la Gobernación.

Esos señalamientos corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Por instrucción presidencial, la Secretaría de Transparencia solicitó la actuación coordinada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para examinar el manejo de los recursos públicos en el archipiélago.

Mientras avanzan las verificaciones, el hospital deberá afrontar tanto la revisión de su gestión administrativa como las medidas dirigidas a restablecer los servicios que no se encuentran operativos. Las eventuales responsabilidades dependerán de los resultados de las auditorías y de las decisiones de los organismos de control.