Contraloría de Bogotá confirmó fallo fiscal por $36.400 millones por la sede inconclusa de la Alcaldía Local de Teusaquillo

La Contraloría de Bogotá documentó un detrimento patrimonial superior a $36.400 millones relacionado con un proyecto de infraestructura pública que quedó inconcluso y no cumplió el propósito para el que fue contratado. El organismo de control identificó deficiencias en la ejecución de la obra, posibles fallas en la interventoría y gastos adicionales que tuvo que asumir la administración distrital ante la falta de una sede propia.

Como parte de las actuaciones, se ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias. La decisión no implica, por sí sola, que exista responsabilidad penal de las personas involucradas.

El proceso de responsabilidad fiscal busca determinar si servidores públicos o particulares que administraron recursos estatales ocasionaron un daño al patrimonio público por acción u omisión. Su finalidad es establecer la obligación de resarcir los recursos afectados, por lo que se diferencia de las actuaciones penales y disciplinarias. Los fallos fiscales pueden someterse posteriormente al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Hasta ahora, la información conocida no precisa los nombres de todas las personas, empresas contratistas o aseguradoras declaradas responsables, ni establece qué proporción del monto corresponde a cada una.

La reconstrucción del proyecto indica que su desarrollo atravesó varias administraciones distritales. El contrato de obra número 088 fue adjudicado a finales de 2016 al consorcio JR Sede, mientras que la interventoría quedó a cargo del consorcio Velnec GNG 2017 desde 2017, luego de que el consorcio San Bartolomé cediera ese contrato.

La entrega estaba prevista para 2019. Sin embargo, el plazo fue prorrogado hasta el 19 de julio de 2021, fecha en la que venció el término contractual sin que el edificio hubiera sido recibido.

Los informes técnicos también registraron dificultades durante la construcción. En diciembre de 2020, varios peritajes identificaron diferencias entre los trabajos ejecutados, la licencia de construcción y los diseños aprobados. Según el organismo de control, esas inconsistencias no fueron advertidas oportunamente por la interventoría.

En uno de los balances divulgados durante el seguimiento, la Contraloría reportó un avance físico cercano al 80 %, sin que ello se tradujera en la entrega de la infraestructura para prestar el servicio previsto.

Entre las situaciones documentadas figuran problemas en los sistemas de comunicaciones, la logística y la seguridad industrial. También se señalaron la ausencia de baños públicos, inundaciones y deterioro en zonas cercanas a los sótanos, además de posibles afectaciones a predios vecinos y debilidades en los controles de supervisión contractual.

El cálculo del detrimento contempla varios componentes: el valor de la obra que quedó sin terminar, el contrato de interventoría que avaló su ejecución, los estudios técnicos contratados posteriormente y los pagos por arrendamientos que la administración debió realizar al no contar con una sede propia.

Arístides Herrera, director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, señaló que el proyecto superó los $36.400 millones y terminó sin cumplir la finalidad para la cual se destinaron los recursos públicos.

En abril, la contralora auxiliar Verónica Peláez Gutiérrez también había cuestionado que se comprometiera presupuesto en una infraestructura que no fue entregada ni respondió a las condiciones previstas.

La remisión de copias busca que la Fiscalía examine los hechos que puedan tener relevancia penal. Esa actuación es independiente del proceso fiscal y deberá determinar si existen elementos para avanzar en eventuales investigaciones.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría de Bogotá confirmó un fallo fiscal de $36.400 millones?

La decisión se tomó debido al daño patrimonial causado por la sede inconclusa de la Alcaldía Local de Teusaquillo, una obra contratada en 2016 que casi una década después no ha sido entregada.

¿Qué irregularidades se encontraron en la ejecución del proyecto?

Se identificaron fallas en la interventoría, diferencias entre lo construido y los diseños aprobados, inundaciones, falta de baños públicos y un avance físico que se estancó en el 80% sin prestar servicio.

¿Qué componentes integran el monto total del detrimento patrimonial?

El cálculo incluye el valor de la obra sin terminar, el costo de la interventoría, estudios técnicos posteriores y los gastos de arrendamiento que el Distrito debió pagar al no tener una sede propia.

¿Qué otras acciones legales se ordenaron tras este fallo?

La Contraloría ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles responsabilidades penales relacionadas con el manejo de estos recursos públicos.