MinHacienda propuso cambiar la fórmula que ajusta las pensiones de un salario mínimo pagadas por aseguradoras

El Gobierno nacional puso sobre la mesa un proyecto de decreto que modificaría el mecanismo mediante el cual el Estado cubre parte del riesgo financiero asociado a las rentas vitalicias de un salario mínimo. La iniciativa plantea cambiar la fórmula utilizada para calcular el denominado deslizamiento del salario mínimo, un factor que influye en el costo de las obligaciones pensionales asumidas por las aseguradoras de vida.

Las rentas vitalicias son una modalidad de pensión en la que un afiliado contrata con una compañía aseguradora el pago de una mesada durante toda su vida. Cuando esa prestación equivale a un salario mínimo, la legislación exige que su valor aumente anualmente en el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario.

Como el salario mínimo puede subir por encima de la inflación, las aseguradoras deben asumir un costo adicional para mantener el pago de las mesadas. Este fenómeno se conoce como deslizamiento y cuenta con un mecanismo de cobertura estatal destinado a distribuir el riesgo financiero.

El proyecto propone modificar las reglas establecidas en el Decreto 1485 de 2025, que determinó un parámetro de referencia calculado a partir del mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35 % del promedio de la inflación durante el mismo periodo.

Con el nuevo planteamiento, la inflación dejaría de formar parte de ese cálculo. El parámetro se determinaría exclusivamente mediante el promedio aritmético del crecimiento real anual de la productividad de la última década, expresado en porcentaje, redondeado a dos decimales y con un valor mínimo de cero.

Según la información divulgada sobre el borrador, el cambio sustituiría el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, que compila las disposiciones reglamentarias del sistema pensional, y recuperaría el criterio utilizado antes de la modificación de 2025.

El mecanismo conservaría tres posibles resultados anuales. En el escenario positivo, el Estado asumiría la diferencia correspondiente, previa autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). En el negativo, las aseguradoras deberían reintegrar recursos, mientras que en el neutro no habría transferencias entre las partes.

La propuesta también mantiene la disposición según la cual no se reconocerían intereses por demoras en los giros estatales.

Uno de los argumentos expuestos para promover el ajuste está relacionado con el capital necesario para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo.

De acuerdo con la memoria justificativa citada por medios de comunicación, ese monto pasó de aproximadamente 350 millones de pesos en 2025 a cerca de 550 millones en 2026, un incremento del 57 %.

La variación habría incidido en la contratación de esta modalidad pensional. Las cifras divulgadas indican que la emisión de rentas vitalicias descendió de 6.478 durante el primer semestre de 2025 a 2.319 en el mismo periodo de 2026.

Al cierre de 2025, el mercado registraba alrededor de 107.000 rentas vitalicias. Por su parte, las estimaciones oficiales citadas por la prensa situaron en aproximadamente 0,68 billones de pesos de 2025 el costo fiscal directo asociado con la medida.

La cobertura contemplada en el proyecto se aplica a las rentas vitalicias inmediatas y diferidas cuya mesada corresponde a un salario mínimo. Para las pólizas expedidas bajo las reglas de 2025, el borrador permitiría acordar modificaciones entre las aseguradoras y los tomadores, con respeto por los derechos adquiridos y la suficiencia de las reservas.

Asofondos, gremio que representa a los fondos privados de pensiones, manifestó su respaldo a la iniciativa. Su presidente, Andrés Velasco, cuestionó la fórmula vigente y la calificó como «antitécnica». También aseguró que la organización había solicitado revisar el mecanismo desde su expedición.

El proyecto busca modificar las condiciones financieras de la cobertura sin eliminar su estructura básica. Su alcance definitivo dependerá del trámite correspondiente y de las disposiciones que finalmente adopte el Gobierno. Mientras tanto, el debate se concentra en el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, los costos asumidos por las aseguradoras y la financiación de las pensiones mínimas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone el Ministerio de Hacienda respecto a las pensiones de un salario mínimo?

El Gobierno publicó un proyecto de decreto para modificar la fórmula que calcula el "deslizamiento del salario mínimo" en las rentas vitalicias, eliminando el componente de inflación del cálculo.

¿Por qué se busca realizar este cambio en la fórmula?

El objetivo es abaratar el costo de estas pensiones y reactivar su emisión, la cual cayó un 64 % en el primer semestre de 2026 debido al fuerte incremento en el capital necesario para financiarlas.

¿Cómo afectará este cambio a las aseguradoras y al Estado?

La nueva fórmula se basará solo en el promedio de productividad de la última década, permitiendo que el Estado cubra parte del riesgo financiero cuando el salario mínimo suba por encima de este indicador.