MinMinas advirtió en Barranquilla que normalizar el suministro de gas tomará entre tres y cuatro años y pidió al país asumir la crisis eléctrica del Caribe

La audiencia pública fue convocada por la Comisión Quinta del Senado, encargada de los asuntos mineroenergéticos. Se realizó en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz con una agenda que se extendía hasta las 5:00 p. m. Asistieron la ministra Arboleda; la directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Adriana Jiménez; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; voceros de Air-e, intervenida por el Estado, y de Afinia, además de congresistas de la región.

El objetivo, según los organizadores, era salir del encuentro con una matriz de compromisos con responsables y plazos definidos. Esos compromisos debían cubrir las tarifas, la sostenibilidad de las comercializadoras y la seguridad energética de cara al fenómeno de El Niño.

La jefe de la cartera explicó que el déficit de gas natural es consecuencia de años de rezago en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. Por eso, recuperar la suficiencia del país no será inmediato. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en plantas de regasificación, que convierten en gas el combustible importado en estado líquido. La ministra admitió que ese gas importado será más costoso, pero lo calificó como necesario.

Entre las acciones a mediano plazo, Arboleda mencionó el destrabe de consultas previas y licencias ambientales, con apoyo de los ministerios del Interior y de Ambiente. También citó la búsqueda de gas incremental a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el proyecto costa afuera Sirius, que se espera entre en operación hacia 2030 o 2031. Según las estimaciones presentadas, ese proyecto podría multiplicar casi por seis las reservas de gas del país.

La ministra insistió en que la transición energética continúa, pero que su ritmo dependerá de garantizar la seguridad del suministro. Por eso planteó no desmontar las plantas térmicas que sirven de respaldo al sistema.

Sobre la situación de las empresas del Caribe, Arboleda señaló que el recaudo en la región "difícilmente alcanza" el 70 % o 72 % de la energía facturada. Advirtió que sin ingresos suficientes no hay inversión, y que sin inversión cae la calidad del servicio. Hizo un llamado a gremios, generadores hídricos y térmicos y al Congreso para asumir una "responsabilidad colectiva" y evitar rentas excepcionales que pongan en riesgo el sistema.

En la misma jornada, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, afirmó que la compañía requiere unos 800.000 millones de pesos para operar hasta el 31 de diciembre. El gobernador Verano, por su parte, pidió crear una mesa nacional de seguridad energética para 2026 y 2027, con el fin de evitar un racionamiento como el de 1992.

La ministra recordó que la medida de uso racional fija una línea base de consumo con un margen del 10 %. Solo quienes superen ese límite tendrán recargos, y únicamente sobre los kilovatios excedentes.

El senador Camilo Torres, promotor de la audiencia, pidió al Gobierno explicar qué pasará con los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Según él, el sector minero-energético tuvo un recorte cercano a 3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2027. También solicitó que el Ministerio de Hacienda participe en las soluciones financieras para las comercializadoras.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuánto tiempo tardará Colombia en normalizar el suministro de gas?

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, estimó que el país necesitará entre tres y cuatro años para estabilizar el abastecimiento de gas natural.

¿A qué se debe el déficit actual de gas y cómo se planea solucionar?

La crisis es consecuencia del rezago en exploración y desarrollo de yacimientos; para enfrentarla, el Gobierno recurrirá a gas importado más costoso y al destrabe de proyectos como Sirius.

¿Cuál es la situación de las empresas de energía en la región Caribe?

Air-e y Afinia enfrentan una crisis financiera por bajos niveles de recaudo, por lo que el Gobierno pidió que el país asuma esta problemática como una responsabilidad colectiva para evitar el colapso del sistema.