Ministro de Trabajo anunció denuncia penal ante la Corte Suprema contra congresistas por presunta afectación a la soberanía nacional

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que en las próximas horas interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, entre ellos el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández y la representante a la Cámara Lina María Garrido, a quienes señaló de promover conductas que, según afirmó, estarían orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

El anuncio fue realizado por el propio ministro a través de una declaración pública en la que explicó que la acción judicial será presentada en su condición de ciudadano colombiano. En su pronunciamiento, Sanguino sostuvo que las actuaciones que atribuye a los congresistas mencionados no pueden ser consideradas como expresiones amparadas por la libertad de opinión política.

“Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas, el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”, señaló el ministro.

De acuerdo con Sanguino, las conductas que motivan la denuncia estarían relacionadas con llamados a invasiones, promoción de hostilidades o incentivos a acciones contra el país. En ese sentido, afirmó que este tipo de actuaciones podrían encuadrar en figuras penales contempladas en el Código Penal colombiano.

“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal, y participación en hostilidades contra la patria, previsto en el artículo 458”, indicó el ministro en su declaración.

El jefe de la cartera laboral enfatizó que la situación adquiere una dimensión adicional cuando los señalamientos se dirigen a personas que ejercen cargos de elección popular. Según manifestó, los sujetos políticos tienen la obligación de defender la Constitución y el orden jurídico vigente, en razón del mandato conferido por los ciudadanos.

“Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico”, expresó Sanguino, quien insistió en que la libertad de expresión no puede ser utilizada para justificar conductas que, a su juicio, comprometan los intereses fundamentales del Estado.