María Eugenia Carreño asume el Viceministerio para el Diálogo Social en el Ministerio del Interior

En un movimiento estratégico para consolidar la estructura operativa del Ministerio del Interior, se ha confirmado la designación de la magistrada María Eugenia Carreño como la nueva viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. La funcionaria, quien hasta la fecha integraba el Tribunal Administrativo de Santander, llega para completar el equipo de alto nivel que liderará la cartera política bajo la dirección de Alejandro Ordóñez, el exprocurador general nombrado recientemente por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella.

María Eugenia Carreño es abogada de profesión y cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito jurídico. Desde febrero de 2024, se desempeñaba como magistrada en el Tribunal Administrativo de Santander, instancia encargada de dirimir conflictos legales contra entidades públicas en dicho departamento, abarcando desde controversias contractuales hasta procesos de nulidad electoral.

Durante su permanencia en la magistratura, Carreño fue responsable de fallos con notables repercusiones políticas en la región santandereana. En enero de 2025, la magistrada emitió una sentencia en primera instancia que anulaba la elección de Óscar Santos como alcalde del municipio de Piedecuesta, una decisión que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado en su etapa de revisión. Asimismo, en marzo de 2026, su despacho declaró la nulidad del nombramiento de una secretaria administrativa perteneciente a la Alcaldía de Bucaramanga, reafirmando su papel en el control de la legalidad de los actos administrativos locales.

El perfil de la nueva viceministra no es ajeno al del actual ministro del Interior. Carreño desarrolló una parte sustancial de su carrera profesional en la Procuraduría General de la Nación durante el periodo comprendido entre 2009 y 2016, etapa en la que Alejandro Ordóñez estuvo al frente del organismo de control. En dicha institución, ocupó cargos de alta responsabilidad, desempeñándose como procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y también para la Vigilancia Electoral.

En el ejercicio de estas funciones, lideró procesos de gran envergadura nacional, como el seguimiento preventivo a la adjudicación del proyecto de infraestructura Ruta del Sol, proceso en el cual no reportó hallazgos de irregularidades en su momento. De igual manera, su nombre estuvo vinculado a casos de alto perfil mediático y político, incluyendo la destitución del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en el año 2012, una determinación que años más tarde sería anulada por el Consejo de Estado.

Su paso por la Procuraduría también estuvo marcado por la participación en debates de hondo calado social y jurídico. Se recuerda su vinculación a la controversia generada por la interpretación de documentos de la Organización Mundial de la Salud respecto a la inclusión de la anticoncepción de emergencia en el plan de beneficios de salud, un episodio que derivó en una orden de rectificación por parte de la Corte Constitucional hacia el Ministerio Público.

Con la incorporación de Carreño, el Ministerio del Interior define sus dos líneas de mando principales. Mientras ella asume la dependencia de Diálogo Social en reemplazo de Jorge Roa Roa, el Viceministerio General estará bajo la responsabilidad del exsenador conservador huilense Carlos Ramiro Chavarro, quien sucede en el cargo a Carlos Eduardo Gechem.

El Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos reviste una importancia crítica para la estabilidad del país, pues es la oficina técnica y política encargada de gestionar la interlocución del Gobierno Nacional con las diversas comunidades, organizaciones sociales y grupos étnicos. Además, tiene bajo su tutela la atención de la protesta social y la mediación en la conflictividad que surge en los territorios.

El nombramiento de la magistrada se produce en un contexto de transición administrativa. El presidente Abelardo De la Espriella formalizó mediante decreto, el pasado 31 de octubre, la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, quien deja su cargo como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para sustituir a Rodrigo Lara Restrepo. No obstante, reportes de medios como El Colombiano y La Silla Vacía indicaban que, hasta el 2 de noviembre, la posesión formal no se había efectuado, manteniéndose el ministro de Justicia, Iván Cancino, como encargado de la cartera política.

El equipo entrante deberá enfrentar de inmediato una agenda legislativa de alta complejidad. El desafío más urgente es la aprobación de la ley de sometimiento, cuyo plazo límite es el 4 de noviembre, fecha en que expira la vigencia de la Ley 418. Paralelamente, el Ministerio deberá gestionar en el Congreso de la República los consensos necesarios para la Ley de Rescate Fiscal y coordinar la relación con los entes territoriales con miras a los comicios regionales programados para el año 2027.

Finalmente, la llegada de María Eugenia Carreño refuerza la presencia de antiguos colaboradores de la era Ordóñez en el actual gabinete ministerial, sumándose a figuras como la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, consolidando así un equipo de trabajo con visiones compartidas sobre la gestión pública y el derecho.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es la nueva viceministra para el Diálogo Social y cuál es su trayectoria?

La designada es María Eugenia Carreño, una abogada que se desempeñaba como magistrada del Tribunal Administrativo de Santander y que trabajó estrechamente con Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General.

¿Qué funciones principales tendrá a su cargo en este viceministerio?

Será la encargada de gestionar la interlocución del Gobierno con comunidades y organizaciones sociales, además de mediar en la protesta social y la conflictividad en los territorios.

¿Cuáles son los retos inmediatos que enfrenta el nuevo equipo del Ministerio del Interior?

Deberán gestionar la aprobación de la ley de sometimiento antes del 4 de noviembre y buscar consensos para la Ley de Rescate Fiscal en el Congreso.