Corte Constitucional citó al Distrito y Gobierno a audiencia pública para verificar las garantías de los recicladores

La Corte Constitucional tomó una decisión trascendental en el marco del seguimiento a las políticas públicas de aseo en la capital del país. La Sala Séptima de Revisión convocó formalmente para el próximo 13 de noviembre una audiencia pública en el Palacio de Justicia, con el fin de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, la UAESP, el Gobierno Nacional y las organizaciones de recicladores expliquen detalladamente cómo se protegerá a esta población vulnerable ante los recientes cambios regulatorios y contractuales del servicio de aseo.

La diligencia surgió como una respuesta ante la incertidumbre generada por la implementación de un nuevo esquema; por esto, según lo establecido por el tribunal, los convocados deberán rendir cuentas sobre las garantías reales que se están ofreciendo a los recicladores de oficio, quienes han sido reconocidos históricamente como sujetos de especial protección constitucional.

La preocupación radica en que las modificaciones en la normativa técnica y en los contratos de concesión puedan vulnerar los derechos fundamentales de miles de familias que derivan su sustento del aprovechamiento de residuos. En el centro de la discusión se encuentra la necesidad de verificar que las actuaciones del Distrito no retrocedan en los avances logrados durante las últimas décadas.

La Corte buscará establecer con claridad cómo se garantizará que los recicladores tengan un acceso cierto y seguro al material aprovechable, evitando que el nuevo modelo los desplace de su actividad tradicional. Asimismo, el tribunal pondrá énfasis en asegurar que estos trabajadores reciban una "remuneración justa, cierta y oportuna", un aspecto crítico que ha sido motivo de constantes reclamaciones por parte de las asociaciones gremiales.

Un fallo de 2003 que sigue vivo

Para entender esta citación, es importante remitirse al origen jurídico del caso: la sentencia T-724 de 2003, en aquel fallo de tutela la Corte Constitucional concluyó que el Distrito Capital había desconocido su deber de adoptar medidas especiales, técnicamente conocidas como acciones afirmativas.

Estas medidas tienen como propósito permitir que los recicladores participen de manera efectiva y digna en la prestación del servicio público de aseo, ordenando al Distrito tener en cuenta sus derechos en cualquier proceso de contratación futura. Las acciones afirmativas son herramientas jurídicas y administrativas que favorecen de manera temporal a grupos en situación de desventaja socioeconómica para corregir desigualdades históricas.

En este contexto, la Corte ha mantenido una vigilancia estricta sobre Bogotá, considerando que los recicladores de oficio no pueden ser excluidos de la cadena de valor del aseo por la entrada de grandes operadores privados o por cambios en la reglamentación técnica.

Desde el año 2010, el tribunal constitucional asumió de forma excepcional la verificación directa del cumplimiento de esa decisión. Esta es una labor poco habitual para la Corte, pues normalmente la vigilancia de los fallos corresponde al juez de primera instancia; sin embargo, la complejidad del sistema de aseo bogotano y la persistencia de las brechas sociales obligaron a la Sala a mantener el expediente bajo su lupa. Más recientemente, en diciembre de 2025, a través del Auto 2059, la Corte volvió a ordenar a la Alcaldía implementar acciones afirmativas concretas en la contratación del aseo, contando con el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de acompañar el cumplimiento estricto de dicha orden.

La convocatoria quedó en firme mediante el Auto 1461 del 26 de octubre de 2026. En este documento, la Sala Séptima señaló que las condiciones regulatorias y contractuales del servicio en Bogotá han experimentado cambios sustanciales, especialmente tras la expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026, la cual adoptó un nuevo marco tarifario para los grandes prestadores del servicio de aseo.

Este cambio normativo generó preocupación en el sector, el pasado 4 de agosto además un total de 244 organizaciones de recicladores provenientes de distintas regiones del país presentaron solicitudes ante la Corte, manifestando su preocupación por el impacto del nuevo esquema tarifario.

Posteriormente, el tribunal recibió otras 124 peticiones enfocadas específicamente en la continuidad de las medidas de protección para la población recicladora. Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha sostenido que el proceso de participación ciudadana para esta norma concluyó en noviembre de 2025 y que la regulación vigente ya incluye medidas para garantizar el acceso a los residuos aprovechables.

Los puntos clave que deberá responder el Distrito

Durante la audiencia pública, la Corte Constitucional examinará no solo el acceso al material, sino también los posibles efectos económicos y operativos que el nuevo marco regulatorio impone sobre las organizaciones de aprovechamiento. Se evaluarán los mecanismos de seguimiento previstos por la administración.ón distrital para evitar que la población recicladora quede marginada del sistema.

Es importante precisar, según lo citado en el auto de la Corte, que la diligencia no tiene como propósito realizar una revisión de las tarifas ni emitir un pronunciamiento sobre la validez legal de la Resolución CRA 1040 de 2026 en términos generales. El objetivo primordial es verificar que las actuaciones contractuales del Distrito incorporen de manera efectiva las medidas ordenadas hace más de dos décadas en la sentencia T-724. Además, el tribunal aclaró que, aunque se recibieron escritos de diversas regiones, el seguimiento actual se limita estrictamente a la población recicladora de oficio que opera en la ciudad de Bogotá.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Corte Constitucional citó a una audiencia pública sobre el aseo en Bogotá?

El tribunal busca verificar que el nuevo esquema de aseo y los cambios regulatorios garanticen los derechos, el acceso al material y la remuneración justa de los recicladores de oficio.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo esta diligencia?

La audiencia pública está programada para el próximo 13 de noviembre en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

¿Qué entidades y actores deben rendir cuentas ante el tribunal?

Están citados la Alcaldía Mayor de Bogotá, la UAESP, el Gobierno Nacional y las organizaciones de recicladores para explicar las medidas de protección a esta población vulnerable.

¿Cuál es el origen jurídico de esta intervención de la Corte?

Se fundamenta en el seguimiento a la sentencia T-724 de 2003, la cual obliga al Distrito a implementar acciones afirmativas para que los recicladores participen dignamente en el servicio de aseo.