Iris Marín afirmó que el Gobierno de Abelardo De la Espriella debe cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró que el Gobierno que encabezará el presidente electo, Abelardo De la Espriella, tendrá la obligación constitucional de continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, al iniciar el tercer período presidencial posterior a la firma del pacto entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc.

Durante un pronunciamiento público, la funcionaria recordó que el Acto Legislativo que incorporó el Acuerdo Final al ordenamiento jurídico establece que las autoridades del Estado deben actuar en coherencia con los compromisos adquiridos, preservando el espíritu, los principios y los objetivos pactados para avanzar en la consolidación de la paz.

Marín señaló que el próximo 7 de agosto, con la posesión del nuevo mandatario, se dará inicio al tercer período de gobierno contemplado en el artículo 2 del Acto Legislativo relacionado con el Acuerdo Final de Paz. En ese contexto, sostuvo que la nueva administración deberá continuar con la implementación de los compromisos asumidos por el Estado colombiano y avanzar en el desarrollo de lo que definió como la "Constitución de la Paz".

La defensora del Pueblo explicó que el marco jurídico vigente establece que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deben guardar coherencia e integralidad con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz. En ese sentido, indicó que las decisiones institucionales deben preservar los compromisos adquiridos, así como el espíritu y los principios que dieron origen al proceso de paz, independientemente de los cambios de gobierno.

Asimismo, recordó que el artículo 2 del Acto Legislativo dispone que estas obligaciones rigen hasta la culminación de tres períodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final, suscrito el 26 de noviembre de 2016.

A pocos meses de cumplirse una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las políticas públicas relacionadas con la implementación continúen teniendo como eje central la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

La entidad enfatizó que la garantía de los derechos de las víctimas, junto con las medidas de no repetición, debe mantenerse como prioridades dentro de las acciones del Estado. Según expuso la defensora, estos elementos constituyen pilares fundamentales para consolidar los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz.

Además, la funcionaria reiteró que el cumplimiento de lo acordado representa un deber constitucional que compromete a todas las instituciones públicas y no únicamente al Gobierno Nacional. En su intervención, Iris Marín insistió en que el inicio del nuevo período presidencial marca una etapa clave para la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Señaló que las autoridades deberán actuar conforme a las disposiciones constitucionales vigentes y respetar el marco jurídico que regula el desarrollo de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz debe orientarse a garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer las medidas de no repetición y preservar la coherencia institucional prevista en el ordenamiento constitucional. .