Gobierno y cadena arrocera pactaron un modelo para ordenar siembras, controlar importaciones y estabilizar precios desde 2027

El Gobierno nacional anunció un nuevo modelo de ordenamiento para la cadena arrocera colombiana, con medidas orientadas a planificar la producción, reducir las fluctuaciones del mercado y brindar mayor protección económica a los agricultores. La estrategia fue acordada en el Consejo Nacional del Arroz, espacio en el que participan representantes del Ejecutivo, los productores, la industria molinera y los comercializadores.

Según el comunicado divulgado después de la sesión, la propuesta pretende mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sector y establecer condiciones más previsibles para la producción y comercialización del grano. El esquema estará estructurado en cuatro componentes: ordenamiento de la oferta, protección del mercado, protección al productor y fortalecimiento de la competitividad.

La iniciativa busca responder a dificultades recurrentes de la actividad arrocera, entre ellas la falta de planificación de las siembras, las variaciones en los precios recibidos por los agricultores y los problemas asociados al ingreso ilegal de mercancías.

Uno de los principales componentes será la definición de áreas de cultivo de referencia por departamento. Estas extensiones servirán como orientación para organizar las siembras de acuerdo con las condiciones de cada región y evitar que una producción excesiva genere una sobreoferta durante las temporadas de cosecha.

Para respaldar esta planificación, el Gobierno realizará un Censo Arrocero Nacional que permitirá identificar a los productores, establecer su ubicación y conocer las superficies destinadas al cultivo.

Sin embargo, todavía no se han divulgado el calendario de ejecución del censo ni las áreas de referencia previstas para cada departamento. Estos datos serán relevantes para establecer cómo se aplicará el ordenamiento productivo en las distintas zonas arroceras del país.

El segundo componente contempla una administración de los contingentes de importación que tenga en cuenta las condiciones del mercado nacional. Estos cupos permiten el ingreso de arroz extranjero bajo determinadas condiciones arancelarias, en buena medida establecidas mediante acuerdos comerciales.

El anuncio no especificó modificaciones en los volúmenes de importación autorizados. La medida plantea, por ahora, gestionar estos contingentes de acuerdo con el comportamiento del mercado interno.

También se prevé fortalecer los controles contra el contrabando y revisar prácticas comerciales que puedan perjudicar la competencia y la transparencia en las transacciones de arroz.

Entre las medidas anunciadas figura la creación de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz, que consideraría variables como los costos de producción, los inventarios, la oferta, la demanda y el comercio exterior.

El objetivo es que el valor reconocido al agricultor tenga como referencia información verificable sobre las condiciones económicas del sector. No obstante, aún no se ha informado qué entidad estará a cargo de administrar el mecanismo ni con qué frecuencia se actualizarán sus cálculos.

La propuesta también incluye pólizas colectivas de aseguramiento, instrumentos financieros para cubrirse ante eventuales caídas de precios y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios. Por el momento, no se conocen los recursos disponibles ni los requisitos para acceder a estas herramientas.

En materia de competitividad, el modelo contempla una línea de crédito de Finagro destinada a proyectos de integración agroindustrial, además de acciones para ampliar la disponibilidad de semillas certificadas y materiales tecnológicos.

El anuncio desarrolla una propuesta presentada el 4 de septiembre por el ministro Dangond ante la junta directiva de Induarroz, organización vinculada a la Cámara de la Industria Arrocera de la ANDI. En esa oportunidad, el funcionario señaló la necesidad de corregir problemas de eficiencia, volatilidad de precios y contrabando, y defendió que los agricultores ocupen un lugar central en la política sectorial.

La iniciativa se conoce después de varios episodios de bajos precios del arroz paddy verde, el grano recién cosechado antes de su procesamiento industrial. En febrero de 2026, el Gobierno anterior expidió la Resolución 000043, mediante la cual estableció un programa de apoyo directo a los productores.

En regiones como Casanare, el Caribe y La Mojana, los cultivadores han manifestado preocupaciones por los costos de producción, las dificultades para acceder a crédito y los obstáculos para comercializar sus cosechas.

La puesta en marcha del nuevo modelo dependerá de la definición de sus instrumentos, las condiciones de financiación y los acuerdos entre el Gobierno y los integrantes de la cadena. Su implementación deberá traducir los objetivos anunciados en medidas concretas para mejorar la estabilidad comercial y las condiciones económicas de los productores arroceros del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el nuevo modelo para el sector arrocero?

Es un plan de ordenamiento productivo que busca zonificar cultivos por departamento, realizar un censo nacional, controlar importaciones y crear un mecanismo para estabilizar los precios del grano.

¿Cuándo comenzará a ejecutarse esta estrategia?

El Gobierno nacional y el Consejo Nacional del Arroz acordaron que la hoja de ruta empezará a implementarse formalmente durante el primer semestre de 2027.

¿Qué beneficios recibirán los productores con este acuerdo?

Tendrán acceso a un Fondo de Estabilización de Precios, pólizas de aseguramiento colectivas y líneas de crédito especiales de Finagro para mejorar su competitividad e integración industrial.