Gobierno Petro declara desastre nacional por el fenómeno de El Niño y activa medidas extraordinarias por 12 meses a solo días de finalizar.

Decreto activa régimen especial para atender la emergencia

Ante las proyecciones que advierten un fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y su posible permanencia hasta comienzos de 2027, el Gobierno nacional adoptó una declaratoria de desastre nacional con el propósito de coordinar la respuesta institucional frente a los riesgos climáticos previstos.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, que establece un régimen especial para la prevención, atención y recuperación de los impactos que podrían generarse en diferentes sectores del país durante los próximos doce meses.

Según el documento oficial, la declaratoria permitirá agilizar la ejecución de medidas extraordinarias dirigidas a reducir los efectos del fenómeno sobre la población, la infraestructura estratégica y la prestación de servicios públicos esenciales.

Alertas por energía, agua e incendios forestales

El decreto se fundamenta en los análisis técnicos elaborados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que indican que las condiciones características del fenómeno de El Niño ya están presentes tanto en la atmósfera como en el océano.

De acuerdo con esas proyecciones, existe una probabilidad superior al 95 % de que el fenómeno se intensifique durante la segunda mitad de 2026 y una posibilidad cercana al 63 % de que alcance una categoría considerada “muy fuerte”.

Entre los principales riesgos identificados figura la disminución de las lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Caribe y Pacífica, situación que podría reducir los niveles de los embalses y afectar la disponibilidad de agua para consumo humano, generación de energía y actividades productivas.

El Gobierno también advirtió que el escenario más crítico contempla la posibilidad de apagones generalizados y racionamientos prolongados del servicio de energía eléctrica si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

A ello se suma un incremento en el riesgo de incendios de cobertura vegetal, olas de calor y otras emergencias derivadas de las altas temperaturas.

Más de 550 municipios presentan riesgo de desabastecimiento

Uno de los principales motivos que sustentan la declaratoria corresponde al abastecimiento de agua potable.

El Gobierno identificó 558 municipios con riesgo alto o muy alto de desabastecimiento debido a la disminución de las precipitaciones. De ese total, 111 localidades se encuentran en el nivel de mayor criticidad, según los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Las autoridades consideran que la reducción de caudales en ríos, quebradas y embalses podría comprometer la prestación de servicios públicos esenciales en varias regiones del país si las condiciones climáticas previstas llegan a materializarse.

Posibles efectos sobre la salud pública

El decreto también advierte sobre las consecuencias que las altas temperaturas podrían generar en materia de salud pública.

Entre los principales riesgos identificados figuran el aumento de casos de deshidratación, agotamiento físico y golpes de calor, especialmente entre niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, el Gobierno señala que las condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, malaria, chikunguña, zika y fiebre amarilla, además de otras patologías como leptospirosis, enfermedad de Chagas y enfermedades diarreicas asociadas a dificultades en el acceso al agua potable.

El documento también alerta sobre posibles impactos en la seguridad alimentaria, particularmente en comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

Ungrd coordinará la respuesta nacional

La ejecución de las acciones derivadas de la declaratoria estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad que liderará la coordinación con los ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Como parte de sus responsabilidades, la Ungrd deberá elaborar y ejecutar un Plan de Acción Específico (PAE), instrumento mediante el cual se definirán las medidas necesarias para atender la emergencia y desarrollar las etapas de recuperación.

El decreto establece varias líneas estratégicas que orientarán las intervenciones institucionales durante la vigencia de la declaratoria.

Entre ellas se encuentran programas para garantizar el abastecimiento y uso eficiente del agua, fortalecer la seguridad alimentaria, promover la transición energética y la autogeneración en poblaciones vulnerables, implementar acciones de salud pública y reforzar la prevención y atención de incendios forestales, además de iniciativas de protección ambiental.

Se crea una subcuenta especial para financiar las acciones

Con el propósito de asegurar los recursos necesarios para enfrentar la contingencia, el Gobierno ordenó la creación de una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027”, que funcionará dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Este mecanismo permitirá financiar las medidas contempladas en el Plan de Acción Específico y facilitará la realización de los traslados presupuestales requeridos para responder de manera ágil a las necesidades que surjan durante la vigencia de la declaratoria.

Con esta decisión, el Gobierno busca disponer de herramientas administrativas y financieras que permitan coordinar la respuesta institucional frente a un fenómeno climático que, según las proyecciones oficiales, podría afectar múltiples sectores del país durante los próximos meses.