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Gobierno Nacional fijó hasta diciembre de 2026 la permanencia de zonas de ubicación temporales para el Clan del Golfo

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 471 de 2025, mediante la cual definió la permanencia de las zonas de ubicación temporales para miembros del Clan del Golfo hasta el 31 de diciembre del próximo año. La medida forma parte de los mecanismos adoptados dentro del proceso de sujeción con esta es

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Redacción IFM
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Gobierno Nacional fijó hasta diciembre de 2026 la permanencia de zonas de ubicación temporales para el Clan del Golfo

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 471 de 2025, mediante la cual definió la permanencia de las zonas de ubicación temporales para miembros del Clan del Golfo hasta el 31 de diciembre del próximo año. La medida forma parte de los mecanismos adoptados dentro del proceso de sujeción con esta estructura armada ilegal.

En el documento se establece que dichas zonas estarán ubicadas en la zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, así como en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó. De acuerdo con la resolución, estos espacios se mantendrán bajo supervisión institucional y con lineamientos específicos de seguridad y control estatal.

Sobre esta determinación, se señaló que las zonas de ubicación tendrán como propósito facilitar las condiciones logísticas y operativas necesarias para el desarrollo de las fases contempladas en el proceso. En ese sentido, el Gobierno indicó que “las zonas estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre de 2026”, fecha límite establecida en la resolución para la permanencia de los puntos definidos.

Las autoridades precisaron que, dentro de estos territorios, operarán mecanismos de verificación y seguimiento interinstitucional orientados a evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los integrantes del Clan del Golfo que se acojan al proceso. Así mismo, se contempla la participación de entidades estatales y organismos de control en los ejercicios de monitoreo.

La medida se adopta en el marco de las disposiciones que regulan los procesos de sometimiento y sujeción a la justicia de organizaciones criminales, y se suma a otras acciones implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad y orden público en las regiones donde esta estructura ha tenido presencia histórica.

El Gobierno reiteró que estas zonas no constituyen espacios de desmilitarización del territorio y que se mantendrá la presencia de la Fuerza Pública en los municipios y áreas aledañas, con el fin de garantizar la seguridad de las comunidades y la continuidad de las operaciones institucionales.

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