Gobierno llevará la "gran minería criminal" al Estatuto Antiterrorista tras detectar más de 100 retroexcavadoras ilegales en Chocó

El Gobierno nacional anunció nuevos hallazgos relacionados con la explotación ilegal de oro en el departamento del Chocó, tras un sobrevuelo realizado por el ministro Lara en un helicóptero MI-17. Según el vocero gubernamental, Miller Soto, durante el recorrido por la región del Baudó y el corregimiento de San Lorenzo, en el municipio de Nóvita, fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras que operarían sin autorización.

La información fue presentada como parte de las acciones oficiales contra la minería ilegal y las estructuras criminales que, según el Ejecutivo, obtienen recursos de esta actividad. Soto describió un escenario caracterizado por excavaciones a cielo abierto, alteraciones en los cauces de los ríos, remoción de grandes extensiones de terreno y utilización de sustancias químicas para el procesamiento del oro.

El funcionario también señaló la presencia de campamentos que atribuyó a estructuras armadas, entre ellas el Clan del Golfo, y mencionó el presunto uso de documentos falsos para ingresar a determinados predios. Según su declaración, las ganancias de la extracción ilegal se destinan a financiar actividades armadas, en lugar de cumplir con las obligaciones tributarias y los requisitos legales.

Uno de los aspectos más delicados del anuncio corresponde a la hipótesis de que los recursos provenientes de la minería ilegal habrían financiado campañas políticas durante las elecciones de 2026. El Gobierno también expresó preocupación por la posibilidad de que estos mecanismos se reproduzcan en las elecciones regionales previstas para 2027.

El ministro Lara trasladó esta línea de investigación a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no identificaron campañas, partidos políticos ni personas presuntamente involucradas. Por tanto, la posible financiación electoral constituye una hipótesis pendiente de verificación por parte de los organismos competentes.

El caso de Nóvita había trascendido a comienzos de octubre, cuando un particular que afirma ser propietario de un predio de 13.000 hectáreas denunció la ocupación de terrenos para actividades de explotación ilegal. El denunciante solicitó que la justicia investigara el posible destino de las ganancias obtenidas mediante esa operación.

La Presidencia de la República respaldó el pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X y calificó la gran minería criminal como una fuente de financiación de la violencia y de destrucción ambiental.

Como parte de su estrategia de seguridad y justicia, el Gobierno prevé tramitar un Estatuto Antiterrorista que incluiría disposiciones para enfrentar la minería criminal vinculada con organizaciones armadas.

De acuerdo con lo explicado previamente por Lara, la iniciativa contemplaría la creación de un delito relacionado con la gran minería criminal asociada a organizaciones terroristas, una lista nacional de organizaciones consideradas terroristas, agravantes para determinadas conductas, un régimen penitenciario especial y estructuras especializadas dentro de la justicia.

Antes de su presentación ante el Congreso, el proyecto deberá ser revisado por el Consejo Superior de Política Criminal, instancia encargada de examinar iniciativas legislativas en materia penal y emitir conceptos sobre su contenido.

Chocó concentra la mayor extensión de minería ilegal de oro

Las cifras citadas por el Gobierno dimensionan el alcance del problema. Un informe del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado el 2 de octubre, identificó a Chocó como el departamento con mayor extensión de explotación ilegal de oro, con 41.493 hectáreas afectadas durante 2025.

En el ámbito nacional, la explotación de oro de aluvión alcanzó 118.410 hectáreas, de las cuales tres de cada cuatro correspondían a actividades ilegales. Chocó, Antioquia y Bolívar concentraron el 82 % de esta modalidad extractiva. Además, el informe indicó que en el 85,6 % de los municipios donde se registra esta actividad existe presencia de al menos un grupo armado.

Soto también informó sobre resultados de operaciones de la Fuerza Pública en diferentes regiones. En Chaparral, Tolima, el Ejército desmanteló dos centros de producción atribuidos a la Comisión Jerónimo Galeano, con una capacidad estimada de 6.000 gramos de oro mensuales, valorados en aproximadamente 2.880 millones de pesos.

En Yuto, Chocó, fueron inutilizadas cuatro excavadoras atribuidas a una subestructura del Clan del Golfo. Por su parte, en Orito, Putumayo, se destruyó infraestructura minera cuyo valor fue estimado en más de 536 millones de pesos.

Finalmente, el vocero destacó que la reconstrucción de Chocó, afectado por el terremoto del 10 de agosto, debe desarrollarse sin nuevas intervenciones ilegales sobre ríos y terrenos. También diferenció las actividades de los mineros que cumplen los requisitos legales de las operaciones criminales y reiteró que el Gobierno respaldará los procesos de formalización minera.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué medidas tomará el Gobierno contra la minería ilegal a gran escala?

El Gobierno propone incluir la 'gran minería criminal' en un nuevo Estatuto Antiterrorista, tratándola como una actividad de financiación de grupos armados y no solo como un delito ambiental.

¿Cuál es la situación actual de la minería ilegal en el Chocó?

Se detectaron más de 100 retroexcavadoras operando sin autorización en Nóvita, en un departamento que concentra la mayor extensión de explotación ilegal de oro en el país con más de 41.000 hectáreas afectadas.

¿Qué relación existe entre la minería ilegal y la política según la denuncia?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, pidió a la Fiscalía investigar la hipótesis de que recursos de esta actividad ilícita financiaron campañas políticas en 2026 y podrían afectar las elecciones regionales de 2027.