Licencias ambientales sin esperar la consulta previa: el borrador de decreto con el que el Gobierno busca destrabar grandes proyectos

Qué propone el borrador

El documento, de diez páginas, fue publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para recibir comentarios de la ciudadanía y modifica el Decreto 1076 de 2015, la norma que reúne la reglamentación del sector ambiental. Lo presentaron de manera conjunta el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Hoy, en la práctica, un proyecto debe esperar a que se defina y termine la consulta previa antes de avanzar con su licencia ambiental. La consulta previa es el derecho fundamental de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom a ser consultados, de forma libre e informada, sobre las obras o medidas que puedan afectar su territorio y su cultura. La licencia ambiental, por su parte, es la autorización que expide la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la corporación autónoma regional competente para que un proyecto se ejecute bajo condiciones de manejo del impacto ambiental.

Según el borrador, la autoridad ambiental podría recibir, iniciar y evaluar la solicitud de licencia mientras la consulta está pendiente o en curso. En ese lapso podría visitar el área de influencia del proyecto, pedir información adicional y solicitar conceptos técnicos a otras entidades. La misma regla aplicaría a las solicitudes de modificación de licencias ya otorgadas, y los trámites de modificación que estén suspendidos se reanudarían bajo las nuevas reglas.

Lo que no cambia

El texto mantiene un límite central: la autoridad ambiental no podrá otorgar ni negar la licencia hasta que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior, determine si la consulta procede y, en caso afirmativo, la declare agotada. Si la evaluación técnica termina antes, el plazo para decidir quedará suspendido hasta que se cumpla esa condición. Las obras, por tanto, no podrían arrancar sin licencia.

El borrador también eliminaría el certificado sobre presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, un documento que, según La República, esa dirección no expide desde 2019.

Las cifras y los proyectos en la mira

El ministro Lara afirmó que la consulta previa tarda hoy entre dos y tres años, y que el trámite en paralelo podría ahorrar cerca de dos años en algunos casos. La meta del Gobierno, dentro de una reforma más amplia, es que estos procesos duren alrededor de seis meses. “La consulta previa se respeta. El tiempo perdido y el represamiento, no", sostuvo el jefe de la cartera política.

Entre los proyectos que podrían beneficiarse, el Gobierno citó el desarrollo de gas Sirius, en el mar Caribe, a cargo de Ecopetrol y Petrobras, cuyo gasoducto requeriría unas 120 consultas previas; la línea de transmisión Colectora, que conectaría a la red nacional la generación eólica y solar proyectada en La Guajira, y los parques de energías renovables de ese departamento.

Arjona aseguró que el objetivo es reducir tiempos y costos “sin relajar la calidad técnica” de la evaluación de los estudios ambientales. El vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la iniciativa con un mensaje: “Destrabar no significa pasar por encima de nadie”.

Contexto y próximos pasos

La propuesta hace parte de la agenda anunciada en Consejo de Ministros, cuando el Ministerio del Interior se comprometió a modificar el trámite de la consulta previa para que no frene proyectos considerados estratégicos. Ese mismo día, Lara habló de digitalizar los expedientes represados y de eliminar el llamado test de proporcionalidad, la herramienta que se aplica cuando comunidades y empresas no logran un acuerdo.

El decreto aún no está vigente: se encuentra en etapa de comentarios públicos, tras la cual el Gobierno deberá revisar las observaciones antes de expedir la versión definitiva. Hasta ahora, los reportes de prensa no recogen pronunciamientos formales de las organizaciones étnicas sobre el texto. En paralelo, el Centro Democrático radicó su propio proyecto de ley para regular la consulta previa en el Congreso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el nuevo decreto propuesto por el Gobierno?

Busca permitir que el trámite de la licencia ambiental y la consulta previa con comunidades étnicas se realicen de forma simultánea en lugar de sucesiva. El objetivo es agilizar la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, energía y minería al reducir los tiempos de espera hasta en dos años.

¿Significa esto que se podrá iniciar una obra sin terminar la consulta previa?

No, el borrador establece que la autoridad ambiental no podrá otorgar la licencia definitiva hasta que la consulta previa se declare agotada. Las obras solo podrán comenzar una vez se cumplan ambos requisitos legales.

¿Qué proyectos específicos se verían beneficiados con esta medida?

El Gobierno destacó proyectos estratégicos como el desarrollo de gas Sirius (antes Uchuva-2) en el Caribe, la línea de transmisión Colectora y diversos parques de energías renovables en La Guajira.