Corte Constitucional da luz verde a la emergencia económica por el terremoto, pero le pone freno al uso de los recursos

¿Qué revisó la Corte?

El examen recayó sobre el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, con el que el Ejecutivo declaró la emergencia por “grave calamidad pública” en parte del territorio nacional, y sobre el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó el alcance geográfico de la medida. Este último excluyó al Putumayo e incluyó a Caquetá y Santander, y fue respaldado en octubre por la Procuraduría, que consideró cumplidos los requisitos formales.

El estado de emergencia es una figura de excepción prevista en el artículo 215 de la Constitución que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley —es decir, normas que normalmente tendría que tramitar el Congreso— para conjurar una crisis grave e imprevista. Por esa razón, la Corte Constitucional debe revisar de oficio tanto la declaratoria como los decretos que se expidan con base en ella.

El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó más de 300 personas fallecidas y cientos de miles de familias damnificadas en 16 departamentos.

Las condiciones impuestas al Gobierno

Aunque avaló la declaratoria, el tribunal fijó una serie de límites que, en la práctica, restringen el margen de maniobra del Ejecutivo:

Ámbito territorial acotado. Las medidas solo cubren los municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó con afectaciones por el terremoto y sus réplicas. Para incluir otras zonas, el Gobierno deberá demostrar con soporte técnico un impacto concreto.

Nada de problemas previos. La emergencia no podrá usarse para resolver situaciones anteriores al 10 de agosto. La Corte se refirió en especial al sistema penitenciario y carcelario, y aclaró que la figura no sirve para adoptar reformas estructurales.

Destinación exclusiva del dinero. Los recursos no podrán financiar el déficit fiscal ni gastos sin relación directa con el sismo.

Justificación del gasto. Las entidades que ordenen gastos extraordinarios deberán explicar por qué no pueden acudir a los mecanismos ordinarios de financiación, incluidos los recursos aún no comprometidos ni ejecutados.

Recálculo de costos. El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles, contados desde la comunicación del fallo, para recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales asociadas.

Seguimiento y control. El Gobierno deberá poner en marcha mecanismos de seguimiento que permitan a los organismos de control verificar el destino de los recursos.

Además, la Corte exhortó al presidente De la Espriella a adoptar un plan de recuperación con una planeación financiera de varios años, de modo que la reconstrucción no dependa únicamente de herramientas transitorias.

Un fallo con efectos en la agenda de reconstrucción

La decisión se conoce en un momento de presión sobre la ejecución de la reconstrucción. Ese mismo día, en el Congreso, varios legisladores cuestionaron el ritmo de entrega de viviendas y la ausencia del gerente del Fondo Milagro en una sesión de control.

El fondo dispone de unos $624.000 millones, de los cuales ha contratado cerca de $7.440 millones. Paralelamente, las comisiones económicas aprobaron en primer debate una adición presupuestal de $3,8 billones para atender la emergencia.

El aval de la Corte a la declaratoria no implica una aprobación automática de los decretos legislativos expedidos a su amparo, como los que crearon el Fondo Milagro o ampliaron mecanismos como Obras por Impuestos. Cada uno deberá superar su propio control de constitucionalidad, ahora bajo los parámetros fijados en esta sentencia.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia ni el Ministerio de Hacienda se habían pronunciado públicamente sobre el alcance de la decisión.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre la emergencia económica?

El tribunal avaló la declaratoria de emergencia tras el terremoto del 10 de agosto, pero impuso condiciones estrictas para el uso de los recursos y el alcance de las medidas.

¿Cuáles son las principales restricciones impuestas al Gobierno?

El dinero solo podrá usarse en municipios afectados directamente por el sismo, no podrá financiar problemas previos ni el déficit fiscal, y el Ministerio de Hacienda deberá recalcular los costos en 20 días hábiles.

¿Qué impacto tuvo el terremoto que originó esta medida?

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó dejó más de 300 fallecidos y cientos de miles de familias damnificadas en 16 departamentos del país.

¿Qué pasará con los decretos y fondos creados bajo esta emergencia?

Cada norma, como la creación del Fondo Milagro, deberá superar su propio control de constitucionalidad individual bajo los nuevos parámetros fijados por la Corte.