Indígenas de la Amazonía exigieron al Gobierno restablecer la protección del bioma tras la revocatoria de la Resolución 0961

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) manifestó su rechazo ante la decisión adoptada por el Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0961 de 2026. Esta normativa, que había sido establecida para declarar el bioma amazónico como una reserva definitiva de recursos naturales, representaba un blindaje jurídico que cerraba la posibilidad a nuevos proyectos de minería y explotación petrolera en la región.

Ante la anulación de esta medida, la organización ha solicitado formalmente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que se restituyan de manera inmediata las garantías de protección para este ecosistema estratégico. La Resolución 0961 fue suscrita el 4 de agosto de 2026, durante los últimos días de la administración de Gustavo Petro.

El documento técnico delimitó como reserva definitiva un área de 483.283,55 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 42,3% del territorio continental de Colombia. Esta vasta extensión abarca jurisdicciones en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Cauca y Nariño, sumando una superficie que supera los 48 millones de hectáreas bajo un régimen de protección especial.

En cuanto a las restricciones específicas, la norma prohibía de forma taxativa el otorgamiento de nuevos títulos mineros, así como la firma de nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. De igual manera, impedía la expedición de nuevas licencias ambientales destinadas a este tipo de actividades extractivas.

Para los proyectos que ya contaban con títulos y licencias vigentes al momento de la expedición, la resolución permitía su continuidad hasta el vencimiento del plazo pactado, pero negaba cualquier posibilidad de prórroga. Por otro lado, la normativa dejaba una puerta abierta para avanzar en los trámites de formalización de la pequeña minería tradicional que ya se encontraban en curso antes de la declaratoria.

Justificación jurídica del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente fundamentó la revocatoria de la resolución señalando la existencia de un vicio de procedimiento insubsanable. Según la cartera ministerial, aunque se llevaron a cabo procesos de concertación con las autoridades indígenas a través de la Mesa Regional Amazónica, no se completó el requisito de consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan o tienen influencia en las zonas afectadas por la medida.

Cabe aclarar que la consulta previa es reconocida como un derecho fundamental de los grupos étnicos, obligatorio antes de que el Estado adopte decisiones administrativas o legislativas que impacten sus territorios. Para proceder con la anulación, la entidad estatal utilizó la figura de la revocatoria directa, contemplada en la Ley 1437 de 2011. Esta herramienta legal faculta a la administración pública para retirar sus propios actos administrativos cuando se evidencia que estos vulneran derechos fundamentales o el debido proceso.

El ministro Arjona complementó esta posición argumentando que la Resolución 0961 generaba un clima de incertidumbre económica y territorial, al no ofrecer alternativas productivas o sociales concretas para los habitantes de la región amazónica.

A pesar de la revocatoria, el Ministerio aclaró que el bioma amazónico no se encuentra en un estado de desprotección legal. La entidad recordó que permanecen vigentes otros instrumentos de conservación, tales como la Reserva Forestal creada por la Ley 2.ª de 1959, el sistema de Parques Nacionales Naturales, la Ley de Delitos Ambientales y la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce a la Amazonía como un sujeto de derechos.

Asimismo, el Gobierno anunció que se podrán adoptar nuevas medidas de protección una vez se surtan los procesos de consulta previa pendientes y se finalicen las evaluaciones técnicas y jurídicas bajo la estrategia denominada ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades). Hasta la fecha, no se ha emitido una nueva norma que reemplace el vacío dejado por la resolución revocada.

Exigencias de la OPIAC

Desde la perspectiva de la OPIAC, la revocatoria de la norma constituye un desconocimiento de los acuerdos logrados durante las consultas con los pueblos indígenas del bioma. La organización denunció que la decisión de anular la resolución se tomó de manera unilateral, sin realizar una nueva consulta con sus autoridades tradicionales.

Además, los líderes indígenas rechazaron el argumento ministerial que utiliza la falta de consulta con comunidades negras como motivo para invalidar lo que ya se había pactado con los pueblos indígenas. Para la organización, la ordenación del territorio amazónico debe ser un proceso concertado y no puede estar sujeta a decisiones administrativas impuestas desde el nivel central.

En su pronunciamiento oficial, la OPIAC presentó cuatro peticiones fundamentales al Gobierno Nacional. En primer lugar, exigen el restablecimiento de la protección integral del bioma frente a la minería a gran escala y la industria de hidrocarburos. Segundo, solicitan el cumplimiento estricto de los acuerdos derivados de la sesión 008 de la Mesa Regional Amazónica, celebrada los días 19 y 20 de julio de este año.

Como tercer punto, instan a la aplicación efectiva del Decreto Ley 1275 de 2024, el cual reconoce competencias ambientales directas a las autoridades indígenas. Finalmente, piden que exista coherencia entre las actuaciones administrativas internas y los compromisos internacionales que Colombia ha suscrito en materia de protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático.

La organización también extendió un llamado a la comunidad internacional, incluyendo a gobiernos aliados, organismos multilaterales, sectores académicos y defensores de derechos humanos, para que respalden los modelos de gobernanza ambiental liderados por los pueblos indígenas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué exigen los pueblos indígenas de la Amazonía al Gobierno?

La OPIAC exige el restablecimiento inmediato de la protección del bioma amazónico frente a la minería y el petróleo, tras la revocatoria de una norma que blindaba el territorio.

¿Por qué el Ministerio de Ambiente anuló la resolución de protección?

El Gobierno argumentó un vicio de procedimiento por no haber realizado la consulta previa con comunidades negras y afrocolombianas, además de señalar que la norma generaba incertidumbre económica.

¿Qué alcance tenía la normativa revocada?

La Resolución 0961 protegía más de 48 millones de hectáreas en 10 departamentos, prohibiendo nuevos títulos mineros, contratos de hidrocarburos y licencias ambientales en el 42,3% del territorio continental.

¿Cuál es la postura de la OPIAC frente a la decisión oficial?

La organización denuncia que la anulación fue unilateral y desconoce los acuerdos previos con los indígenas, por lo que piden coherencia con los compromisos internacionales de biodiversidad.