Gobierno Petro insiste en imponer la “justicia restaurativa” en el sistema penal juvenil: ¿Avance o retroceso?

En medio de la polémica y en una clara apuesta por una transformación profunda en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, anunció que el gobierno de Gustavo Petro avanzará en la presentación de un proyecto de ley que prioriza la justicia restaurativa.

Este anuncio fue hecho durante el Precongreso Mundial de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes en Cartagena y que llegará al Congreso en las próximas dos semanas, con lo que se pretende redefinir el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y pone en tela de juicio los principios de justicia en el país.

El proyecto de ley, desarrollado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), busca reemplazar el enfoque punitivo del sistema actual por uno centrado en la restauración y la reintegración.

La ministra Buitrago enfatizó que la justicia restaurativa se convertirá en un principio rector en todas las etapas del proceso judicial juvenil, incluyendo la investigación, el juicio y la ejecución de las sanciones.

“Este proyecto pone el foco en resolver el conflicto y asumir responsabilidades, mirando siempre hacia el futuro de los niños, niñas y adolescentes”, expresó Buitrago, sin ahondar en cómo este enfoque será compatible con la prevención y el castigo de delitos que afectan a la sociedad.

Un enfoque cuestionado en cifras alarmantes

La propuesta, según la Ministra, responde a datos preocupantes, según indica en lo que va de 2024, el Ministerio de Justicia ha registrado 4.481 adolescentes dentro del sistema penal juvenil, siendo los delitos de hurto (1.084 casos), tráfico de estupefacientes (578) y violencia intrafamiliar (412) los más comunes.

Estos datos dejan ver un grave problema de delincuencia juvenil que, según algunos críticos, podría requerir una respuesta más firme en lugar de suavizar las consecuencias legales bajo una óptica de “restauración y reintegración”.

Con un 87% de los adolescentes involucrados en estos delitos siendo hombres y un 13% mujeres, con edades que oscilan entre los 14 y los 18 años, el perfil de los jóvenes en conflicto con la ley genera un debate sobre si el país está preparado para adoptar esta justicia “más humana”.

Regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca figuran como las principales zonas de origen de estos adolescentes en el sistema penal, donde la administración plantea aplicar un enfoque territorial e implementar programas de “justicia terapéutica” que impulsen la inclusión social. Pero, ¿hasta qué punto el contexto colombiano permitirá la implementación efectiva de estos ideales?

Respaldo de jueces y fiscales

La ministra Buitrago aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de jueces y fiscales especializados y destacó que se incorpora el marco internacional de las Reglas de Beijing.

Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de este respaldo, ya que para algunos sectores, los funcionarios de justicia estarían simplemente cumpliendo con la línea gubernamental de turno.

Este proyecto, que también contempla alternativas como la desjudicialización y el principio de oportunidad, apunta a crear un sistema que priorice el “futuro de los adolescentes”, aun cuando esto pueda generar impunidad y menoscabar el principio de justicia para las víctimas.

Finalmente, el proyecto parece desligarse de la necesidad de sanción y control social, elementos que sectores críticos consideran esenciales para mitigar el creciente problema de criminalidad juvenil en Colombia.

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