Gobierno lanzó nuevo pasaporte y Petro volvió a poner en duda garantías frente al escrutinio electoral

El Gobierno nacional oficializó en la Casa de Nariño el nuevo modelo de pasaporte colombiano, cuya transición comenzará el 1 de abril de 2026. El anuncio fue encabezado por Petro, acompañado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y otros funcionarios del Ejecutivo, quienes expusieron los componentes técnicos, jurídicos y operativos del esquema que asumirá de manera directa la producción y administración del documento.

De acuerdo con la Cancillería, el nuevo sistema funcionará bajo un modelo tripartito de carácter público, con la participación de la Imprenta Nacional de Colombia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal.

En una primera fase, la personalización del pasaporte se realizará en Colombia, mientras que la fabricación de las libretas estará a cargo de la entidad portuguesa. Posteriormente, el ensamblaje completo de los componentes se desarrollará en territorio nacional como parte del proceso de transferencia tecnológica.

La canciller explicó que los pasaportes vigentes mantendrán su validez hasta la fecha de expiración y que no será obligatorio renovarlos antes de ese término. El costo del documento se ajustará únicamente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor. El trámite continuará disponible en las sedes de la Cancillería en Bogotá, en las gobernaciones habilitadas y en los consulados en el exterior.

Según lo informado por el mandatario, el nuevo pasaporte cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Incluirá lectura mecánica y electrónica, chip integrado, sistemas de encriptación y diversos elementos de seguridad física. Las páginas internas incorporarán diseños alusivos a paisajes, biodiversidad y referencias culturales del país.

El jefe jurídico de la Cancillería, Uberney Marín Villada, indicó que los contratos interadministrativos que sustentan el modelo ya se encuentran suscritos y en ejecución. Señaló que el esquema se fundamenta en normas de derecho público y que la administración de la información asociada al documento quedará bajo responsabilidad estatal.

Por su parte, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, afirmó que el proyecto forma parte de un plan de fortalecimiento institucional con horizonte de diez años en materia de impresión de documentos oficiales.

Ante la presentación técnica del pasaporte, el presidente Petro abordó el manejo de datos personales y biométricos en Colombia. Señaló que la información contenida en documentos oficiales debe permanecer bajo control de entidades públicas y cuestionó que bases de datos relacionadas con la identificación ciudadana estén en manos de particulares. En ese contexto, planteó interrogantes sobre la relación entre empresas que administran datos y aquellas que participan en procesos de escrutinio electoral.

Tras exponer los detalles técnicos del nuevo modelo, el mandatario trasladó el debate al ámbito electoral. Señaló que ha solicitado información a autoridades competentes para conocer quién administra las bases de datos relacionadas con la identificación ciudadana y si existe coincidencia con operadores de sistemas de escrutinio.

Petro centró la segunda parte de su intervención en el sistema electoral. Leyó apartes de una sentencia del Consejo de Estado relacionada con las elecciones al Senado de 2014 y el caso del movimiento MIRA. Citó la nulidad parcial de la Resolución 3006 de 2014 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que anuló credenciales de tres senadores y ordenó reconocer las curules a candidatos de ese movimiento. Señaló que, aunque el fallo declaró la existencia de irregularidades en el escrutinio, las decisiones se produjeron cuando ya había terminado el periodo legislativo.

El mandatario cuestionó que, pese a esa sentencia, no se hubieran implementado plenamente las órdenes judiciales relacionadas con la adquisición de un software de escrutinio propio del Estado, la trazabilidad desde la mesa hasta la declaratoria de elección y la custodia integral de documentos físicos y electrónicos. Citó los apartes que instaban a conservar formularios y tarjetones, adquirir el código fuente completo y capacitar jueces en materia electoral.

Petro preguntó públicamente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación qué investigaciones se adelantaron tras ese fallo. También cuestionó a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el cumplimiento de las órdenes relacionadas con el software y la base de datos electoral.

El presidente afirmó que en 2022 se habría utilizado un mecanismo en el software de preconteo en aproximadamente 4.200 mesas, lo que, según dijo, habría reducido votos al Pacto Histórico y trasladado registros a otras colectividades. Señaló que entregará esa información a autoridades competentes y mencionó la participación de la empresa Thomas Greg & Sons y su filial ASD en procesos contractuales relacionados con preconteo.

En su intervención sostuvo que el escrutinio corresponde a jueces y no a empresas contratistas, y planteó que la limitación de testigos electorales podría impedir impugnaciones. Concluyó que el debate sobre el pasaporte y la gestión estatal de bases de datos se conecta, a su juicio, con la necesidad de que la información estratégica y electoral permanezca bajo control público.

Afirmó que la protección de datos no solo tiene implicaciones administrativas, sino también electorales, en momentos en que el país se prepara para nuevas jornadas de votación el próximo 8 de marzo.

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