Ministerio de la Igualdad entró en proceso de liquidación tras expedición de decreto

La decisión se produce luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a esta cartera y tras no prosperar una nueva iniciativa legislativa que buscaba darle continuidad institucional. El proceso tendrá una duración inicial de un año y contempla la supresión gradual de la estructura administrativa, la reasignación de funciones y la administración de los programas que estaban bajo su responsabilidad.

El Gobierno Nacional oficializó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad mediante la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, normativa que establece el procedimiento para desmontar la entidad creada por la Ley 2281 de 2023 y que estuvo a cargo de coordinar políticas públicas dirigidas a poblaciones históricamente priorizadas por el Estado.

Con la entrada en vigencia del decreto, la entidad cambia oficialmente su denominación y pasará a llamarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, condición que regirá durante todo el proceso de cierre administrativo y financiero. El documento señala que la liquidación deberá adelantarse en un plazo de doce meses, aunque el Gobierno podrá ampliar ese término mediante un nuevo decreto debidamente sustentado.

La medida se adopta después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó el ministerio al encontrar irregularidades relacionadas con su trámite legislativo y aspectos asociados al impacto fiscal de la iniciativa. Tras esa decisión judicial, el Ejecutivo impulsó alternativas para mantener la entidad, pero estas no alcanzaron a consolidarse en el Congreso de la República.

El decreto establece la ruta que seguirá la entidad durante la etapa de liquidación y define las actividades necesarias para concluir su operación. Entre ellas se encuentran la identificación y entrega de activos, la organización de archivos, el manejo de obligaciones pendientes y la definición de responsabilidades administrativas derivadas del cierre institucional.

La normativa también fija restricciones para el funcionamiento de la entidad durante esta etapa. El liquidador que sea designado no podrá vincular nuevos servidores públicos ni suscribir acuerdos laborales que no estén directamente relacionados con el proceso de liquidación. No obstante, sí podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas cuando sea necesario para desarrollar actividades técnicas relacionadas con el cierre del ministerio.

Dentro de las disposiciones incluidas en el decreto también se encuentran medidas dirigidas a proteger los bienes y obligaciones de la entidad. Se ordena que todos los pagos pendientes a favor del ministerio sean realizados exclusivamente ante el liquidador y se establece que cualquier actuación judicial o administrativa deberá ser notificada formalmente a este funcionario.

Asimismo, la normativa dispone la suspensión de procesos ejecutivos en curso contra la entidad y limita la posibilidad de iniciar nuevas acciones de cobro relacionadas con obligaciones anteriores a la liquidación. También se contempla la cancelación de embargos que recaigan sobre bienes del ministerio y la preservación de los registros patrimoniales mientras avanza el proceso.

El decreto incluye medidas específicas para garantizar la continuidad de algunos fondos que estaban bajo administración de la cartera. En el caso del fondo “No es hora de callar”, creado mediante la Ley 2358 de 2024, la administración pasará al Ministerio del Interior o a la entidad que asuma sus funciones. Por su parte, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico será reasignado mediante una resolución que deberá expedir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Durante los meses de funcionamiento del Ministerio de la Igualdad, distintos sectores políticos cuestionaron sus niveles de ejecución presupuestal y el avance de algunos programas. Sin embargo, el decreto no aborda evaluaciones sobre la gestión de la entidad, sino que se concentra en establecer las reglas para su liquidación y en definir el procedimiento administrativo que deberá cumplirse durante el cierre.

La expedición de la norma coincidió con manifestaciones realizadas por trabajadores vinculados al ministerio. Según reportes conocidos durante la jornada, funcionarios y contratistas expresaron inquietudes relacionadas con el futuro laboral de quienes prestaban sus servicios en la entidad. De acuerdo con la información divulgada por los trabajadores, cerca de 580 personas podrían verse afectadas por la terminación de las actividades del ministerio.

Con la entrada en vigencia del Decreto 0626 de 2026, el Gobierno da inicio formal a una etapa administrativa que concluirá con la desaparición de una de las entidades creadas durante la actual administración y con la redistribución de las funciones y programas que estaban bajo su estructura institucional.

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