Corte Constitucional definirá validez de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno Petro por inundaciones

Se tiene previsto que el encuentro sea este miércoles 24 de junio con el fin de atender los efectos de las fuertes lluvias e inundaciones registradas en distintas regiones del país, un acto administrativo que ya cuenta con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y que será evaluado por los nueve magistrados del alto tribunal.

El decreto en revisión fue expedido por el Ejecutivo en febrero de este año, luego de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones que impactaron a más de 200.000 personas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, situación que llevó al Gobierno a estructurar medidas extraordinarias para la atención de la emergencia y la movilización de recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas.

En el marco de esta declaratoria, el Gobierno planteó la necesidad de recaudar alrededor de 8 billones de pesos para financiar las acciones de respuesta, cifra que ha sido objeto de revisión por parte de los organismos de control.

La Contraloría General de la República solicitó al Ejecutivo la entrega de los soportes técnicos, financieros y jurídicos que sustentan la magnitud de los recursos proyectados, al tiempo que advirtió sobre posibles vacíos en la estructuración y ejecución de los decretos asociados a la emergencia económica. Según el ente de control, el análisis preliminar evidenció la necesidad de mayor claridad en la articulación de las medidas adoptadas para garantizar su correcta implementación.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación remitió a la Corte Constitucional un concepto en el que solicita declarar la exequibilidad del decreto, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos para la adopción de este tipo de medidas excepcionales. El procurador Gregorio Eljach señaló en su intervención que los hechos derivados de las lluvias intensas y las inundaciones generaron impactos en el orden económico, social y ecológico en las zonas incluidas en la declaratoria, lo que, según su criterio, justifica la activación del mecanismo de emergencia.

El documento enviado por el jefe del Ministerio Público fue incorporado al expediente que estudia la Corte, junto con las observaciones de la Contraloría, y será tenido en cuenta en la deliberación que adelantarán los magistrados de la Sala Plena. El análisis se centrará en determinar si las condiciones fácticas presentadas por el Gobierno cumplen con los criterios constitucionales para la expedición de este tipo de medidas extraordinarias y si la estructura normativa adoptada se ajusta a los parámetros legales vigentes.

Este proceso judicial se desarrolla después de que la Corte Constitucional suspendiera una primera declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno en un contexto previo, lo que llevó al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto para atender las afectaciones derivadas de la temporada invernal.

La decisión que adopte el alto tribunal definirá la continuidad o el retiro de las medidas extraordinarias adoptadas para la atención de la emergencia y tendrá implicaciones sobre la ejecución de los recursos previstos para la atención de las comunidades afectadas.

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