Anif le propuso al Gobierno de De La Espriella desactivar la “bomba de tiempo fiscal” con recortes y reforma tributaria
A pocas semanas del cambio de gobierno, el centro de estudios económicos Anif presentó un diagnóstico sobre la situación de las finanzas públicas y las medidas que, a su juicio, tendrá que adoptar la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella.
El análisis advierte sobre presiones fiscales para 2027 y propone una combinación de reducción del gasto, ajustes en subsidios, racionalización de contratos estatales y una reforma tributaria enfocada en ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión.
El centro de pensamiento económico Anif alertó sobre los desafíos que enfrentará el próximo Gobierno en materia fiscal y planteó una serie de medidas orientadas a corregir los desequilibrios de las finanzas públicas. Según el más reciente informe de la entidad, la administración que asumirá el próximo 7 de agosto deberá tomar decisiones relacionadas con el gasto público y los ingresos tributarios para cumplir las metas establecidas dentro de la regla fiscal.
De acuerdo con el documento, uno de los principales riesgos está asociado a la ejecución presupuestal de la actual vigencia. Anif señaló que los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación registraron un incremento nominal de 18,1% entre enero y mayo de este año. En ese contexto, advirtió que si el gasto continúa al mismo ritmo y no se aplazan compromisos para años posteriores, el déficit primario podría superar el 4% del Producto Interno Bruto.
La entidad explicó que existe otro escenario en el que el Gobierno busque ajustarse a los límites autorizados por el Consejo Superior de Política Fiscal mediante la cláusula de escape de la regla fiscal. Bajo esa posibilidad, sería necesario aplazar compromisos presupuestales por cerca de $63 billones, recursos que tendrían que ser atendidos durante la vigencia de 2027 por la siguiente administración.
A este panorama se suma la incertidumbre sobre las operaciones financieras previstas por el Gobierno para disminuir el costo del servicio de la deuda. Según Anif, si esas estrategias no logran ejecutarse debido a restricciones de caja, el pago de intereses podría alcanzar el 4,2% del PIB, por encima del 3,2% estimado oficialmente. Bajo ese supuesto, el déficit fiscal llegaría al 7,2% del PIB.
Frente a este escenario, el centro de estudios considera que el próximo Gobierno deberá impulsar un ajuste fiscal cercano a los $53 billones, equivalentes a tres puntos porcentuales del PIB. Para alcanzar ese objetivo, propone una combinación de medidas enfocadas principalmente en la reducción del gasto público y, en una segunda etapa, reformas orientadas a fortalecer los ingresos del Estado.
Entre las iniciativas planteadas figura la racionalización del gasto de funcionamiento mediante la revisión de la nómina estatal, la congelación y eliminación de algunos cargos y el análisis de esquemas de contratación y bonificaciones. También propone disminuir los gastos discrecionales mediante la reducción de contratos de prestación de servicios y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles.
Anif sostiene además que se requiere una revisión de la estructura de subsidios financiados por el Estado, así como un fortalecimiento de los mecanismos de focalización del gasto social mediante el cruce de bases de datos y herramientas de verificación. Según sus cálculos, las medidas relacionadas con la reducción del gasto podrían representar un ajuste equivalente a 0,7 puntos del PIB, es decir, alrededor de $14 billones.
En materia de inversión pública, el informe señala que es necesario revisar la composición de los recursos asignados a este rubro. La entidad afirma que una parte importante de los recursos catalogados como inversión no corresponde a proyectos productivos, por lo que plantea evaluar programas con bajos niveles de ejecución y eliminar duplicidades en distintas iniciativas estatales.
Una vez implementados ajustes sobre el gasto, Anif propone avanzar hacia una reforma tributaria estructural con un recaudo estimado de $12 billones. Entre las medidas sugeridas se encuentran la reducción del umbral para declarar renta de personas naturales, la revisión de beneficios tributarios y rentas exentas, la eliminación de tratamientos preferenciales y cambios en la tributación aplicable a las pensiones.
El informe también señala que cualquier estrategia de ajuste fiscal deberá estar acompañada de medidas dirigidas a impulsar el crecimiento económico. Según la entidad, políticas orientadas a estimular la inversión y la productividad podrían contribuir a incrementar el crecimiento económico y mejorar las condiciones fiscales en los próximos años, complementando así las acciones relacionadas con gasto e ingresos que deberá evaluar la próxima administración.


Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Daniel Quintero por presunta participación en política
Noticias relacionadas
Sector empresarial estadounidense en Colombia pidió agenda de consensos tras victoria de Abelardo De La Espriella
El Consejo de Empresas Americanas resaltó la solidez institucional del proceso electoral y llamó a…
ACOPI pidió al nuevo Gobierno una agenda estructural para fortalecer a las MiPymes en Colombia
La organización gremial advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas deben ser el eje…
El Banco Mundial recorta el crecimiento global al nivel más bajo desde la pandemia por el conflicto en Oriente Medio
El organismo multilateral prevé que la economía mundial crezca apenas 2,5% en 2026, lastrada por el…