(ESPECIAL) Duro golpe a la industria de la construcción: aranceles al hierro y acero encarecen el sector

El sector de la construcción en Colombia, pilar fundamental para la economía y la creación de empleo, enfrenta un reto monumental tras la reciente decisión del gobierno nacional de imponer un arancel del 14,5% a las importaciones de barras de hierro y acero provenientes de países de la Comunidad Andina, particularmente de Perú.

Esta medida, que se formalizará mediante un decreto cuya firma por parte del presidente Gustavo Petro es inminente, ha sido recibida con gran preocupación por los actores del sector, que ven en ella un riesgo para la continuidad de muchos proyectos de vivienda.

El decreto establece que las importaciones de barras de hierro y acero que superen las 29 mil toneladas anuales estarán sujetas a este nuevo arancel, lo que se ha justificado como una medida de protección para la incipiente industria nacional. Sin embargo, los gremios de la construcción y los expertos del sector han alzado la voz en contra de esta decisión, argumentando que la capacidad productiva local no es suficiente para suplir la demanda interna, y que el incremento en los costos de estos insumos afectará gravemente no solo la construcción de nuevas viviendas, sino también la generación de empleo en un sector que ha sido tradicionalmente uno de los principales motores de la economía.

AImpacto económico: la construcción, bajo presión

En Colombia, el acero y el hierro son fundamentales para cualquier proyecto de construcción. Se estima que el acero representa alrededor del 14% de los costos directos de una obra, convirtiéndose en el segundo insumo más importante después del concreto. Este material se utiliza para reforzar estructuras, garantizar la resistencia de edificios y puentes, y asegurar la durabilidad de las infraestructuras en general.

Durante los últimos 2 años y medio, el costo del acero ha experimentado un aumento acumulado de más del 30%, un fenómeno que ha afectado de manera significativa los márgenes de rentabilidad de las constructoras. Con la imposición de este nuevo arancel, la situación se agravará aún más. Al depender en un 20% de importaciones para cubrir la demanda de acero, el incremento de los precios será inevitable, lo que comprometerá la viabilidad de muchos proyectos en curso y pondrá en jaque aquellos que están en etapa de planificación.

El modelo de negocio de la construcción de vivienda en Colombia está basado en un esquema de ventas a precios fijos, mientras que los costos de los materiales suelen ser variables. Esto significa que los constructores no tienen margen de maniobra para ajustar los precios de las viviendas ya vendidas frente a un aumento en los costos de los insumos. Como consecuencia, se espera que muchos proyectos se enfrenten a demoras, suspensión de obras o incluso cancelaciones. Los desarrolladores que no puedan absorber los nuevos costos de los insumos podrían verse obligados a trasladar esos aumentos a los compradores, lo que encarecería el acceso a la vivienda para miles de familias colombianas.

El sector vivienda: la columna vertebral de la economía

La industria de la construcción es uno de los sectores más dinámicos y relevantes para la economía colombiana. No solo genera miles de empleos directos e indirectos, sino que también tiene un impacto significativo en la economía general, movilizando recursos financieros, materiales y humanos. Según cifras recientes, el sector constructor fue responsable de la creación de más de 1.2 millones de empleos en 2023, un número que refleja su papel crucial en la economía nacional. Sin embargo, en lo corrido del último año, la construcción ha perdido alrededor de 84 mil empleos, un reflejo de la desaceleración que viene experimentando.

A la caída en la demanda de vivienda, se suman otros indicadores preocupantes: hasta agosto de este año, las iniciaciones de proyectos de vivienda han caído un 12,9%, las ventas han disminuido un 2% y los lanzamientos de nuevos proyectos se han desplomado un 16,3%. Estos números, que reflejan la grave situación que atraviesa el sector, se verán profundizados con el impacto del nuevo arancel, ya que el aumento en los costos de construcción puede desincentivar aún más la inversión en nuevos proyectos.

Un sector en lucha: entre el proteccionismo y la competencia internacional

El decreto ha sido presentado por el gobierno como una medida de protección para la industria nacional del acero, que, según las autoridades, necesita apoyo para poder competir en igualdad de condiciones con las importaciones de países vecinos como Perú. Sin embargo, los críticos de esta medida sostienen que la industria local no tiene la capacidad de suplir la demanda interna, y que el arancel no hará más que encarecer los costos sin ofrecer una solución efectiva al problema de fondo.

Actualmente, la producción nacional de acero no cubre el 100% de la demanda del sector construcción, lo que obliga a las constructoras a recurrir a importaciones para poder completar sus proyectos. Esta dependencia de las importaciones, combinada con los altos costos que ya enfrenta el sector debido a la inflación y las fluctuaciones en los precios internacionales de los materiales, hace que la imposición de un nuevo arancel sea percibida como un golpe particularmente duro.

El argumento del proteccionismo no ha convencido a todos. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de proteger la industria nacional, muchos expertos señalan que la industria del acero en Colombia aún es demasiado incipiente como para satisfacer la demanda de manera eficiente. En este contexto, imponer barreras comerciales como los aranceles no solo afectará a la construcción de vivienda, sino que también podría generar un aumento en el precio de otros productos relacionados con el uso del acero, como la infraestructura vial y el desarrollo industrial.

Consecuencias para los ciudadanos: el sueño de la vivienda propia, más lejano

El encarecimiento del acero, un insumo crucial en la construcción, tendrá un impacto directo sobre los costos de los proyectos habitacionales, lo que afectará la oferta de vivienda en el país. Los colombianos que buscan adquirir una vivienda podrían enfrentarse a precios más altos o a una reducción en la disponibilidad de proyectos asequibles, lo que pondría en riesgo el acceso a la vivienda, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos.

Además, este incremento en los costos también podría generar una mayor informalidad en el sector, ya que algunas constructoras podrían buscar reducir costos mediante el uso de materiales de menor calidad o evitar el cumplimiento de ciertas normativas de seguridad y calidad en sus proyectos. Esto, a su vez, afectaría la seguridad y la durabilidad de las viviendas construidas, generando un círculo vicioso de problemas a largo plazo para los propietarios.

El impacto sobre los ciudadanos va más allá del acceso a la vivienda. Un aumento en los costos de construcción también puede tener repercusiones en el precio de alquiler, ya que los inversionistas que construyen para arrendar podrían trasladar los mayores costos a los arrendatarios, encareciendo aún más el mercado inmobiliario; y ni qué decir de la vivienda para venta.

La construcción de vivienda formal en peligro

Los gremios de la construcción han advertido que este tipo de medidas podrían desincentivar la inversión en proyectos de vivienda formal, lo que generaría un aumento en la construcción informal y, en consecuencia, en la precariedad de las condiciones habitacionales en el país. La construcción de vivienda formal, que está sujeta a estrictas regulaciones de seguridad y calidad, podría verse gravemente afectada por esta nueva carga económica, mientras que la construcción informal, que a menudo escapa al control de las autoridades, podría aumentar.

La formalización del sector de la construcción ha sido uno de los principales objetivos de las políticas de vivienda en Colombia durante los últimos años. La creación de proyectos habitacionales que cumplan con todas las normativas es clave para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a viviendas seguras y de calidad. Sin embargo, si las constructoras se ven obligadas a aumentar los precios de las viviendas o a reducir la calidad de los materiales utilizados, este objetivo podría verse comprometido. Este fenómeno ya se ha visto en Colombia y ya dejado víctimas. Casos como el del Space en Medellin, mostró una realidad en el sector que terminó con la detección de mas de una veintena de “edificios enfermos”, como se llamó a estructuras con baja calidad de materiales que dé bien ser repotenciados y algunos implosionados.

La construcción necesita apoyo, no barreras

El arancel del 14,5% que el gobierno nacional planea imponer a las importaciones de acero provenientes de países de la Comunidad Andina, particularmente de Perú, ha generado un profundo rechazo en el sector de la construcción. Esta medida, presentada como una forma de proteger la industria nacional, es vista por los actores del sector como un golpe a la reactivación económica y a la creación de empleo en un momento crítico.

La construcción de vivienda, un motor clave para la economía y el bienestar de los ciudadanos, enfrenta un futuro incierto si estas políticas no son reconsideradas. En un contexto de altos costos y creciente incertidumbre, la imposición de barreras comerciales como los aranceles puede tener consecuencias graves y duraderas para el acceso a la vivienda y el desarrollo económico del país.